- Se trata del periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2002 y 31 de marzo de 2009
- Ya son dos los alcaldes andalucistas políticamente involucrados
La presunta malversación de fondos en el Ayuntamiento de San Fernando, o “robo”, puede alcanzar los 7.674.463,36 euros.
Se trata de una cifra prácticamente igual a la que se ha venido anunciando desde el pasado 1 de abril, cuando se descubrieron las irregularidades, y que luego ha sido citada por los dos imputados en el caso y por otros funcionarios interrogados como un supuesto “error informático” en los sistemas municipales.
La cifra, que ya de por sí es un dato a tener en cuenta, se completa con el periodo en el que puede estar comprendida, entre el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de marzo de 2009, periodo de tiempo por el que han pasado dos alcaldes andalucistas por el Ayuntamiento, además de los socios de gobierno del PA, los populares de Carmen Pedemonte.
Esos números se dan como parte de la investigación y tras un nuevo informe del interventor, por lo que no se descarta que se sigan investigando años anteriores a esas fechas, lo que podría aumentar o no el montante presuntamente desaparecido de las arcas municipales. Todo en función de lo que arrojen los números.
Lo que sí aclaró el alcalde es que se está llevando a cabo una inspección “manual”, documento por documento, para aclarar todos y cada uno de los partes. De Bernardo volvió a asegurar que él está “tan interesado como el que más” en llegar hasta el final de la investigación y así lo ha ordenado a todos los departamentos municipales.
Como el pasado 1 de abril, una vez conocido el informe del interventor, trasladó la documentación al Juzgado que lleva el caso y convocó a la Junta de Portavoces y luego al Gobierno para darle cuenta de las novedades.
En otro orden de cosas y teniendo en cuenta que es posible que la falta de ese dinero haya podido propiciar que determinados proveedores no hayan podido cobrar, el alcalde anunció que ha puesto en marcha un estudio económico para poder solicitar a los bancos la mayor cantidad posible de dinero, “hasta donde permita el endeudamiento”, para pagar a esos proveedores.
Entre las medidas que se puedan tomar está también solicitar las ayudas anunciadas por el Gobierno a través del ICO para pagar a las empresas que facturen obras o servicios a las Administraciones locales...poca verguenza, oyes.
