“Todo Estado miembro está obligado a castigar la incitación pública a la violencia o al odio”. Es lo que acaba de recordar la Comisión Europea a las autoridades españolas.
En noviembre un eurodiputado español había preguntado al ejecutivo comunitario, “con el fin de evitar que Valencia siga siendo un paraíso para los activistas neonazis”, si iba a adoptar medidas contra el Gobierno español por su “falta de firmeza ante la ola de violencia, intimidación y atentados”. A primeros de febrero, llegaba la respuesta comunitaria a través del vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Jacques Barrot. Éste afirmaba que el ejecutivo comunitario no tiene competencias “para actuar específicamente contra el extremismo o los partidos de ultra derecha” y añadía el suave tirón de orejas de que “las autoridades nacionales siguen siendo las responsables de que se respeten y protejan los derechos fundamentales”...
En noviembre un eurodiputado español había preguntado al ejecutivo comunitario, “con el fin de evitar que Valencia siga siendo un paraíso para los activistas neonazis”, si iba a adoptar medidas contra el Gobierno español por su “falta de firmeza ante la ola de violencia, intimidación y atentados”. A primeros de febrero, llegaba la respuesta comunitaria a través del vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Jacques Barrot. Éste afirmaba que el ejecutivo comunitario no tiene competencias “para actuar específicamente contra el extremismo o los partidos de ultra derecha” y añadía el suave tirón de orejas de que “las autoridades nacionales siguen siendo las responsables de que se respeten y protejan los derechos fundamentales”...
