Quién no se acuerda de estos titulares, por favor: "Cinco detenidos tras registro sede UGT de Oviedo, entre ellos su exsecretario por presuntos delitos contra la Hacienda Pública" o "La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado por concluido el registro de documentos en la sede de UGT de Andalucía tras once horas de trabajo ininterrumpido" o mejor éste: "la Guardia Civil está registrando las sedes del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), organismo dependiente de UGT, en Madrid para buscar documentación relacionada con los cursos de formación del sindicato en Andalucía." Y es que el roce hace el cariño.
Del autor de: "Quiero una UGT en donde estén cómodos los militantes del PP", el secretario general del "sindicato" colaboracionista, el "compañero" Pepe Álvarez, ha propuesto que se dote de competencias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que actúen en materia laboral y realicen labores de inspección de trabajo con el fin de vigilar si se "respeta la legislación o existe una situación de esclavitud", sobre todo en las plataformas digitales.
En una entrevista en RNE, el "sindicalista" Álvarez ha insistido en que se debe acabar con "ciertas fórmulas de la nueva economía", mencionando expresamente las plataformas de reparto de comida a domicilio y las VTC. "Hay que legislar porque los procesos que abre la Inspección de Trabajo tardan".
"Seguramente sería bueno que además se pudiera legislar para que no hubiera ni siquiera la necesidad de que eso entrara en un proceso de inspección de trabajo, que siempre es largo, un proceso judicial, con recursos, que siempre es largo en realidad", ha explicado.
Según Álvarez, Inspección de Trabajo dispone de "pocos medios", y por ello, para "erradicar la precariedad laboral" y mejorar la calidad de los empleos, UGT considera necesario que Policía y Guardia Civil actúen también de autoridad laboral. Y ahí podéis dormir todos tranquilos que se acabó la precariedad... Se acabó el contar con la inspección de trabajo con sus controladores laborales, todos funcionarios civiles del Estado cobrando una nómina pública.
