La
petición de ayuda para el sector financiero español responde a un nuevo
modelo. No acarrea condiciones adicionales: los fondos que finalmente
se aporten, los que el Gobierno de Mariano Rajoy demande, se integrarán
en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), si bien no
exigirán contrapartidas distintas a las exigencias ya aplicadas para el
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria o el plan de reformas. El
dinero procederá de la Facilidad de Estabilidad Financiera, hasta que se
articule el nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
Todo apunta a que serán tres entidades bancarias
españolas nacionalizadas las principales destinatarias del rescate
bancario, puesto que precisan reforzar su capital con recursos públicos.
Un rescate como el planteado en el marco comunitario puede, además,
proporcionar dinero para que otro grupo de instituciones pequeñas o
medianas salgan adelante vía apelación a las ayudas del Estado a través
del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con la
contrapartida correspondiente. Se da la circunstancia de que parte de la
contribución europea a este saneamiento tiene procedencia española
porque el Estado coopera en la dotación a los fondos y concesión de
avales.
Además de resultar menos gravosa, esta estrategia de
rescate indoloro debiera tranquilizar a los mercados. Pero una torpe
gestión de la crisis ha estado a punto de dar al traste con este
objetivo. La presión sobre España se intensificó semanas atrás, entre
otras razones, porque el rescate de un sistema bancario nacional suele
desplazar la atención sobre otros países vulnerables de la zona euro.
Italia, sin ir más lejos.
¿Qué cuantía van a necesitar las entidades españolas? Los
100.000 millones mencionados son un techo que seguramente resultará
excesivo. Hay cifras conocidas, aunque objeto de polémica. El nuevo
equipo gestor de Bankia pide 19.000 millones adicionales. La mitad de
esa cifra responde a saneamientos adicionales por el crédito promotor,
pero también a futuras 'pérdidas esperadas' por préstamos al resto de
clientes, incluidas empresas y familias.
Por otra parte, el responsable del FROB ha modificado las
expectativas de los potenciales compradores de entidades nacionalizadas
de cara a las correspondientes subastas. Novagalicia y Catalunya Banc
precisan un total de 9.000 millones adicionales, desveló Javier
Aríztegui, represenante del principal propietario en la subcomisión del
Congreso que, a puerta cerrada, ha empezado a debatir la situación del
sector.
El resto, excluidos los grandes, que podrán asimilar el
esfuerzo con cargo a resultados, tampoco va a salir indemne de los
nuevos exámenes de las instituciones ni de los encargados a las
auditoras independientes. Por eso se considera probable que a las cifras
ya demandadas haya que añadir la necesidad de saneamientos adicionales
por parte de aquellas otras entidades que no habían contado hasta el
momento con la exigencia de dotar provisiones por otro tipo de créditos,
y en particular por los préstamos hipotecarios, los concedidos al
consumo y a las pymes. Entre ellas figuran algunas cajas en proceso de
integración.
En consecuencia, toda la cartera del negocio nacional de
los bancos españoles queda, más o menos, bajo sospecha. Cada vez resulta
más difícil deslindar las características diferenciales por
institución, porque el efecto contagio está resultando letal para la
mayoría. De ahí la cifra tope de 100.000 millones de euros.
Un rescate sectorial
El rescate del sector financiero español no es más que un
préstamo de los socios comunitarios para recapitalizar determinadas
entidades que mantienen una fuerte red nacional y no disponen de
ingresos compensatorios. Se trata de llevarlo a cabo sin arruinar las
cuentas públicas. Puesto que la mayoría de las entidades en dificultades
ya han sido nacionalizadas ha sido el Estado quien se ha hecho cargo de
su saneamiento, y la factura de la financiación se ha disparado a
consecuencia de la desconfianza de los mercados.
Confiada en una supervisión muy cercana, y en el colchón
de provisiones atesorado en tiempos de bonanza, la autoridad reguladora
hizo que España perdiera el tren de las inyecciones de capital que, en
la primera etapa de la crisis financiera, realizaron estados como
Alemania y el Reino Unido para reflotar sus bancos. Ahora se percibe que
fue un error, porque los activos del ladrillo eran omnipresentes en los
balances.
La situación se complicó porque la fortísima depreciación
de la cartera de inmuebles de los bancos nacionales fue reconocida
tarde y mal, lo que sembró la desconfianza entre unos inversores que, de
mejor o peor fe, han encontrado en la deuda de España y por contagio en
los títulos de sus empresas, una interesante presa.
¿Veremos nuevos recortes en el cada vez más mermado
estado del bienestar como consecuencia de este rescate? El socorro
europeo a la banca solo está condicionado a los ajustes sectoriales.
Fusiones y adelgazamiento, con cierre de sucursales y recorte de
plantillas constituyen la primera asignatura. En el caso concreto de
Bankia, se prevé que tendrá que desinvertir en sus participadas.
O saneamiento estricto o liquidación, es la consigna de
los supervisores europeos. Para el Gobierno, el dilema es más acuciante.
Sin este salvamento bancario, hubiera tenido que ir al rescate puro y
duro.
