La Policía Nacional ha detenido a los dos responsables de
una asociación de minusválidos de Chiclana en el marco de una
investigación por la existencia de delitos de falsedad documental,
fraude contra la Seguridad Social y contra los derechos de los
trabajadores en tres empresas de aquella localidad. El fraude generado
por las mercantiles por impago a la Tesorería General de la Seguridad
Social supera los 521.067 euros.
Según ha informado en comunicado la Policía, las
actuaciones se iniciaron a partir de las irregularidades detectadas por
la Inspección Provincial de Trabajo y la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz, sobre presuntas
actuaciones delictivas realizadas por los responsables de una asociación
de minusválidos.
La investigación reveló que esta asociación había
incurrido presuntamente en un delito contra los derechos de los
trabajadores, relacionado con la cesión ilegal de los mismos al
ayuntamiento de Chiclana, en el marco del Plan Local de Empleo Social
(PLES).
La asociación suministraba mano de obra al Ayuntamiento, y
el Consistorio la ocupaba en diferentes servicios o tareas con el
objetivo de que los trabajadores cumplieran los periodos necesarios para
acceder a subsidios y/o prestaciones por desempleo. Trabajadores
acogidos al PLES realizaron igualmente trabajos en domicilios y negocios
particulares de las personas investigadas.
Los responsables de la asociación descontaron de las
nóminas de los trabajadores las cuotas de la Seguridad Social durante el
año 2011 pero no las ingresaron en la Tesorería General, lo que supone
un fraude por importe de 236.375 euros. Cuando el Ayuntamiento les
requirió la documentación acreditativa de estar al corriente de pago,
para acceder a las subvenciones acordadas, presentaron documentos
falsificados o alterados para simular el pago de las cuotas.
Otras dos entidades también bajo el control de los
empresarios detenidos recibieron subsidios del Ayuntamiento de Chiclana y
también resultaron deudoras con la Tesorería General de la Seguridad
Social por impagos de las cuotas sociales durante los años 2009, 2010 y
2011, por importe de 262.413 euros y 22.279 euros, respectivamente.
Las investigaciones se han llevado a cabo por la Sección
de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia
Económica ubicada en Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal
de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la
Brigada Local de la Policía Judicial de la Comisaría de San Fernando.
