El pasado 30 de agosto se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Se trata del peor delito que se puede cometer contra un ser humano porque es la conjunción de cuatro crímenes: una detención ilegal, torturas físicas y psicológicas, el asesinato y la ocultación del cadáver para multiplicar el sufrimiento de las personas cercanas al desaparecido.
En España hay 114.226 personas desaparecidas, lo que convierte al país en el primero en número de desapariciones forzadas de la Unión Europea y en el segundo en el mundo, después de Camboya. En contraste con esa dura realidad que afecta a miles de familias, ningún Gobierno tras la muerte del dictador fascista Francisco Franco, se ha responsabilizado de la búsqueda de esas personas, de atender a las familias y de garantizarles verdad, justicia y reparación.
En España hay 114.226 personas desaparecidas, lo que convierte al país en el primero en número de desapariciones forzadas de la Unión Europea y en el segundo en el mundo, después de Camboya. En contraste con esa dura realidad que afecta a miles de familias, ningún Gobierno tras la muerte del dictador fascista Francisco Franco, se ha responsabilizado de la búsqueda de esas personas, de atender a las familias y de garantizarles verdad, justicia y reparación.
Bajo estas obligaciones, los Estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas deben inmediatamente buscar a cualquier persona que haya desaparecido. Deben también adoptar políticas públicas para facilitar las búsquedas consultando con los familiares de la persona desaparecida. La búsqueda debe ser llevada a cabo en línea con una estrategia integral en la que todas las hipótesis deben ser diligentemente exploradas.
A día de hoy se sigue reclamando la responsabilidad del Estado y se continúa denunciando la pasividad de los gobiernos en un país en el que cada día mueren descendientes de los desaparecidos sin haber recibido la más mínima atención por parte del Gobierno. Ni el poder legislativo, ni el ejecutivo ni el judicial han cumplido sus deberes hacia las víctimas en todos estos años.
Ni existe ningún plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas por la represión franquista que coordine la labores que ya están llevando a cabo algunas comunidades autónomas y que garantice los derechos de las víctimas después de que muchos miles de ellas hayan muerto esperando angustiadas a un Estado que nunca llegó a atenderlas.
