España es el cuarto país en la lista de mayores exportadores de armas a la dictadura saudí, lo que incluye municiones, bombas, aviones o buques de guerra. El más importante fue el de cinco corbetas por un precio de 2.000 millones de euros. España se sumará así a países como Suecia, Canadá, Finlandia, Noruega, Bélgica o Alemania. Todos ellos han paralizado sus exportaciones de armas a la coalición.
El Parlamento Europeo, insta a sus Estados miembros a cancelar las ventas de armas a Arabia. Entre sus argumentos, que el país árabe viola el Derecho Internacional Humanitario. Y es que utiliza ese armamento para atacar a la población civil, bombardeando hospitales, mercados y colegios.
La campaña Armas Bajo Control se ha reunido con el Gobierno para pedir que España deje de vender armas a Arabia Saudí, un país que se encuentra en la lista negra de la ONU debido a su participación en la guerra de Yemen.
Justamente, la campaña en la que participan Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón lleva alertando desde hace tiempo sobre el riesgo de la complicidad de España en la comisión de crímenes de derecho internacional debido a la exportación de material bélico al país árabe. Más aun, porque el negocio no para de crecer. Entre 2013 y 2016 la exportación de armas a Arabia Saudí se multiplicó por 30, alcanzando un valor total de 1.361,42 millones de euros.
Las bombas saudíes empezaron a caer sobre la población yemení en 2015. El país más pobre de la región, sumido en una guerra civil, entró entonces en el punto de mira de una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí y apoyada logísticamente por EE.UU. y el Reino Unido. Y si bien el objetivo declarado es luchar contra las milicias huthis, Amnistía Internacional denuncia que es la población civil la que "se lleva la peor parte de la violencia". Los bombardeos y el bloqueo por mar y aire que impone la coalición ya han hecho de Yemen, en palabras de la ONU, "la mayor crisis humanitaria del mundo".
A principios de agosto, un bombardeo saudí impactó un autobús en la ciudad de Saada, en el norte de Yemen. Alrededor de 40 personas fueron asesinadas, en su mayoría niños, desencadenando la condena de las Naciones Unidas. Solo después de este ataque –apenas una mínima parte de las 6.592 muertes civiles registradas por el Alto Comisionado desde el inicio del conflicto– el Gobierno de España ha fijado su atención en la venta de armas a Arabia Saudí.
La campaña Armas Bajo Control en España, denuncia el riesgo de que se autoricen exportaciones de armas a países en conflicto o que violan los derechos humanos. La organización ha celebrado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de revisar las licencias de exportaciones de material bélico tras el ataque en Sanaa. No obstante, han lamentado que la postura sobre la venta de armamento a Israel –que supuso 1,4 millones de euros en 2017– no esté entre los puntos a discutir.
En octubre de 2016, un informe de la consultora Armament Research Services señalaba la aparición de armas españolas en el campo de battalla yemení. Un año despúes, el Gobierno entonces dirigido por Mariano Rajoy anunciaba que no dejaría de vender armas al país árabe puesto que existían condiciones de no reexportación y garantías de que el material no se usaba fuera de las fronteras de Arabia Saudí.
El Ministerio de Defensa ha paralizado este lunes la venta de 400 bombas de alta precisión al país árabe mientras se realiza la revisión, y ha llamado al Gobierno a poner fin al "secretismo" de estos negocios. Según Defensa, se devolverán los 9,2 millones de euros abonados por estas armas. Una pequeña parte de los 270 millones en armamento que fueron a Arabia Saudí en 2017.
El Parlamento Europeo, insta a sus Estados miembros a cancelar las ventas de armas a Arabia. Entre sus argumentos, que el país árabe viola el Derecho Internacional Humanitario. Y es que utiliza ese armamento para atacar a la población civil, bombardeando hospitales, mercados y colegios.
La campaña Armas Bajo Control se ha reunido con el Gobierno para pedir que España deje de vender armas a Arabia Saudí, un país que se encuentra en la lista negra de la ONU debido a su participación en la guerra de Yemen.
Justamente, la campaña en la que participan Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón lleva alertando desde hace tiempo sobre el riesgo de la complicidad de España en la comisión de crímenes de derecho internacional debido a la exportación de material bélico al país árabe. Más aun, porque el negocio no para de crecer. Entre 2013 y 2016 la exportación de armas a Arabia Saudí se multiplicó por 30, alcanzando un valor total de 1.361,42 millones de euros.
Las bombas saudíes empezaron a caer sobre la población yemení en 2015. El país más pobre de la región, sumido en una guerra civil, entró entonces en el punto de mira de una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí y apoyada logísticamente por EE.UU. y el Reino Unido. Y si bien el objetivo declarado es luchar contra las milicias huthis, Amnistía Internacional denuncia que es la población civil la que "se lleva la peor parte de la violencia". Los bombardeos y el bloqueo por mar y aire que impone la coalición ya han hecho de Yemen, en palabras de la ONU, "la mayor crisis humanitaria del mundo".
A principios de agosto, un bombardeo saudí impactó un autobús en la ciudad de Saada, en el norte de Yemen. Alrededor de 40 personas fueron asesinadas, en su mayoría niños, desencadenando la condena de las Naciones Unidas. Solo después de este ataque –apenas una mínima parte de las 6.592 muertes civiles registradas por el Alto Comisionado desde el inicio del conflicto– el Gobierno de España ha fijado su atención en la venta de armas a Arabia Saudí.
La campaña Armas Bajo Control en España, denuncia el riesgo de que se autoricen exportaciones de armas a países en conflicto o que violan los derechos humanos. La organización ha celebrado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de revisar las licencias de exportaciones de material bélico tras el ataque en Sanaa. No obstante, han lamentado que la postura sobre la venta de armamento a Israel –que supuso 1,4 millones de euros en 2017– no esté entre los puntos a discutir.
En octubre de 2016, un informe de la consultora Armament Research Services señalaba la aparición de armas españolas en el campo de battalla yemení. Un año despúes, el Gobierno entonces dirigido por Mariano Rajoy anunciaba que no dejaría de vender armas al país árabe puesto que existían condiciones de no reexportación y garantías de que el material no se usaba fuera de las fronteras de Arabia Saudí.
El Ministerio de Defensa ha paralizado este lunes la venta de 400 bombas de alta precisión al país árabe mientras se realiza la revisión, y ha llamado al Gobierno a poner fin al "secretismo" de estos negocios. Según Defensa, se devolverán los 9,2 millones de euros abonados por estas armas. Una pequeña parte de los 270 millones en armamento que fueron a Arabia Saudí en 2017.
