La delicada situación que vive España, y que en buena parte es
similar a la que sufren otros países europeos, tiene su origen en la
aguda crisis económica que tuvo su detonante en 2007, con la quiebra de
Lehman Brothers, pero que no afectó a Europa hasta el año 2008. En ese
primer momento, las circunstancias eran favorables para España: saldaba
sus cuentas anuales con superávit, la deuda pública representaba un
modesto porcentaje del PIB y el desempleo alcanzaba una tasa moderada en
un país con elevado paro estructural y tradición de empleos
encubiertos.
¿Por qué ahora vivimos al borde de la bancarrota? La respuesta está en
nuestro modelo productivo, en la torpeza de nuestros políticos y en la
avaricia de nuestros financieros. El crecimiento económico español de
los últimos quince años se basó en el turismo y en la construcción, en
parte dedicada a edificar residencias de vacaciones. Se abandonó la
actividad industrial, con una frenética deslocalización fabril de
nuestras empresas, y se renunció a potenciar la investigación científica
y a crear una mano de obra de alta cualificación tecnológica. Sólo así
puede entenderse que la primera compañía fuese Repsol: una petrolera en
un país sin petróleo.
Estimulada la urbanización de campos y costas por una calculada
desregularización medioambiental y animado el mercado inmobiliario por
un notable aumento demográfico, en buena parte nutrido por emigrantes,
la construcción pasó a ser nuestra particular gallina de los huevos de
oro. El negocio de constructoras y de bancos parecía seguro y, además,
estaba incentivado por los distintos gobiernos, que ofrecían jugosas
desgravaciones fiscales para la compra de viviendas.
El mercado de las hipotecas pronto agotó la disponibilidad del
sistema crediticio español, pero ni bancos ni cajas de ahorro quisieron
renunciar a su parte de unos beneficios que crecían sin parar. Así se
consiguió un trasvase de fondos hacia España desde los bancos y fondos
de inversión extranjeros que algunos analistas calculan en 400.000
millones de euros, un dinero que las entidades hispanas esperaban
devolver, con ventaja, cuando los compradores de viviendas les
restituyesen sus créditos.
Pero cuando se agudizó la crisis económica, y la venta de viviendas
se paralizó, los trabajadores empleados en el sector de la construcción y
en sus empresas auxiliares fueron despedidos y aquellos que habían
solicitado una hipoteca no pudieron pagar las cuotas mensuales y, lo que
es más grave, las empresas tampoco pudieron hacer frente al pago de sus
préstamos porque nadie compraba las viviendas que estaban construyendo o
que, en muchos casos, ya habían construido.
La crisis económica forzó a bancos y cajas de ahorro a quedarse con
las viviendas o las parcelas que avalaban créditos que ya no se podían
devolver, y aunque al principio las valorasen al precio máximo que
habían alcanzado en el mercado inmobiliario, la verdad es que, cuatro
años después, el dinero de los bancos alemanes y de los fondos de
inversión extranjeros está avalado por casas que ahora no valen nada:
esa diferencia es el agujero de los bancos.
El desequilibrio del sistema financiero es de tal magnitud, entre 100.000 y 200.000 millones de euros, que los
bancos españoles nunca podrán devolver a sus prestatarios ese volumen de
dinero. Si fuesen pequeñas empresas, se declararían en quiebra; pero ni
el socialista Rodríguez Zapatero ni el conservador Rajoy han estado
dispuestos a permitir que se hunda el sector financiero, por lo que el
Estado está inyectando fondos públicos para evitar su derrumbe: la deuda
privada de los bancos se convierte así en deuda pública, que pagamos
entre todos restando esos fondos de los servicios básicos: sanidad,
educación, servicios sociales, transporte…
Además, los políticos también se creyeron las mentiras del eterno
crecimiento inmobiliario. Alcaldes y presidentes se aventuraron en obras
faraónicas, en proyectos de elevado precio y dudosa utilidad que se
financiaban con los impuestos que pagaban los constructores y
compradores de viviendas: remodelación de la M-30 en Madrid,
“contenedores” culturales en Valencia o Santiago de Compostela… Un río
de dinero que anegó a los pueblos más pequeños y que ahora, al
contraerse la construcción y reducirse brutalmente los impuestos
percibidos, ha dejado exhaustas las arcas públicas: no hay recursos para
salvar a la vez las cuentas de resultados de los bancos y los servicios
sociales de los ciudadanos.
Para salir de esta crisis, Mariano Rajoy y sus economistas
neoliberales han optado por una drástica devaluación, que no puede ser
monetaria desde que ni tenemos peseta ni controlamos el euro. No se ha
encontrado mejor solución que una devaluación social: reducir al máximo
los costes laborales para que las empresas españolas produzcan a precios
más bajos y sus exportaciones sean más competitivas. Evidentemente,
esta devaluación social se ha traducido en una reducción de salarios y
en un retroceso del consumo interno, que está obligando a cerrar a
empresas ajenas al sector de la construcción, aumentando el paro hasta
tasas del 25 por ciento.
Los conservadores confiaban que el incremento de las exportaciones
fuese capaz de compensar el brutal descenso del consumo interno, pero no
lo han conseguido y ni siquiera han sujetado la inflación, porque en
buena parte depende del petróleo y de otros productos ajenos a la
economía nacional. Desde luego, el consumo interno se ha contraído
porque los que no tienen trabajo están al límite de la supervivencia y
los que aún lo conservan dedican todos sus magros ahorros a reducir su
deuda familiar (que es la más baja desde 2007). Y las empresas
industriales han colapsado de tal manera que los productos agrarios han
vuelto a ser el principal rango de las exportaciones españolas,
desbancando a las manufacturas industriales.
El empobrecimiento de los trabajadores españoles y el deterioro de
sus condiciones de vida y de trabajo ha sido un sacrificio inútil: el
desastre financiero ha absorbido todos los recursos detraídos al Estado
del bienestar sin conseguir que mejore la economía productiva, ni se
restablezca la confianza de los inversores extranjeros, ni se disponga
de fondos para cubrir la deuda de los bancos. A cambio, la disminución
de la producción y del consumo nacional ha rebajado la recaudación de
los impuestos indirectos hasta poner en peligro los instrumentos más
básicos del Estado. Al final, el Estado no ha tenido más remedio que
acudir a la financiación internacional, en este caso de sus socios
europeos, para evitar la quiebra de Bankia y de otros bancos con
dificultades parecidas.
Un dinero que las instituciones europeas prestan ahora para impedir
que la quiebra de los bancos españoles convierta en impagados los
créditos que recibieron de los bancos y fondos de inversión europeos. Es
decir, el problema que antes tenían los prestatarios privados europeos y
sus deudores privados españoles se ha traspasado al ámbito público: los
100.000 millones de euros los ha prestado la Unión Europea, de sus
propios recursos, al gobierno de España, que es el responsable último de
su devolución. Hoy se socializan los riesgos y las pérdidas, aunque
antes nunca se socializaron los beneficios.
Además, como ahora es el Estado español el garante de la devolución
de esa enorme línea de crédito, las instituciones europeas obligarán al
gobierno a proveer fondos para pagarlo; primero los intereses, que
reducirán aún más el margen de maniobra del gobierno y empeorarán la
situación de las clases populares, de las que ya se calcula que un 20
por ciento están por debajo del umbral de la pobreza, y luego, el
principal, los 100.000 millones que jamás podrán ser devueltos por unos
bancos nacionalizados que no valdrán nada, por lo que no se podrán
privatizar, a no ser que se les exima de devolver el dinero que ahora
reciben.
Con esta crisis ha resultado evidente que no hemos sido los
trabajadores los que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades,
pero que los financieros y los políticos han construido viviendas y han
contraído gastos que no podían pagar. Sin embargo, no se está haciendo
recaer el coste de la crisis sobre los culpables, sino sobre los
inocentes: las clases populares que están empobreciéndose al mismo
tiempo que se pierden derechos laborales ganados durante décadas de
lucha obrera y se desmantela un Estado del bienestar que en España
apenas está recién estrenado.
Y no con el objetivo de solucionar el problema (la Bolsa sigue
cayendo y el crédito español se aleja de los parámetros de sus socios
europeos), sino con la única finalidad de alimentar la avaricia culpable
y criminal de unas élites políticas y económicas tan avariciosas como
ciegas y sordas al clamor de la calle. Por ahora.
