En plena crisis económica y financiera, los políticos se han sentido obligados a gesticular de cara a la galería y a mostrarse enérgicos en el anuncio de estrictas y severas medidas contra los paraísos fiscales. Incapaces de encontrar soluciones a la recesión más importante desde la gran depresión del 29, los líderes del G-20 consideraron conveniente la amenaza y el ataque más furibundos dirigidos a un chivo expiatorio que, de pronto, asumía las culpas de una catástrofe causada por otros. Se ha desencadenado, pues, una auténtica ofensiva de cruzada o de guerra santa contra los paraísos fiscales que, en realidad, es una manifestación evidente de hipocresía y cinismo.
Lo primero que hay que decir es que esos santuarios, refugios o escondites —que esto es lo que significa tax haven, no confundir con tax heaven, que sí podría traducirse como cielo o paraíso— fueron creados y han sobrevivido gracias a la iniciativa, el apoyo o la tolerancia de los países grandes. Los piratas y contrabandistas siempre han existido, pero sus actividades quedaban fuera de la ley. En cambio, los refugios fiscales tienen la base de un Estado pequeño o grande. De Mónaco, Somerset Maugham dijo que era un lugar soleado para personas sombrías. Sin embargo, a la hora de la verdad, las grandes potencias han utilizado siempre los santuarios como válvula de seguridad y como instrumento para sus empresas.
Si dejamos de lado el dinero del crimen organizado (narcotráfico, prostitución, corrupción política, terrorismo, etcétera) que hay que perseguir y erradicar, veremos que el secreto bancario y la evasión tributaria se aplican incluso en los países que ahora reclaman su persecución. En Londres, por ejemplo, los non dom, o sea, los depositantes de grandes fortunas, quedan eximidos de declarar y tributar por su dinero. Existen también islas-refugio en territorio británico, como Guernsey, Jersey, Man o las del Caribe, con miles de sociedades domiciliadas. En la lista de paraísos de la OCDE figuran países miembros de la UE, verbigracia, Luxemburgo, Bélgica y Austria. No constan, a pesar de que también lo son, Delaware, en EEUU, y Hong Kong y Macao en China. Singapur ya representa la mitad del volumen de banca privada y gestión de patrimonios de Suiza. Queda, pues, claro que todo este estado de cosas respondía a una voluntad generalizada de tolerar permisivamente unas prácticas que se condenaban de cara al exterior y con la boca pequeña, mientras se sucumbía a la tentación de hacer exactamente lo mismo dentro del territorio propio, o sea, onshore.
La versión más perversa de este replanteamiento es la que cada vez más se aplica en España y que consiste en situar los santuarios en el BOE (Boletín Oficial del Estado). Como consecuencia de ello, este es el país desarrollado donde los ricos pagan menos impuestos y más fácilmente pueden eludirlos legalmente gracias a unos refugios tributarios creados por los gobiernos socialistas y populares a favor de los beatos poseedores. Todas las llamadas a la solidaridad, a la justicia, a la redistribución de la riqueza o a la progresividad de los impuestos han acabado en un sistema en el que las rentas del capital tributan un 18%, mucho menos que el IRPF que grava las rentas de los asalariados. Los beneficios de las empresas pagan tipos 30 veces más altos que los de las inversiones en valores mobiliarios. Los partícipes de un Sicav sociedades de inversión de los grandes patrimonios no pagan prácticamente nada, y el conjunto del régimen tributario está lleno de tarifas reducidas, bonificaciones o exenciones para determinados colectivos privilegiados o grupos de presión que consiguen siempre que los poderes públicos les hagan el traje a medida.
Vean, si no, el tratamiento de preferencia que reciben los socios del Instituto de la Empresa Familiar y, por contraposición, cómo los residentes en Madrid, la Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra y otras autonomías no pagan el impuesto de sucesiones, mientras que a los catalanes se les aplica con todo el rigor, igual que el céntimo sanitario que se les carga sobre el precio de la gasolina.
¿Es normal que los autores del pelotazo de Airtel, adjudicada por el ministro Borrell y después vendida con unas plusvalías astronómicas, no coticen si se reinvierten en una nueva operación especulativa? ¿O que Juan Abelló pueda pagar impuestos mediante la entrega de una obra de arte cada año, mientras los asalariados, en lugar de un dalí o un tàpies, tienen que pagar en dinero. O que en plena crisis, y mientras los obreros tienen que apretarse el cinturón, el Gobierno de Zapatero decrete que los banqueros y sus familias sic pueden declarar como ganancias del capital las retribuciones que se autoadjudican y que para el común de los mortales tributan en concepto, más caro, claro, de IRPF. En fin, que aquí seguimos cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo que es "defraudar al obrero en su jornal". Y que si es verdad, y no cinismo, que el Gobierno quiere luchar contra los refugios fiscales y hacer justicia, pues que empiece suprimiendo las normas en las que se ocultan los ricos aquí en nuestro país, en lugar de escudarse en un pretendido combate contra los paraísos extranjeros a fin de que todo siga igual, dado que, al fin y al cabo, el dinero es un ave migratoria.
Lo primero que hay que decir es que esos santuarios, refugios o escondites —que esto es lo que significa tax haven, no confundir con tax heaven, que sí podría traducirse como cielo o paraíso— fueron creados y han sobrevivido gracias a la iniciativa, el apoyo o la tolerancia de los países grandes. Los piratas y contrabandistas siempre han existido, pero sus actividades quedaban fuera de la ley. En cambio, los refugios fiscales tienen la base de un Estado pequeño o grande. De Mónaco, Somerset Maugham dijo que era un lugar soleado para personas sombrías. Sin embargo, a la hora de la verdad, las grandes potencias han utilizado siempre los santuarios como válvula de seguridad y como instrumento para sus empresas.
Si dejamos de lado el dinero del crimen organizado (narcotráfico, prostitución, corrupción política, terrorismo, etcétera) que hay que perseguir y erradicar, veremos que el secreto bancario y la evasión tributaria se aplican incluso en los países que ahora reclaman su persecución. En Londres, por ejemplo, los non dom, o sea, los depositantes de grandes fortunas, quedan eximidos de declarar y tributar por su dinero. Existen también islas-refugio en territorio británico, como Guernsey, Jersey, Man o las del Caribe, con miles de sociedades domiciliadas. En la lista de paraísos de la OCDE figuran países miembros de la UE, verbigracia, Luxemburgo, Bélgica y Austria. No constan, a pesar de que también lo son, Delaware, en EEUU, y Hong Kong y Macao en China. Singapur ya representa la mitad del volumen de banca privada y gestión de patrimonios de Suiza. Queda, pues, claro que todo este estado de cosas respondía a una voluntad generalizada de tolerar permisivamente unas prácticas que se condenaban de cara al exterior y con la boca pequeña, mientras se sucumbía a la tentación de hacer exactamente lo mismo dentro del territorio propio, o sea, onshore.
La versión más perversa de este replanteamiento es la que cada vez más se aplica en España y que consiste en situar los santuarios en el BOE (Boletín Oficial del Estado). Como consecuencia de ello, este es el país desarrollado donde los ricos pagan menos impuestos y más fácilmente pueden eludirlos legalmente gracias a unos refugios tributarios creados por los gobiernos socialistas y populares a favor de los beatos poseedores. Todas las llamadas a la solidaridad, a la justicia, a la redistribución de la riqueza o a la progresividad de los impuestos han acabado en un sistema en el que las rentas del capital tributan un 18%, mucho menos que el IRPF que grava las rentas de los asalariados. Los beneficios de las empresas pagan tipos 30 veces más altos que los de las inversiones en valores mobiliarios. Los partícipes de un Sicav sociedades de inversión de los grandes patrimonios no pagan prácticamente nada, y el conjunto del régimen tributario está lleno de tarifas reducidas, bonificaciones o exenciones para determinados colectivos privilegiados o grupos de presión que consiguen siempre que los poderes públicos les hagan el traje a medida.
Vean, si no, el tratamiento de preferencia que reciben los socios del Instituto de la Empresa Familiar y, por contraposición, cómo los residentes en Madrid, la Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra y otras autonomías no pagan el impuesto de sucesiones, mientras que a los catalanes se les aplica con todo el rigor, igual que el céntimo sanitario que se les carga sobre el precio de la gasolina.
¿Es normal que los autores del pelotazo de Airtel, adjudicada por el ministro Borrell y después vendida con unas plusvalías astronómicas, no coticen si se reinvierten en una nueva operación especulativa? ¿O que Juan Abelló pueda pagar impuestos mediante la entrega de una obra de arte cada año, mientras los asalariados, en lugar de un dalí o un tàpies, tienen que pagar en dinero. O que en plena crisis, y mientras los obreros tienen que apretarse el cinturón, el Gobierno de Zapatero decrete que los banqueros y sus familias sic pueden declarar como ganancias del capital las retribuciones que se autoadjudican y que para el común de los mortales tributan en concepto, más caro, claro, de IRPF. En fin, que aquí seguimos cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo que es "defraudar al obrero en su jornal". Y que si es verdad, y no cinismo, que el Gobierno quiere luchar contra los refugios fiscales y hacer justicia, pues que empiece suprimiendo las normas en las que se ocultan los ricos aquí en nuestro país, en lugar de escudarse en un pretendido combate contra los paraísos extranjeros a fin de que todo siga igual, dado que, al fin y al cabo, el dinero es un ave migratoria.
