El Gobierno balear ha comunicado a los sindicatos que suprimirá las subvenciones anuales que les concedía en virtud de un acuerdo vigente desde 2006 y que eliminará la figura de los liberados sindicales institucionales en la administración autonómica, que en la actualidad son 89 personas.
La dirección general de Función Pública ha informado de esta decisión, adoptada para hacer frente a "la grave situación económica que atraviesa la Comunidad", a los representantes de UGT, CCOO, STEI-i, Cemsatse, USO, ANPE, CSIF y SAE, organizaciones adheridas al acuerdo de Acción Sindical. Según informa el Gobierno en un comunicado, la eliminación del llamado Fondo de Acción Sindical representará un ahorro para la administración autonómica de unos 205.000 euros que hasta ahora se repartían los sindicatos en virtud de su representatividad en el ámbito funcionarial.
El Ejecutivo ratificará en un próximo consejo de gobierno unas medidas de ahorro de costes sindicales que incluyen también la supresión de los locales para uso exclusivo de cada sección sindical u órgano de representación y su sustitución por un único inmueble de 300 metros cuadrados propiedad del Gobierno. La administración podrá librarse así de varios alquileres con un coste total de 41.000 euros, subraya la Consejeria de Administraciones Públicas.
El Gobierno recuerda que la anulación de los liberados sindicales institucionales no supone una merma de la acción de los representantes de los sindicatos que ejercen la representación sindical en horas cedidas por sus compañeros, los llamados "liberados por créditos de horas", que ascienden a 221 en el conjunto de la Comunidad Autónoma. El Ejecutivo del PP explica que la ruptura del pacto con los sindicatos está amparada en el artículo del Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé esta medida "siempre que esté motivada por una causa grave de interés público, derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas".
El gabinete que preside José Ramón Bauzá plantea que su intención es que la representación sindical en la administración autonómica balear se mantenga en "los mínimos que vienen fijados en el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica de Libertad Sindical".
La dirección general de Función Pública ha informado de esta decisión, adoptada para hacer frente a "la grave situación económica que atraviesa la Comunidad", a los representantes de UGT, CCOO, STEI-i, Cemsatse, USO, ANPE, CSIF y SAE, organizaciones adheridas al acuerdo de Acción Sindical. Según informa el Gobierno en un comunicado, la eliminación del llamado Fondo de Acción Sindical representará un ahorro para la administración autonómica de unos 205.000 euros que hasta ahora se repartían los sindicatos en virtud de su representatividad en el ámbito funcionarial.
El Ejecutivo ratificará en un próximo consejo de gobierno unas medidas de ahorro de costes sindicales que incluyen también la supresión de los locales para uso exclusivo de cada sección sindical u órgano de representación y su sustitución por un único inmueble de 300 metros cuadrados propiedad del Gobierno. La administración podrá librarse así de varios alquileres con un coste total de 41.000 euros, subraya la Consejeria de Administraciones Públicas.
El Gobierno recuerda que la anulación de los liberados sindicales institucionales no supone una merma de la acción de los representantes de los sindicatos que ejercen la representación sindical en horas cedidas por sus compañeros, los llamados "liberados por créditos de horas", que ascienden a 221 en el conjunto de la Comunidad Autónoma. El Ejecutivo del PP explica que la ruptura del pacto con los sindicatos está amparada en el artículo del Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé esta medida "siempre que esté motivada por una causa grave de interés público, derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas".
El gabinete que preside José Ramón Bauzá plantea que su intención es que la representación sindical en la administración autonómica balear se mantenga en "los mínimos que vienen fijados en el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica de Libertad Sindical".
