Cuando un periodista preguntó a un dirigente del "sindicato" colaboracionista UGT en Andalucía las razones por las que en Andalucía no había movilización del profesorado. Orondo y ufano, el liberado ugetista respondió que Andalucía era un modelo educativo y que no había recortes porque había un gobierno "progresista". Casi al mismo tiempo de estas declaraciones, se conocía que la jueza que lleva el caso de los fraudes de los ERE en Andalucía, investigará –entre otras cosas- la ayuda de un millón de euros del gobierno andaluz a la empresa-vendeobreros UGT. No sabemos si tendrá algo que ver una cosa y con la otra, o será que somos muy mal pensados.
En efecto, la juez Mercedes Alaya pide a la Consejería de Empleo andaluza que informe sobre las ayudas de "más de un millón de euros" entregados entre 2009 y 2010 a la Federación Regional de Industrias Afines de la "proletaria" organización UGT, los 3.743.000 euros en ayudas a Cervezas Alhambra en 2003 y otros 559.000 en 2010, y otros 3.265.000 euros entregados a la Fábrica San Carlos.
En efecto, la juez Mercedes Alaya pide a la Consejería de Empleo andaluza que informe sobre las ayudas de "más de un millón de euros" entregados entre 2009 y 2010 a la Federación Regional de Industrias Afines de la "proletaria" organización UGT, los 3.743.000 euros en ayudas a Cervezas Alhambra en 2003 y otros 559.000 en 2010, y otros 3.265.000 euros entregados a la Fábrica San Carlos.
Minas de Riotinto, La Jarosa Desarrollo Turístico de la Sierra Norte, Corral del Conde de Sierra Morena o Autologística de Andalucía son otras tantas empresas que serán investigadas.
En cuanto al bufete del catedrático sevillano Manuel Olivencia, la juez requiere a la Junta para que remita copia de los contratos de servicios y facturas por "asesoramiento", que en este caso ascendieron a 104.000 euros en marzo de 2002 y 15.000 euros en julio de ese año.
