jueves, 30 de diciembre de 2021

Asturias. cargas policiales en las protestas de los ganaderos en Oviedo





La manifestación ha finalizado frente a la sede de Presidencia del Principado, donde los ganaderos han protestado enérgicamente entre los continuos pitidos de los vehículos agrícolas.

Cerca de medio millar de tractores provenientes de distintos puntos de Asturias se concentraron ayer 29 de diciembre en Oviedo en una protesta ganadera por el abandono del campo y la asfixia a la que están sometidos los productores por los bajos precios que perciben, en una jornada que ha finalizado en enfrentamientos entre miembros de explotaciones ganaderas y de la Policía.

La protesta duró alrededor de tres horas y discurrió por el centro de la capital asturiana hasta la sede de Presidencia del Principado, donde un grupo de jóvenes ha tratado de entrar frente a los agentes que impedían su paso. Finalmente, todo acabó con una carga policial para disolver a los manifestantes.

Se trata de la segunda tractorada en la capital asturiana y que logró reunir a unas 600 personas y unos 150 tractores. En esta ocasión la convocatoria ha logrado reunir a unos 2.000 ganaderos que han llevado hasta las calles de Oviedo cerca de 500 vehículos para protestar por lo que califican como reconversión oculta del sector ganadero en beneficio de la gran industria alimentaria.

La manifestación finalizó frente a la sede de Presidencia del Principado, donde los ganaderos han protestado con petardos y bengalas entre los continuos pitidos de los vehículos agrícolas.

La historia interminable del capitalismo: conflictos bélicos internacionales en el año 2021






En un mundo que necesita de una mirada global y un actuar local, finalizando este año 2021 queremos echar un vistazo y situar sobre el mapa algunos de los conflictos abiertos en el mundo, golpes de Estado y represión hacia civiles, un viaje a los límites de la periferia. En solo doce meses suceden demasiadas violencias contra la población mundial, vidas humanas quedan quebradas o se profundizan algunas brechas políticas y sociales. En un sistema capitalista que nos acostumbra a vivir en perpetuo conflicto, este sistema criminal genera violencias continuadas, la mayoría de ellas relacionadas con aspectos de clase social o de etnia cultural y migraciones, materializadas en ocupaciones militares, exterminios o asesinatos selectivos de comunidades humanas en el mundo.

En la actualidad se contabilizan en el mundo 65 conflictos bélicos o situaciones de guerra abierta, entendiendo la guerra como una lucha armada entre naciones o entidades político-militares. Al margen quedan las denominadas guerras contra el terrorismo, contra las drogas o las ciberguerras. A continuación repasaremos brevemente algunos de estos conflictos con el único objetivo de ubicarlos, no es nuestra intención, ni podríamos, hacer un análisis de cada uno de ellos.




Guerra de Afganistán y los talibanes; ese enemigo que ahora ya no resulta tan incómodo

El conflicto de Afganistán, contaba con veinte años de recorrido, desde que en el año 2001, los Estados Unidos y sus aliados invadieran el territorio afgano para supuestamente desmantelar la red Al Qaeda, apoyada por los talibanes. Más de 46 mil civiles muertos en veinte años de conflicto, para alcanzar un triple objetivo económico de los EE.UU. Se destinaron dos billones de dólares para presuntamente, modernizar el país y el ejército afgano; sin embargo la finalidad ha sido asegurarse el control de los gasoductos desde Turkmenistán hasta La India, cruzando suelo afgano. Otro negocio controlado ha sido la producción de opio en Afganistán convirtiéndolo en el mayor supermercado de la droga mundial, plagando de narcodólares el país. Y el último objetivo en esta última década fue el blanqueo de capitales de las mayores empresas estadounidenses en negocios e infraestructuras afganas. Tras dos décadas de guerra y haber logrado estas finalidades, las tropas estadounidenses se retiraron este año dejando sangre derramada y el camino abierto a los talibanes nuevamente para el control efectivo del país. Unos talibanes que siguen siendo la extrema derecha del islamismo y que ahora han sido presentados al mundo como el enemigo que fue, pero el amigo que será.

Guerra de Yemen y masacre de la monarquía autoritaria de Arabia Saudí

La República de Yemen, único país que es una república en la Península Arábiga, surge en 1990 de la unificación de la República Árabe de Yemen (Norte) y la República Popular de Yemen (Sur), acordando en el año 2000 sus fronteras con Arabia Saudí. En el contexto de las Primaveras Árabes, el presidente Abdullah Saleh renuncia a su cargo tras fuertes protestas en la calle contra la pobreza, el desempleo y la corrupción. Todos los poderes de la presidencia fueron transferidos al vicepresidente Al-Hadi, sin embargo, en 2014 la facción política de los Huthíes, una rama islámica nacionalista liberal tomó Saná, la capital del país. Desde ese momento Arabia Saudí apoyó a la facción Al-Islah, la rama ultraconservadora y salafista; el país vecino ha bloqueado las fronteras yemeníes y desde 2015 hasta la actualidad bombardea sistemáticamente a su población. Esta situación tras seis años está derivando en un conflicto continuado de fuerte intensidad pero muy invisibilizado internacionalmente, que podría prolongarse de manera indefinida. Yemen continúa fragmentándose y su población vive acorralada por Arabia Saudí, un fuerte aliado económico de los países occidentales.

La guerra del narco en México: cárteles de día y de noche policías

Este conflicto se origina en el año 2006 declarado por el ex presidente Felipe Calderón, en una supuesta lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en México. Sin embargo, los actores de esta guerra abierta juegan casi siempre en el mismo bando, y se trata de un conflicto a diversas escalas territoriales por el control efectivo del mercado de la droga, pero también de otros negocios ilegales como el tráfico de personas o de órganos humanos. Las fuerzas armadas federales y los cárteles del narco disputan estas actividades en las que cada actor tiene potentes intereses. Se provoca un conflicto con la población a la cual implican en esta guerra, que ha causado ya la muerte de 350 mil mexicanos, de los cuales 25 mil han sido en este último año 2021. El actual presidente López Obrador dio por finalizada esta guerra oficialmente en 2019, sin embargo, la realidad es que el conflicto sigue provocando una gran brecha social en la sociedad mexicana. Han surgido en la pasada década algunos Grupos de Autodefensa o Guardias Comunitarias, como en la población de Cherán (Estado de Michoacán), donde en abril de 2011 expulsaron al narco y a los policías. En esa misma línea actúan el Congreso Nacional Indígena y las comunidades de la órbita zapatista que han creado unidades de autodefensa frente al ejército y los cárteles del narco.

Guerra de Tigray, conflicto territorial etíope con coletazos del postcolonialismo

Este conflicto en curso desde el año 2020 estalló tras un enfrentamiento civil en el territorio de Tigray, en Etiopía, entre autoridades regionales y el gobierno federal. Tras el fin de la Guerra Civil etíope en 1991, el partido dominante fue el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope; sin embargo en la última década uno de los partidos que conformaban esa coalición, el Frente de Liberación Popular de Tigray, se ha desmarcado de esa línea unitaria de gobierno. El año pasado el presidente Abiy Ahmed (Premio Nobel de la Paz en 2019) acusaba a las autoridades de Tigray de haber socavado su autoridad, y estrechaba lazos con el presidente de Eritrea, Isaias Afewerki, considerado enemigo en Tigray. En noviembre de 2020 el ejército etíope lanzó una operación militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigray, tras declarar un ataque de estos previamente a una base militar nacional. Esto determinó el inicio de un conflicto territorial, en que el país eritreo también se sumó como actor en conflicto, ocupando parte del territorio de Tigray. Durante el año 2021 esta contienda ha dejado casi 20 mil muertos, se inició una persecución étnica contra los tigrayanos, y actualmente se encuentra en un complejo laberinto; tras un alto el fuego unilateral del gobierno en junio cuando las fuerzas de Tigray tomaron la capital regional, Mekelle. Los combates se han extendido a las regiones vecinas de Amhara y Afar; y organizaciones internacionales tratan de impulsar un proceso de paz que está bastante lejos de llegar a alguna solución.

América Latina: la guerra social en Colombia y el colapso de Haití

Este año América Latina ha estado sobre todo en el foco por el gran conflicto social y las protestas en Colombia. El país colombiano lleva décadas sometido por un régimen político represor unipersonal encarnado en Álvaro Uribe, el actual presidente Iván Duque, en la línea política del ex presidente Uribe quería introducir un conjunto de reformas fiscales que profundizaban el empobrecimiento de una población agotada y asfixiada por la crisis de la Covid-19. Las protestas que estallaron a raíz del paro del 28 de abril de 2021 se extendieron a todo el territorio y las principales ciudades colombianas; en algunos enclaves como Medellín, Pereira o Cali, las fuerzas policiales, militares y sicarios relacionados con las bandas paramilitares actuaron contra la población civil asesinando a decenas de jóvenes. Solamente en este año, además, en Colombia se han producido hasta el mes de noviembre 88 masacres que han provocado el asesinato de 313 líderes sociales, indígenas, o activistas de los derechos humanos. También más de 40 ex combatientes de las FARC han sido asesinados, a pesar del intento de un largo proceso de paz salpicado de violencias por parte del Estado colombiano y los paramilitares.

Por otro lado, en Haití se vive una situación de auténtico colapso, casi un experimento criminal del capitalismo del siglo XXI, que nos recuerdan a escenas de películas sobre esa temática. Desde hace décadas Haití mantiene una entidad estatal que es el paraíso del ultraliberalismo, gobiernos corruptos y clientelares, bandas armadas que controlan autoritariamente determinados recursos como el combustible y una población que no tiene ningún servicio educativo, sanitario y alimentario básico.
Viejos y nuevos conflictos: fronteras criminales y ocupaciones de territorios

Durante este año hemos visto nuevas evoluciones de algunos conflictos internacionales abiertos y analizados en otras ocasiones en nuestro periódico; y otros conflictos nuevos como el golpe de estado en Myanmar en febrero de 2021, la insurgencia en el norte de Chad en abril, la reapertura del conflicto en el delta del río Níger de los campesinos contra las petroleras, o la revuelta de junio en Suazilandia contra su monarquía absoluta. La Guerra en Siria y los ataques turcos al Kurdistán han continuado también durante este año contra la población de Rojava. En mayo los manifestantes palestinos se defendieron de ataques de la policía sionista israelí por la decisión de la Corte Suprema de Israel de desalojar familias palestinas en el barrio de Sheij Yarrah. El ejército israelí realizó ataques aéreos contra la Franja de Gaza durante dos semanas, provocando la muerte de al menos 150 civiles palestinos. El conflicto en el Sáhara se reabrió hace un año con la entrada de militares marroquíes a la zona de Guerguerat, en la frontera mauritana. Además, Joe Biden ha dejado claro que mantendrá una política continuista de la de Donald Trump en este conflicto; mientras la monarquía marroquí utiliza migrantes como carne de cañón en la frontera española como medida de presión potenciando discursos xenófobos y violencias hacia migrantes.

Otros conflicto fronterizo en la vieja Europa se situaría en el paso del Canal de La Mancha, entre Francia e Inglaterra, donde cientos de migrantes están agolpados en asentamientos asediados por el gobierno francés a la espera de su huída. La Unión Europea lleva décadas firmando acuerdos comerciales con terceros países alejando migrantes de sus fronteras a cambio de dinero, hace pocas semanas veíamos cómo policía de Bielorrusia cargaba contra migrantes forzándoles a cruzar la frontera con Polonia donde también les esperaba la represión policial.

La historia interminable de la violencia social enmarcada en un sistema capitalista que hace negocio de la miseria humana, ellos crean las guerras y el pueblo pone los muertos.

Artículo extraído de "Todo por Hacer"

Si nos prometieron derogar la reforma laboral, ¿por qué no la han derogado?






El cúmulo de mentiras y falsas promesas a lo largo de nuestra historia reciente en materia laboral es escandaloso. La nueva reforma laboral, presentada como un éxito, de forma exageradamente triunfalista por sus defensores en “la izquierda” se caracteriza por incumplir lo pactado y por estar repleto de renuncias que favorecen a la CEOE.

En las últimas décadas se han aprobado distintas reformas laborales que contenían duros ataques contra el mundo del trabajo, basadas en abaratar y/o facilitar los despidos, aumentar las causas de los despidos, introducir contratos precarios, endurecer el acceso a las prestaciones por desempleo, etc. En 1994 se legalizaron las ETT y se crearon nuevas causas de despido como las organizativas y de producción. En 1997 se aprobó una reforma laboral, esta vez pactada con UGT y CCOO, que aumentaba las causas del despido, y lo abarataba. Entonces hubo un giro importante en los sindicatos mayoritarios, al aceptar lo que habían considerado inaceptable durante años. La CEOE mostraba su satisfacción, y a su vez extrañeza, dado que consideraban que UGT y CC OO habían convocado una huelga general en 1994 por una reforma laboral menos agresiva.

Se nos prometió que ese abaratamiento del despido era temporal, aunque se consolidó en la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero de 2006, y en las sucesivas. En la segunda legislatura del Gobierno de Zapatero, la CEOE insistió en la necesidad de aprobar una nueva reforma laboral para “crear empleo y salir de la crisis”. Zapatero criticó como líder del PSOE en 2002 que Aznar aprobara una reforma laboral sin consenso. Prometió en reiteradas ocasiones que él jamás aprobaría una reforma sin acuerdo y sin consenso. El gobierno del PSOE nos aseguró que la crisis no la pagarían los trabajadores, y que no era necesaria ninguna reforma laboral debido a que la crisis no tenía un origen laboral.

Pero Zapatero cambió de parecer y se mostró partidario de una reforma laboral, asegurando que no reduciría el coste del despido. Por el contrario, en junio de 2010, fue aprobada una reforma que abarataba el despido, sin consenso con los sindicatos y sin votos en contra del PP en el congreso. El cúmulo de mentiras y falsas promesas a lo largo de nuestra historia reciente en materia laboral es escandaloso.

A nadie le sorprendió que el PSOE con el tipo de políticas de Zapatero, que no estaban incluidas en su programa electoral, sufriera un descalabro electoral en 2012

Hubo una huelga general contra la reforma el 29 de septiembre de 2010. Hablamos de una norma que facilitaba los descuelgues salariales, abarataba y aumentaba las causas del despido, legalizaba las ETT en sectores anteriormente prohibidos, etc. Después se aprobó una reforma drástica del sistema de pensiones, que elevaba la edad de jubilación a los 67 años, endurecía el acceso a la pensión, así como el cálculo para su acceso.

Con la reforma, cada año es más difícil jubilarse, exigiendo más años cotizados y más edad, año tras año hasta el 2027. UGT y CC OO pactaron la reforma, lo cual era sorprendente, dado que ambos sindicatos históricamente defendían la jubilación a los 60 años, recordando que se opusieron a la reforma de pensiones de 1985 que era mucho menos agresiva, llegando en el caso de CC OO a convocar una huelga general. Además, UGT y CC OO criticaron que Felipe González incumpliese su promesa de rebajar la edad de jubilación a 64 años. En definitiva, a nadie le sorprendió que el PSOE con este tipo de políticas de Zapatero, que no estaban incluidas en su programa electoral, sufriera un descalabro electoral en 2012.

Las promesas del PP

El PP nos prometió que cuando llegasen al Gobierno no subirían el IVA, ni abaratarían el despido. Pero muy pronto vimos que fueron algunas de sus primeras medidas. González Pons llego a prometer que crearían 3,5 millones de puestos de trabajo en cuatro años. El entonces responsable de comunicación del PP dijo también: “No vamos a abaratar el despido”. Entonces, la reforma laboral de 2010 era ya un hecho consumado. El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy nos advirtió de la dureza de la reforma laboral que iban a aprobar. Recordemos que antes de aprobarse, el ministro De Guindos dijo ante las cámaras a un comisario europeo que la reforma laboral seria “extremadamente agresiva”. Días antes ya habíamos visto en la tele a Rajoy diciendo al primer ministro finlandés en Bruselas que “la reforma laboral me va a costar una huelga general”. En realidad, fueron dos huelgas generales: el 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012.

Recordemos que la nueva norma suponía numerosos ataques al mundo del trabajo, tal como estaba exigiendo el gran capital. En el propio preámbulo se hacía referencia textual: “Presiones de los mercados financieros […] hacen imprescindible abordar las deficiencias estructurales del mercado laboral español”. La reforma eliminaba la necesidad de autorización administrativa de los ERE, aumentaba las causas de los despidos, se abarataba el despido, etc.

Podríamos hacer una enciclopedia con todo lo que se ha dicho sobre las anunciadas derogaciones de la reforma laboral. Comprobaremos que se nos ha mentido, eso es un hecho irrefutable

En 2012 y en los años siguientes se repitieron los pronunciamientos entre dirigentes de PSOE, UGT, CC OO, IU, y más tarde, de Podemos tras su fundación, sobre la necesidad de derogar esta reforma laboral. El PSOE dio muestras de apoyo a las huelgas generales de 2012, y llamaron a la participación en un video. Presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, al considerar “que atenta contra los valores constitucionales y ataca el estado de derecho”. Pedro Sánchez, cuando fue elegido secretario general del PSOE en 2014 afirmó: “Las nefastas consecuencias que está teniendo la reforma laboral, tanto por el intolerable recorte de los derechos de los trabajadores, como por la constante devaluación de sus condiciones salariales, lo que está agravando la situación económica de las familias y dificultando la salida de la crisis”. Nos aseguraba que no iba a permitir que se consolidasen los recortes laborales e incluso que “la primera medida que tomará el próximo Gobierno socialista será la de derogar la reforma laboral de Rajoy, para recuperar cuanto antes los derechos de los trabajadores”.

En 2015, el PSOE se presentó a las elecciones prometiendo que derogarían la reforma laboral por completo y por decreto. En el debate electoral entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, el líder del PSOE dijo por televisión ante millones de personas: “Nosotros lo que vamos a hacer es derogar su reforma laboral”. En el programa electoral del PSOE de 2016 se puede leer lo siguiente: “Los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP, que estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Un modelo que ya ha sido desautorizado en muchos de sus contenidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un modelo que preocupa a la OIT y a la OCDE por las consecuencias que origina en el nivel de pobreza de nuestra ciudadanía y en el deterioro de nuestro clima social. Y la sustituiremos por una norma dialogada con los agentes sociales”.
En 2016 Pedro Sánchez decía que “Mientras Rajoy lo único que hace es intentar sumar escaños para perpetuarse en el poder, nosotros vamos a hablar de las políticas progresistas, si así lo quieren el resto de partidos de izquierdas. Se trataría de un Gobierno que derogue la reforma laboral”. En febrero de 2018, la portavoz del PSOE de Servicios Sociales, Elvira Ramón, aseguraba en el parlamento que era “indispensable derogar la reforma laboral”. En junio de ese año Pedro Sánchez era investido presidente tras una moción de censura. Una vez en el poder todo cambio.

El PSOE y Pedro Sánchez afirmaron en numerosas ocasiones que derogarían la reforma laboral de Mariano Rajoy, pero todo cambió nada más llegar al poder

La nueva ministra de Trabajo del gobierno del PSOE, dos días después de su nombramiento indicaba en La Razón: “La reforma laboral no se pude derogar alegremente”. Entonces comprobamos que la reforma no se derogó en el primer consejo de ministros de Pedro Sánchez, ni en los siguientes. A finales de 2019, PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo de Gobierno que se plasma en un documento en cuya pagina 3 ponía: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Pasaron los meses y no se derogó, pese a que nos prometían desde Podemos que se derogaría por completo.

En enero de 2020, Rafa Mayoral planteaba que “de la reforma laboral del PP no van a quedar ni los palos del sombrajo”. El 20 de mayo de 2020 se publica un acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu en el que se exponía que “Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular”.

En una de las páginas más surrealistas de la historia política reciente, el paco entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral tuvo una duración de dos o tres horas; el PSOE se desdijo del acuerdo que acababa de firmar, lo que provocó el enfado en Podemos

Pero en una de las páginas más surrealistas de la historia política reciente, el paco tuvo una duración de dos o tres horas. El PSOE se desdice del acuerdo que acababa de firmar, lo que provocó el enfado en Podemos. Pablo Iglesias respondía “En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, para la investidura y para el Gobierno de coalición, no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Eso es un acuerdo de gobierno de coalición”.

Mentiras, mentiras y mentiras

Hace tan solo dos meses, Pablo Echenique criticaba en twitter la ambigüedad respecto al presidente del Gobierno sobre la derogación de la reforma laboral. Podríamos hacer una enciclopedia con todo lo que se ha dicho desde entonces. Comprobaremos que se nos ha mentido, es un hecho irrefutable. Se llegó a un punto en el que solo se hablaba de lo que NO se iba a derogar de la reforma laboral. Las tibiezas del PSOE al respecto eran criticadas por dirigentes de Podemos, hasta que esas tibiezas dejaron de ser monopolio del PSOE.

En octubre de 2021, la ministra Yolanda Díaz aseguraba en el Congreso de CC OO que iba a “derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias”. Pero días después decía que técnicamente no era posible derogar la reforma laboral, y que no se iba a derogar el abaratamiento del despido aprobado en la reforma laboral de Rajoy. Es decir, se advertía de que no se iba a recuperar la indemnización por despido previa a la reforma de 2012. Era algo que ya había dicho anteriormente desde el PSOE, y que había sido criticado desde Podemos. Por tanto, se dejaba intacto uno de los aspectos más lesivos de la reforma, sin olvidar que el despido ya se había abaratado previamente al año 2012 en más de una ocasión. Este cambio de parecer, provocó las críticas de Mas País. Iñigo Errejón tras conocer el acuerdo entre sindicatos, Gobierno y CEOE planteó que esperaba que la reforma no fuera “descafeinada”. En este sentido, finalmente se presentó un acuerdo pactado entre CC OO, UGT y la patronal que no derogaba por completo la reforma laboral, tal y como nos habían prometido desde el gobierno, y también habían exigido los sindicatos mayoritarios.

El Gobierno, que llevaba dos años anunciando y prometiendo la derogación de la reforma laboral, finalmente no la ha derogado. Esto no quiere decir que el acuerdo tenga cuestiones positivas. Todo cambio a mejor bienvenido sea. Se suprimen facilidades que implementó el PP para hacer ERE en el sector público. Se incide en causalizar con precisión los motivos de la contratación temporal. Aumentan las sanciones por contratación temporal fraudulenta. Se elimina el contrato de duración determinada por obra y servicio, se introduce el derecho a la información al trabajador temporales sobre vacantes fijas, etc. Pero recordemos que en esta materia el Ministerio de Trabajo defendía introducir un porcentaje máximo del 15% de temporalidad en las empresas. Hubiese sido mejor recuperar una normativa muy positiva para prohibir la temporalidad abusiva en las empresas. Estos topes fueron suprimidos en la reforma laboral de 1984. Ha habido una oportunidad histórica para recuperarlos, pero a última hora se ha renunciado a ello, y por tanto no podemos estar contentos.

En su lugar se ha aprobado que se puedan establecer límites máximos en los convenios. Medida mucho más ambigua, e infinitamente menos efectiva que la propuesta anterior. Además, se crea una nueva modalidad de contrato temporal para situaciones imprevisibles y ocasionales con una duración máxima de 90 días en un año. En los próximos meses tendremos que valorar cómo incide la nueva norma y evoluciona la contratación indefinida y temporal. Por otro lado, aunque hay algunas mejoras respecto a la subcontratación, el Ministerio de Trabajo proponía prohibir que las empresas subcontratasen trabajadores para realizar la misma actividad, algo que hubiese sido positivo, pero que tampoco se ha incluido. Por otro lado, sigue vigente la normativa que permite aplicar un ERE incluso en empresas con beneficios. Continúan vigentes numerosas causas para aplicar despidos colectivos, así como la referente a modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo reflejadas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
Hay avances en la recuperación de la ultraactividad, aunque ya existían sentencias favorables al respecto. En todo caso la nueva redacción es demasiado compleja. Tampoco se recupera el nivel de cantidades a pagar a los trabajadores que anteriormente asumía el FOGASA, y el recorte aprobado #ReformaLaboral anteriormente, se mantiene. Pero reiteramos que el abaratamiento en las indemnizaciones se deja tal como quedo en la reforma laboral de 2012, y tampoco se recuperan los salarios de tramitación. No se recuperan los 45 días por año con tope de 42 mensualidades, y nos quedamos con los 33 días y 24 mensualidades de tope. El abaratamiento del despido se refuerza, consolida y se presenta como intocable, pese a que nos prometieron derogar lo más “lesivo”. ¿El abaratamiento del despido no era un aspecto lesivo?

Pese a que se han aprobado algunas mejoras laborales, no podemos alegrarnos de que una vez más un Gobierno “de izquierdas” incumpla una promesa electoral

Es una pregunta muy oportuna, ante los defensores acríticos de este acuerdo. Una vez más, UGT y CC OO aceptan, lo que hasta ahora consideraban inaceptable. En definitiva, lo que se ha pactado no es la derogación de la reforma laboral, que era el compromiso y promesa de este Gobierno. Por tanto, pese a que se han aprobado algunas mejoras laborales, no podemos alegrarnos de que una vez más un Gobierno “de izquierdas” incumpla una promesa electoral. La normativa anterior a 2012 ya era extremadamente precaria, y se mire por donde se mire, no se recuperan todos los derechos que nos arrebató la reforma de Rajoy. El despido sigue siendo muy fácil para las empresas, e igual de barato que con el PP. Parece ser que si gobierna la derecha se puede imponer una reforma laboral sin consenso y sin los sindicatos. Pero si gobierno la “izquierda” no se puede aprobar sin el visto bueno de la CEOE. En los últimos procesos electorales millones de votantes, votaron a partidos con programas que prometían la derogación de la reforma laboral, y que ahora gobiernan. Finalmente no han cumplido. La nueva reforma laboral, presentada como un éxito, de forma exageradamente triunfalista por sus defensores en “la izquierda” se caracteriza por incumplir lo pactado y por estar repleto de renuncias que favorecen a la CEOE. La excusa de la “correlación de fuerzas”, esta históricamente demasiado gastada y usada para justificar el incumplimiento de promesas, y cuestiones que son del todo injustificables.

Algo falla, cuando defensores de la reforma laboral del PP, consideran una buena noticia el acuerdo. El editorial de ABC ha sido muy clara al respecto: “El acuerdo entre Gobierno, sindicatos y CEOE es de mínimos y proviene de una cesión de todos para contentar a Europa. Pero por suerte no supone la derogación de la norma del PP de 2012”. En la misma editorial se indica: “En ningún caso se trata de la «derogación» que textualmente prometieron el PSOE y Podemos tanto en sus programas electorales como en su pacto de coalición”. Además añade que “El acuerdo es en definitiva una buena noticia”. Hay más artículos publicados en los últimos días en la prensa en los que también se indica que poco cambia con la nueva reforma laboral. De hecho, se habla constantemente de lo que NO se modifica. El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, decía en Antena 3 que el Gobierno “planteaba al principio una derogación absoluta de la reforma”, pero se congratulaba de que al final había “quedado una renovación bastante razonable”.

Un artículo en La Razón señala que “si uno examina de cerca el contenido de la contrarreforma laboral promovida por el Gobierno y aceptada por los agentes sociales, comprobara rápidamente que los acuerdos alcanzados no afectan al núcleo de la reforma laboral de 2012”, añadiendo que “los elementos esencial de la reforma laboral de 2012 ya forman parte del consenso político nacional”. La Conferencia Episcopal también ha considerado muy positivo el acuerdo. El responsable económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha valorado positivamente el acuerdo. Por otro lado, el ex ministro Jordi Sevilla ha explicado que encuentra “totalmente reconocible la actual reforma laboral pactada” con el acuerdo de gobierno que el PSOE llego con Ciudadanos en 2016. El exministro añade en twitter que “Yolanda Díaz lo criticó y se opuso. Me alegro que haya cambiado de opinión”. Hace no mucho escuchábamos la expresión “el miedo va a cambiar de bando”. Pero está claro que con esta reforma, no es así. Por su supuesto, ya no solo no se dan por perdidos numerosas agresiones de las reformas laborales de 2010 y 2012, además reivindicaciones históricas como las 35 horas semanales, el fin del despido libre pagado, etc., ni se nombran.

Mientras tanto, sindicatos como ELA, CIG, LAB y CGT han mostrado sus críticas a esta reforma laboral, que por cierto tiene que pasar por el Parlamento, donde es previsible que partidos políticos como ERC, BNG, Mas País o EH Bildu, hagan enmiendas que avancen en la derogación de contenidos de la reforma laboral de Rajoy que han quedado intactos. ¿Qué votará al respecto el grupo parlamentario de Unidas Podemos?. Es una pregunta relevante e interesante. Y para terminar el artículo, seguimos haciendo preguntas, porque nueve años después de la reforma laboral, dos años después de la formación del Gobierno de coalición… ¿si nos prometieron derogar la reforma laboral, porque no la han derogado? Aunque la nueva reforma laboral recupera derechos, ¿qué ocurre con los que da por perdidos? ¿Si no se deroga ahora con una mayoría parlamentaria más que suficiente, cuando se derogará? ¿Por qué esperar dos años para al final no derogarla por completo? ¿Por qué se mantiene el abaratamiento del despido? Si la reforma de 2012 provoco despidos masivos al eliminar la necesidad de autoridad admirativa en los ERE, ¿por qué se mantiene la falta e inexistencia de control administrativo en los ERE? Si decían que la reforma laboral era tan mala, por qué no la han derogado íntegramente tal y como nos habían prometido?

Fuente: El Salto

martes, 28 de diciembre de 2021

CNT - AIT Cartagena: Libertad para nuestro compañero Gabriel Pombo da Silva




Desde CNT - AIT Cartagena gritamos alto y claro: Libertad para nuestro compañero Gabriel Pombo da Silva. Libertad para todas las compañeras presas en las mazmorras del Estado. #LibertadPombo

¡Los ricos nunca entran, las pobres nunca salen!.

Campaña por la Libertad de Gabriel: Libertad Gabriel Pombo da Silva.

lunes, 27 de diciembre de 2021

Un traficante de armas huido de España acompaña a Juan Carlos I en Abu Dabi





Abdul Rahman El Assir, el mercader de armas hispano-libanés en busca y captura internacional tras no presentarse a un juicio por defraudar 14,7 millones a la Hacienda española, reside desde hace meses en Abu Dabi (1,5 millones de habitantes), la capital de Emiratos Árabes Unidos, y acompaña con frecuencia a Juan Carlos I en el complejo privado en el que vive este último desde su marcha de España en agosto de 2020, según señalaron a EL PAÍS testigos presenciales.

La amistad entre el rey emérito y El Assir se remonta a los años ochenta, es pública y se sustenta en un núcleo de amigos comunes y en la afición por las monterías. “La relación se había enfriado, pero en la soledad de ambos en Abu Dabi se ha vuelto a fortalecer”, asegura una persona cercana a Juan Carlos I. “Es una amistad de hace más de 30 años que nadie ha conseguido evitar”, afirma otra fuente consultada en su entorno y que omite dar detalles.

Uno de los testigos de estos encuentros en Abu Dabi interpreta que El Assir está utilizando su vieja amistad con el ex Jefe del Estado como “escudo” debido a sus problemas judiciales.

Ante estos hechos, un portavoz de La Zarzuela responde que las actividades privadas de Juan Carlos I ya no dependen de la Casa del Rey. Y Javier Sánchez Junco, abogado del rey emérito, declinó hacer ningún comentario.

El Assir, de 71 años, es un conocido comerciante internacional de armas y se le atribuye un papel clave en las exportaciones militares españolas de las últimas décadas. El paradero de este singular personaje era una incógnita desde que hace tres años decidió dar una sonora espantada y burlar a la justicia española.

El 4 de octubre de 2018, este hispano-libanés vinculado a la alta sociedad desapareció del mapa. Ese día tenía una cita importante en un juzgado de la Audiencia Provincial de Madrid, donde iba ser juzgado por un millonario fraude a Hacienda. Consiguió retrasar la vista oral un mes esgrimiendo que se encontraba enfermo en Suiza, país en el que se estableció cuando empezaron sus problemas con la Agencia Tributaria. El juicio volvió a fijarse, para el 5 de diciembre, y luego para el 5 de febrero y finalmente el 5 de marzo, pero no acudió a ninguna de las citas. Las excusas de su abogado y los reiterados plantones agotaron la paciencia de la Fiscalía y del tribunal, que dictó una orden de búsqueda y captura internacional y su ingreso en prisión. “La orden fue dictada y sigue vigente”, confirma ahora una fuente oficial de la Fiscalía.

La Fiscalía solicita una condena de ocho años de prisión y el pago de casi 90 millones, concretamente de una multa de 73.923.014 euros y de una indemnización a Hacienda de 14.784.602.

Para la acusación pública, este mercader de armas y comisionista internacional “omitió conscientemente” ganancias de más de 31 millones de euros y no hizo la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El fraude le facilitó no pagar 12,03 millones en 2002 y 2,7 millones en 2003.

Para ocultar su fortuna, El Assir empleó las sociedades instrumentales La Granjilla Corporation S. A., Miraflores Dieciocho S. A. y Gransoto S. L., a cuyo nombre tiene varias mansiones, un atraque para un barco de grandes dimensiones y varios coches de lujo para uso de su familia, según señala la investigación de la Fiscalía, que le sigue la pista desde que en 1999 fijó su residencia en España. Para el mantenimiento de esos bienes recibía fondos desde la filial de Banca Privada del BBVA en Jersey (Canal de la Mancha) y desde el Banco Portugués de Negocios.
Perseguido en Francia

El Assir tiene más problemas judiciales que los que le han empujado a huir de España. En Francia fue condenado en rebeldía por el Karachigate, un escándalo de corrupción y venta de armas en Pakistán. La justicia de ese país dictó otra orden de “búsqueda y detención para extradición” que está vigente desde mediados de 2020 y figura en las bases policiales españolas, según ha comprobado este diario. Se le persigue por un delito financiero y contra la propiedad. Parte de las comisiones por la venta de submarinos financiaron la campaña a la presidencia de la República del primer ministro, Édouard Balladur.

En Suiza, también ha dejado rastro. Debe 2,2 millones en impuestos, según publicó el medio suizo Bergen Zeitung.

El escurridizo hispano-libanés está vinculado junto a su hermano Rabih con la sociedad luxemburguesa Wheelerdale, según consta en el Registro Mercantil del Gran Ducado y reveló la investigación periodística Openlux publicada en junio por Infolibre. En 2019, Wheelerdale declaró activos por 77, 5 millones.

Alta sociedad y privacidad

Abdul Rahman El Assir es hijo de un escritor y de una cantante. Su figura emergió en los años ochenta gracias a sus contactos entre la alta sociedad española y con algunos políticos del PSOE. Su primera mujer fue Samira Kashogui, editora y directora de la revista femenina AIsharkiah, hija del médico personal del rey de Arabia Saudí Abdalá Bin Abdulazziz y hermana de Adnan Kashogui, el influyente traficante de armas saudí afincado en Marbella, fallecido en 2017 y considerado entonces uno de los hombres más ricos del planeta.

Samira estaba divorciada del empresario egipcio y fundador de los almacenes Harrods en Londres, Mohammed Al-Fayed, y con él tuvo a Dodi, que fue novio de Diana de Gales. Los hermanos Kashogui eran tíos de Jamal Kashogui, el periodista de The Washington Post asesinado en 2018 por agentes saudíes en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul.

De la mano de su influyente cuñado, Abdul consiguió ser director general de Triad España y vicepresidente de Alkantara, una sociedad en la que junto a Adnan Kashogui participaban el INI y Focoex. Tras divorciarse de Samira, que falleció posteriormente, en 1985 se casó con María Fernández-Longoria, hija del embajador de España en Egipto, con la que ha tenido tres hijos y de la que está separado. Es en aquella época cuando comenzó a trabajar por su cuenta y montó su sociedad Exel en el madrileño Paseo de la Castellana. Sus primeras operaciones consistieron en vender armamento militar a Marruecos y camiones a Somalia.

Gracias a su amistad con Juan Carlos I asistió como invitado en 2004 a la boda del entonces príncipe Felipe de Borbón con Letizia Ortiz. En 2016, celebró la boda de una de sus hijas en la estación de esquí suiza de Gstaad y fletó un avión para los invitados, entre los que figuraban la hija de José María Aznar y su marido, Alejandro Agag, a cuyo enlace asistió en El Escorial, según reflejaron los medios del corazón.

Asiduo a la exclusiva urbanización de Sotogrande y muy cuidadoso de su imagen, ha conseguido que en los archivos de los periódicos no existan casi fotografías suyas. “Ha vivido casi toda su vida de prestado, pidiendo a unos para pagar a otros”, afirma un empresario consultado. Este diario no ha conseguido recabar el testimonio de El Assir ni de ninguna persona próxima a él.

Marcha al CIE de Aluche: CONTRA LOS CIES, LAS NACIONES, LAS FRONTERAS Y EL SISTEMA QUE LOS PERPETÚA






El 17 de mayo de 2021, un conflicto geopolítico entre el Estado español y el marroquí daba lugar a la apertura de fronteras en Marruecos, con el consiguiente cruce de personas bajo condiciones inhumanas por las playas fronterizas entre ambos países. Como respuesta el Estado español incrementaba la presencia militar en Ceuta realizando devoluciones en caliente y demás tratos vejatorios reduciendo a las personas a mera mercancía. El 30 de agosto de este mismo año, debido a intereses militares y económicos, se ha generado una situación insostenible en Afganistán obligando a las personas a abandonar el país.

Estos son claros ejemplos del papel que cumplen la democracia y el capitalismo en la gestión de nuestras vidas, mediante el desarrollo de infraestructuras, control de flujos poblacionales, tratados, leyes y fronteras. Todo ello genera un importante negocio que busca controlar a las poblaciones oprimidas y utilizarlas para sus miserables negociaciones y juegos políticos.

Parte de este entramado, las infraestructuras desarrolladas por el estado son los CIES (centros de internamiento de extranjeros). Los CIES cumplen la función de almacenar personas migrantes con el fin de asegurar su deportación, es decir, una infraestructura desarrollada para privar de libertad a personas por el hecho de ser extranjeras, siendo ésta la culminación de la violencia racista que el sistema democrático ejerce con el fin de mantener el orden establecido. En definitiva, los CIES son un eufemismo de cárcel, pues tanto los CIES como las cárceles se insertan bajo la misma lógica democrática: la represión de las personas oprimidas en pro de los intereses de lxs opresores.

Por ello, consideramos necesario oponernos a la existencia de estas infraestructuras y todo este entramado que solo pretende convertirnos en mercancía para su control y negocio. Queremos mostrar nuestra solidaridad con todas las personas que se encuentran encerradas, romper la monotonía impuesta por estos muros, evidenciar las condiciones en que se encuentran y todo el entramado y negocio que estas cárceles esconden. Buscamos que no queden en el olvido. Queremos transmitirles que no están solxs y a sus guardianes, que no se sientan impunes.

No queremos las situaciones que se están dando en las fronteras, en los CIES, en las redadas racistas y en la precariedad al que este sistema nos condena a las personas oprimidas en el día a día. No queremos que estas situaciones sean olvidadas, como tampoco queremos olvidar las diversas revueltas y motines que se han dado en los CIES y las muestras de solidaridad que se han dado desde fuera, pues es necesario continuar agitando y luchando ya que el silencio, la obediencia y la inacción nos hacen cómplices de una estructura social que necesita del racismo y del resto de opresiones para mantenerse en pie.

¡QUE LXS PRESXS SALGAN, QUE LOS CIES ARDAN!

CNT-AIT, un sindicato para luchar





Mientras muchos sindicatos se afanan en luchas corporativas que son pan para hoy y hambre para mañana, en la CNT-AIT tenemos claro un programa contra la depredación de nuestras vidas y del planeta:

Trabajar menos
Trabajar todas
Producir lo necesario
Redistribuir la riqueza

sábado, 25 de diciembre de 2021

SOV de Murcia de la CNT AIT : primer piquete, junto a trabajadores en conflicto con Desguace París






El pasado 23 de diciembre, el SOV de Murcia de la CNT AIT realizó un primer piquete, junto a trabajadores en conflicto con Desguace París, en las inmediaciones de la empresa que, como publicamos con anterioridad, está vulnerando gravemente los derechos de sus trabajadores.

No cesaremos en la lucha hasta que no se reconozcan los derechos de nuestros compañeros.

¡¡Pagad a los trabajadores las horas extra!!
¡¡Con la salud de los trabajadores no se juega!!

SOV de Murcia de la CNT AIT 

CNT-AIT Cartagena: concentración por la libertad de Gabriel Pombo da Silva






El próximo lunes, Cartagena será escenario de una nueva concentración exigiendo la libertad de Gabriel.
¡Sigamos extendiendo la solidaridad! ¡No paremos de gritar #PomboLibertad! ¡#AbajoLosMuros!
Lunes 27 de diciembre, a las 18.00h.
Plaza del Icue, Cartagena
Convoca: CNT-AIT Cartagena
Toda la información de la campaña en: cnt-ait.org

 




lunes, 20 de diciembre de 2021

Asturias: condenada la antigua cúpula directiva de UGT por fraude en subvenciones





El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo ha condenado a varios miembros de la antigua cúpula de UGT de Asturias por fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación, entre ellos su exsecretario general Justo Rodríguez Braga, al que se le ha impuesto una pena de dos años y diez meses de prisión y el abono de 586.000 euros en multas. 

Rodríguez Braga, condenado como cooperador necesario y coautor de tres delitos de fraude en subvenciones, también deberá pagar, junto con otros tres ex responsables del sindicato, una indemnización conjunta de 330.179 euros al Principado por los perjuicios causados.

La jueza también condena al propio sindicato como responsable de un delito de fraude al pago de una multa de 122.028 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años. La sentencia, que no es firme, considera probado que la Unión Regional de Asturias de la UGT y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) eran beneficiarios de subvenciones a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) destinadas a la realización de programas de acciones de formación para el empleo.

Cuando el beneficiario era UGT Asturias éste encargaba íntegramente su gestión y ejecución a entidades vinculadas, principalmente a IFES y en menor medida a Foro Astur de Formación, Fundación Metal y Fundación Laboral de la Construcción, así como a otras privadas independientes. Según la sentencia, Rodríguez Braga, la entonces secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz Cancio, urdieron una trama para desviar fondos de las subvenciones concedidas al sindicato para cursos de formación en los años 2011 y 2012.

Esta trama estaba orientada «al sistemático desvío» de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención a UGT e IFES y a través de esta mecánica, según la jueza, obtuvieron beneficios económicos que revertieron en ambas entidades y en las sociedades vinculadas. Una actuación fraudulenta que era posible gracias al control que UGT ejercía sobre la Delegación Territorial de IFES en Asturias, para lo que contaba con la colaboración de sus gestores y la ayuda de los empleados Alberto González y Silvia Sariego, que se encargaban de la administración y contabilidad en ambas entidades, respectivamente. Además, según la jueza, para lograr este desvío de fondos utilizaban el apoyo de la administradora de las mercantiles Formación 2020 y Localmur, María Jesús Ocaña. Asimismo, los acusados utilizaban esos fondos gracias a los subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución y su adecuación al valor de mercado de las acciones formativas por las que recibían las subvenciones, ocultando a la administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación del gasto.

De esta forma, tanto en las subvenciones concedidas por el Principado directamente a IFES como a UGT Asturias, bajo la apariencia de contratación de los alquileres de locales y equipos didácticos, tramitaban en realidad encargos dentro de una misma organización económica. La jueza considera que los acusados podían ejercer un control directo sobre la facturación, incrementar ficticiamente el precio de los locales y equipos respecto al de mercado con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato. La sentencia impone a los seis acusados penas de entre diez meses y dos años y diez meses de prisión, así como al pago de distintas multas.

Sindicato de Oficios Varios de CNT- AIT Barcelona: conflicto taller de la Vega y Patapalo Stu.





EL TALLER DE LA VEGA Y PATAPALO STU. TIENEN TRABAJADORES SIN CONTRATO, EN CONDICIONES INSALUBRES Y DESPIDEN IMPUNEMENTE

El Taller de la Vega, en colaboración con Patapalo Stu., situado en c/ Miguel de Cervantes nº7 en Sant Boi de Llobregat, obtienen sus beneficios a costa de trabajadores sin contrato y sin derechos laborales. hasta 3 personas Este taller NO CUMPLE CON LA NORMATIVA SANITARIA exigida por la ley, pues carece de sin salida de humos
reglamentaria, y tiene maquinaria industrial de serigrafía sin ningún tipo de extractor, OBLIGANDO A LOS TRABAJADORES A RESPIRAR HUMOS TÓXICOS. Tampoco No proporcionan las mascarillas de necesarias para garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores.

Nuestra compañera de CNT- AIT Barcelona solicitó que se instalara un extractor, ya que las condiciones insalubres estaban perjudicando su salud (tos, dolor de garganta, pulmones cargados…). La respuesta del taller fue que el extractor era muy caro y que de momento no iban a instalarlo. Sus palabras literales fueron “ESTO ES LO QUE HAY, SI NO TE GUSTA, NO VENGAS”

Al insistir y reivindicar unas condiciones dignas de trabajo, nuestra compañera de CNT-AIT Barcelona fue despedida del taller en febrero de 2021, tras casi un año sin contrato y en condiciones vergonzosas (Pagos tardíos todos los meses y sin derecho a vacaciones remuneradas, entre otras irregularidades). Fue despedida sin percibir ningún
tipo de finiquito. Ahora se encuentra desprotegida, ya que al no haber estado dada de alta en la seguridad social no puede disponer del paro que le correspondería por ley.

FRENTE A UN NUEVO CASO DE TERRORISMO EMPRESARIAL, EXIGIMOS AL TALLER QUE RECONOZCA LA NULIDAD DEL DESPIDO Y LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

Sindicato de Oficios Varios de
CNT- AIT Barcelona
C/ Joaquín Costa 34, Barcelona

La ministra de Economía pide que no se suba el sueldo a l@s trabajador@s





La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido evitar subidas salariales que afecten «de forma estructural» a la inflación, tras el incremento de los precios registrado en los últimos meses. 

En una entrevista en ‘La Vanguardia’ ha recordado que la subida media de los precios se sitúa alrededor del 3%, aunque alcanzó el 5,5% en noviembre, y ha defendido que «la evolución de los salarios tiene que adecuarse a las características de cada empresa y de cada sector», negando de esta manera la herramienta que tienen los trabajadores con los Convenios colectivos. Y confirmando «que hay que evitar en este momento es que una subida salarial pueda tener efectos de segunda ronda que tengan un carácter más estructural». 

Calviño ha apostado por llegar a un «acuerdo tripartito lo antes posible» sobre la reforma laboral que dé seguridad jurídica, preserve la flexibilidad interna de las empresas y erradique la precariedad y la temporalidad, en sus palabras.

Para leer

 




Título: "La cuestión femenina en nuestros medios"
Autora: Lucía Sánchez Saornil
Editorial Eleuterio - Biblioteca Terra Livre. Santiago de Chile 2016
116 págs. Rústica 21x14 cm
ISBN 9789569261206

Como integrante del movimiento anarquista y feminista, Lucía Sánchez Saornil fue blanco de la amnesia histórica, dado que, a pesar de la gran importancia que tuvo en el movimiento anarquista y anarcosindicalista español en la primera década del siglo XX, aún es una “ilustre desconocida”.

De sus publicaciones en los diarios anarquistas y anarcosindicalistas, por las cuales le llevaron años más tarde a Federica Montseny a reconocerla “como la que mejor escribía de todas [las militantes]”, se destaca su crítica contundente al machismo estructural dentro de la CNT. Eso puede ser evidenciado por medio de la oposición trabada entre ella y Mariano Vásquez sobre la “cuestión femenina en nuestros medios”, en las páginas del periódico barcelonés Solidaridad Obrera, a fines de 1935. En seis corajudos artículos que escribió denuncia que a pesar de que la CNT reconoce en la teoría y en el derecho la igualdad en relación a los hombres, en la práctica la situación de las mujeres era completamente diferente.

La crítica de Lucía abarcaba desde el enfoque centrado en la cuestión económica hasta el contradictorio comportamiento autoritario de los hombres anarquistas en el ambiente privado. De esta forma, era imposible separar el problema femenino del social, esto es, no se podía separar la lucha contra el Estado y el capitalismo de la lucha contra el patriarcado. En suma, no podría haber igualdad social si parte de la sociedad, en este caso, las mujeres, se encontraban inferiorizadas por sus compañeros de hogar y de lucha política. Si la emancipación de los trabajadores debía ser obra de los propios trabajadores y conquistada mediante una lucha autónoma basada en la acción directa, la emancipación femenina sólo podría ser alcanzada mediante el mismo proceso.

La cuestión femenina en nuestros medios reúne los seis artículos donde Lucía polemiza con Mariano Vásquez, al mismo tiempo que compila un conjunto de cartas y documentos que reconstruyen el obrar de “Mujeres Libres”, revista y organización que inició junto a Mercedes Comaposada y Amparo Poch y Gáscon. “Mujeres Libres”, como revista, tuvo trece ediciones, mientras que como federación llegó a movilizar más de veinte mil mujeres en su lucha –de género y de clase– por la emancipación, estableciendo diversas acciones para modificar, a corto y a largo plazo, la situación de la mujer en la España durante la guerra y la revolución.