EL MILICIANO Blog Anarcosindicalista y de difusión de ideas Libertarias

miércoles, 5 de septiembre de 2018

El ex ugetista Fernández Villa a un pie de entrar en prisión

La Audiencia de Asturias sentencia a dos años de cárcel a Pedro Castillejo mientras está pendiente el fallo contra del jefe histórico del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, a quién el fiscal le pide cinco años. Fernández Villa, que regularizó 1,2 millones en la amnistía fiscal del PP, fue imputado por el desvío, apropiación y ocultación de fondos públicos.

Pues sí, era por septiembre cuando la UGT asturiana, en concreto el entonces Sindicato Obrero Minero Asturiano (SOMA-UGT), con cientos de afiliados liderados por José Ángel Fernández Villa, todo un prócer en las cuencas mineras asturianas y leonesas, mostraba su influencia en la localidad leonesa de Rodiezmo.

A Rodiezmo iban todos los "socialistas" que querían despuntar en la política, desde Felipe González a Alfonso Guerra y el propio Zapatero, acudíeron a darse un baño de masas entre ugetistas con carnet del PSOE.

Y allí estaba él, al lado de los secretarios generales "socialistas": el secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, el líderillo del mayor granero de votos en Asturias, comunidad en la que gobernó el PSOE de forma ininterrumpida hasta 1995.

Sin embargo, este verano de 2018, y lejos de Rodiezmo, el SOMA-FITAG-UGT se ha visto obligado a acusar a su líder histórico de saquear a la organización que presidió durante décadas, a la que cargó 434.158 euros de sus gastos personales.

El juicio celebrado en julio pasado contra Fernández Villa, que se vio interrumpido en numerosas ocasiones por los continuos ingresos hospitalarios del "ugetesocialista", se desgajó de la causa contra el también líder de UGT en Asturias Pedro Castillejo, subordinado de Fernández Villa, y que ha sido condenado a dos años de cárcel por saquear 115.000 euros desde su puesto de secretario general de la Fundación Infide, perteneciente al SOMA-UGT.

La sentencia, de dos años de cárcel, rebaja un año la petición de la Fiscalía, que era de tres años, y destaca que Pedro Castillejo cargó a la Fundación del SOMA sus gastos personales: "Bien a través de reintegros obtenidos en efectivo, con la tarjeta de débito, disposiciones por caja o pagos con las tarjetas de crédito no hizo frente a gastos de la Fundación, sino a los suyos propios, y ello a lo largo de varios años, desde 2004 a 2013".

Esta sentencia contra Castillejo apunta a que su máximo jefe, Fernández Villa, quién según la Fiscalía ejercía una posición de "dominio absoluto" en el sindicato, podría ser objeto de una mayor condena, habida cuenta de que la Fiscalía asturiana pide para Villa cinco años de cárcel y una multa de diez meses a 150 euros diarios, además del reintegro al SOMA de 434.158 euros.

La petición del ministerio público es más dura con Fernández Villa, ya que considera que era realmente la persona que tomaba todas las decisiones en el sindicato, y no su subordinado Castillejo: "Nombraba el personal directivo del sindicato, decidía la contratación o cese de personal y cualquier decisión de mínima relevancia era asumida por el mismo", especifica la Fiscalía sobre Fernández Villa, que en el juicio aseguró tener una enfermedad mental, a la que se refirió como "un confusionismo extremo".

El fallo contra Villa podría conocerse previsiblemente en otoño, ya que pese a que se celebró un único juicio contra Castillejo y Fernández Villa, la sentencia sobre el primero se resolvió de forma independiente a la de su exjefe, ya que mientras la vista oral del exresponsable del Infide quedó lista para sentencia el 3 de julio, la de Villa no concluyó hasta el 25 de julio por su ingreso hospitalario.

Por otra parte, en marzo de 2017 Fernández Villa, que regularizó 1,2 millones en la amnistía fiscal del PP, fue imputado por el desvío, apropiación y ocultación de fondos públicos, obtenidos por medio de una subvención concedida en el año 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras al Montepío de la Minería Asturiana.

Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón exigen a España la paralización de ventas de armas a Arabia Saudí

España es el cuarto país en la lista de mayores exportadores de armas a la dictadura saudí, lo que incluye municiones, bombas, aviones o buques de guerra. El más importante fue el de cinco corbetas por un precio de 2.000 millones de euros. España se sumará así a países como Suecia, Canadá, Finlandia, Noruega, Bélgica o Alemania. Todos ellos han paralizado sus exportaciones de armas a la coalición.

El Parlamento Europeo, insta a sus Estados miembros a cancelar las ventas de armas a Arabia. Entre sus argumentos, que el país árabe viola el Derecho Internacional Humanitario. Y es que utiliza ese armamento para atacar a la población civil, bombardeando hospitales, mercados y colegios.
La campaña Armas Bajo Control se ha reunido con el Gobierno para pedir que España deje de vender armas a Arabia Saudí, un país que se encuentra en la lista negra de la ONU debido a su participación en la guerra de Yemen.

Justamente, la campaña en la que participan Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón lleva alertando desde hace tiempo sobre el riesgo de la complicidad de España en la comisión de crímenes de derecho internacional debido a la exportación de material bélico al país árabe. Más aun, porque el negocio no para de crecer. Entre 2013 y 2016 la exportación de armas a Arabia Saudí se multiplicó por 30, alcanzando un valor total de 1.361,42 millones de euros.

Las bombas saudíes empezaron a caer sobre la población yemení en 2015. El país más pobre de la región, sumido en una guerra civil, entró entonces en el punto de mira de una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí y apoyada logísticamente por EE.UU. y el Reino Unido. Y si bien el objetivo declarado es luchar contra las milicias huthis, Amnistía Internacional denuncia que es la población civil la que "se lleva la peor parte de la violencia". Los bombardeos y el bloqueo por mar y aire que impone la coalición ya han hecho de Yemen, en palabras de la ONU, "la mayor crisis humanitaria del mundo".

A principios de agosto, un bombardeo saudí impactó un autobús en la ciudad de Saada, en el norte de Yemen. Alrededor de 40 personas fueron asesinadas, en su mayoría niños, desencadenando la condena de las Naciones Unidas. Solo después de este ataque –apenas una mínima parte de las 6.592 muertes civiles registradas por el Alto Comisionado desde el inicio del conflicto– el Gobierno de España ha fijado su atención en la venta de armas a Arabia Saudí.

La campaña Armas Bajo Control en España, denuncia el riesgo de que se autoricen exportaciones de armas a países en conflicto o que violan los derechos humanos. La organización ha celebrado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de revisar las licencias de exportaciones de material bélico tras el ataque en Sanaa. No obstante, han lamentado que la postura sobre la venta de armamento a Israel –que supuso 1,4 millones de euros en 2017– no esté entre los puntos a discutir.

En octubre de 2016, un informe de la consultora Armament Research Services señalaba la aparición de armas españolas en el campo de battalla yemení. Un año despúes, el Gobierno entonces dirigido por Mariano Rajoy anunciaba que no dejaría de vender armas al país árabe puesto que existían condiciones de no reexportación y garantías de que el material no se usaba fuera de las fronteras de Arabia Saudí.

El Ministerio de Defensa ha paralizado este lunes la venta de 400 bombas de alta precisión al país árabe mientras se realiza la revisión, y ha llamado al Gobierno a poner fin al "secretismo" de estos negocios. Según Defensa, se devolverán los 9,2 millones de euros abonados por estas armas. Una pequeña parte de los 270 millones en armamento que fueron a Arabia Saudí en 2017.

CNT- AIT, Chiclana: contra el paro y la precariedad

El desempleo, en contra del discurso oficial, sea el nacionalista, de derechas o de la izquierda burguesa, el revolucionario descafeinado, o de "los gobiernos del cambio", cual fuere, es la última prioridad de cualquier gobierno, autonómico o estatal.

Termina agosto y, de nuevo, valga la redundancia, lo nada nuevo: se dispara el desempleo. Finalice agosto, fin vacacional, para el que lo haya podido disfrutar, sea el mes de enero, con su jodida, "cuesta" que nos dura todo el año... consideramos que el paro obrero nunca ha dejado de crecer y así lo vemos en la CNT-AIT

Estos son los resultados de las inútiles y escasas políticas económicas y sociales de los gobiernos de turno, de uno u otro signo, que marca como objetivo prioritario los jugosos beneficios de la patronal y de la élite financiera, a lo que dedican millones de euros y esfuerzo, frente al bienestar y los derechos de la mayoría de la población.

Para ello, la clase política, continúa impulsando políticas de recortes, reformas laborales y abaratamiento de los despidos, y por supuesto, contentando a sus amigachos de la Banca. Todo ello con la complicidad de los "sindicatos" colaboracionistas y subvencionados CCOO y UGT, y de muchos autodenominados "minoritarios y combativos" que les bailan el agua.

El paro sube en 47.047 personas en el mes de agosto. Así lo ha confirmado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que ha dado a conocer este martes los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto en un informe. Es el mayor aumento en un mes de agosto desde 2011. La cifra total de desempleados inscritos se sitúa en 3.182.068. Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social alcanzó en agosto los 18.839.814 ocupados, tras descender en 202.996 personas con respecto a julio, lo que supone un 1,07% menos. Este es el peor dato de agosto desde 2008

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3429926/0/paro-registrado-afiliacion-agosto-2018/#xtor=AD-15&xts=467263

Finalizado este mes de agosto de 2018, vemos como número de desemplead@s en 47.047 trabajador@s dejando la cifra total de parad@s en 3.182.068, aumentando las cifras sin distinción de género. Por último, el colectivo "Sin empleo anterior" lo integran 5.505 personas.según el propio Ministerio de Trabajo, de la "Era Sánchez".

El desempleo de l@s jóvenes menores de 25 años es brutal, y al alza... las estadísticas se disparan entre los que tienen 25 y más años de edad. Por regiones, la Cataluña del supremacista Torra y la Andalucía de la "socialista" Susana Díaz, donde más sube el paro, o la Galicia del "popular" Feijoó, aumentando hasta los 164.424 desemplead@s, y así en las 17 comunidades autónomas restantes. Esto es triste ejemplo de lo expuesto más arriba, cuando hablamos de "políticas económicas de gobiernos de uno u otro signo".

Vemos así como estas políticas ponen en evidencia que el desempleo, en contra del discurso oficial, sea el nacionalista, de derechas o de la izquierda burguesa, el revolucionario descafeinado, o de "los gobiernos del cambio", cual fuere, es la última prioridad de cualquier gobierno, autonómico o estatal. La falta de trabajo es solo es campo abonado para la patronal que consigue, bajo la amenaza del despido, la continúa reducción de nuestros ya de por sí paupérrimos sueldos y el empeoramiento de las condiciones laborales a l@s que estamos sometid@s.

L@s anarcosindicalistas de la CNT-AIT, no esperamos absolutamente nada de los gobiernos en la lucha contra el desempleo, nada de sus promesas para la generación de puestos de trabajos ni del reparto de las riquezas. No esperamos nada del "sindicalismo" reformista y vendeobrer@s que durante años ha aceptado EREs y despidos, rebaja de derechos, con sangre conquistados, de todos los asalariados, mientras por la espalda participaban del pingue negocio de la formación y la orientación laboral. Triste ejemplo de esto, nos lo ha dado el autodenominado "sindicato de los trabajadores" y "socialista" UGT, en Andalucía, feudo del PSOE, infestado de corrupción política, empresarial y sindical.

En la Anarcosindical apostamos por que seamos l@s propi@s trabajador@s quienes nos organicemos, especialmente l@s directamente afectad@s por esta situación de desempleo, haciendo del sindicato una herramienta útil en la lucha contra el paro, rechazando frontalmente "eres", precariedad laboral, abusos y despidos. Exigimos medidas radicales contra el desempleo, el reparto del trabajo y de la riqueza, para garantizar el bienestar para tod@s, y esto no será posible sin un cambio radical de modelo social y económico.

Desde la CNT-AIT de Chiclana, os pedimos que actúeis contra el paro y la precariedad. Hay que organizarse contra los abusos de la Patronal, respaldados por la infame clase política y "sindicatos" traidores. Organizados aumentaremos nuestra capacidad de lucha .Hay que salir a las calles impulsando acciones. Entre tod@s exijamos:

Por la reducción de la jornada laboral a 30 horas, sin reducción salarial
Por el reparto del trabajo y de las riquezas
Por una jubilación digna a los 55 años
Por una oposición frontal a todo tipo de ERE´s, despidos y abusos patronales
Por la defensa de cada puesto de trabajo
Por una cobertura universal digna para tod@s l@s desemplead@s.

¡Los derechos se conquistan luchando, organízate y lucha!
SOV CNT- AIT, Chiclana de la Frontera
Agosto 2018

Contra el sindicalismo prostitucional

Contra el sindicalismo prostitucional

"Los sindicatos CCOO y CGT y, lamentablemente, algunos de la CNT se plantean abrir secciones sindicales para “trabajadoras sexuales”. Estos sindicatos se presentan como defensores de los derechos y libertades de las mujeres prostituidas y se alzan contra todas las voces discrepantes. Son progres que le quieren dar un baño de respetabilidad al burdel.

Parten de la base de que van a luchar por los derechos de mujeres que libremente eligen vender su libertad sexual a cambio de dinero.

Eliminadas las mujeres con adicciones, las que han sido víctimas y pueden haber desarrollado estrés postraumático, las que no tienen otro modo de satisfacer sus necesidades vitales y las de sus seres queridos, entendemos que quedará un grupo exiguo de mujeres que libremente y teniendo otras opciones a su alcance, han decidido dedicarse a la industria sexual. A este grupo de mujeres el sindicalismo debería de garantizarles el cumplimiento estricto de la normativa de seguridad y salud y riesgos laborales que impida que el ejercicio de este “trabajo” conlleve riesgos para su integridad física.

Tendría que aplicárseles la misma normativa que a otras profesiones que tratan con fluidos biológicos, como saliva, sangre, sudor, heces u orina. Deberían defender entonces que sus afiliadas prestaran sus “servicios” con mascarilla, gafas de protección, mono desechable y guantes.

También cabría preguntarles a estos sindicalistas con qué patronal negociarán las condiciones laborales de estas mujeres y qué tipo de negociación colectiva desplegarán. ¿Respaldarán la prostitución de mujeres embarazadas? ¿Cómo garantizarán que una mujer prostituida en la mediana edad, cuando su cuerpo, instrumento de trabajo, ya no sea demandado, no va a aceptar participar en actos objetivamente denigrantes como por ejemplo ser orinada, una práctica que la industria del sexo ofrece en su carta de “servicios”, en contra de su propio deseo y exclusivamente por necesidad? ¿Cómo regularán el acoso sexual?

Por otro lado, estos mismos sindicalistas ¿qué cursos de formación y reciclaje van a ofrecer a las niñas y jóvenes para alimentar este sector?
Se trata de una industria que afecta al cuerpo de media humanidad y envilece a la otra media, potencial compradora de vidas humanas. Puestos a abrir secciones sindicales nuevas ¿para cuándo un sindicato de mendigos? ¿para cuándo el de vendedores de córneas y riñones? Si de lo que se trata es de negociar, no con el cuerpo sino con las libertades y derechos, ¿por qué no un sindicato de vendedores de votos?

Sindicalismo y sistema prostitucional son irreconciliables, si se analiza con el corazón y la cabeza, a no ser que sean otras las partes del cuerpo que lleven el timón de las decisiones.

Recordamos lo que las mujeres anarquistas han defendido históricamente y que apoyamos hoy, como ayer:

“Las casas de prostitución siguen abarrotadas de pañuelos rojinegros y de toda clase de insignias antifascistas. Es una incomprensible incoherencia moral que nuestros milicianos sean en la retaguardia los que sustenten y aún extiendan la depravación burguesa en una de sus más penosas formas de esclavitud, la prostitución de la mujer. No se explica que espíritus dispuestos en las trincheras a todos los sacrificios necesarios para vencer en una guerra a muerte fermenten en las ciudades la humillante compra de carne humana de clase y de condición.

Combatientes, no seáis vosotros nuestros propios camaradas los que entorpezcáis con una conducta de señoritos una labor de tan sí tan difícil. Ayudadnos a que todas las mujeres se sientan responsables de su dignidad humana. No sigáis atropellando a las que, como único medio de existencia tengan que soportar vuestra tiranía de compradores mientras nosotras nos esforzamos en hallar el medio mejor de emancipar nuestras vidas."

AGRUPACIÓN MUJERES LIBRES CNT-FAI
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Grupo Anarquista Higinio Carrocera ASTURIES
higiniocarrocera@riseup.net

martes, 4 de septiembre de 2018

El fraude de facturas falsas de UGT-A supera como mínimo los 5,3 millones de euros

Un fraude como mínimo que supera los 5,3 millones de euros. Este es el informe pericial que ha sido entregado en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que investiga el escándalo de las facturas falsas del "sindicato" colaboracionista UGT-A, y en el que sólo se han analizado 11 de los 32 expedientes de subvenciones concedidas al "sindicato" amarillo para la realización de actividades formativas.

El informe, que fue encargado hace más de tres años, por el juzgado al interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad Luis Ayala Gallo, cifra el fraude en esos 11 expedientes analizados en 5.384.099,49 euros.

El informe detalla que el "posible fraude opera en la aplicación del dinero de la subvención, o bien para una finalidad distinta para la que se concedió o bien en la imputación de gastos no subvencionables o elegibles, todo ello con el ánimo defraudatorio que la legislación penal exige".

Así, se analiza los dos supuestos “mecanismos defraudatorios” que habría utilizado la "organización sindical", el denominado rapel –un descuento por el que se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato–; el bote, figura con la que se elaborarían presuntamente facturas simuladas que pasaban a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros y siempre previo pago de esas facturas; y todo lo relacionado con los alquileres de aulas, instalaciones y oficinas entre Soralpe S. L. e IFES-Andalucía, una fundación perteneciente al propio sindicato que se encargaba de la realización de las acciones formativas.

El perito señala en el informe que si bien con la información analizada se ha podido cuantificar la práctica del rapel, no ha sido posible cuantificar el denominado bote por cuanto el análisis del fraude con este sistema se ha realizado a partir de los informes que emite la aplicación informática “spyro”, teniendo en cuenta además que esta herramienta sólo tiene datos en el rango comprendido entre entero de 2011 y mediados de 2013, y el objeto del informe pericial encargado por el juzgado se refería a los expedientes de subvención a UGT-A entre los años 2009 y 2013.

Fuentes del caso explicaron ayer que el avance de este informe pericial remitido al juzgado estudia los alquileres cruzados entre el Instituto de Formación y Estudios Sociales, Soralpe y UGT respecto a una supuesta facturación triangular ficticia, en los que se incluían las prácticas del rapel y el bote, y en los que además UGT-A no podía incluir entre los conceptos subvencionables el alquiler de las instalaciones, aunque sí otros gastos como el desgaste o mantenimiento de las mismas.

El perito argumenta que la ejecución total de la actividad subvencionada, esto es, las acciones formativas y al 100%, "comprendiendo la totalidad de los gastos imputables en las tres categorías de gasto -costes directos, costes asociados y otros costes financiables-, corresponde a IFES-Andalucía, sin que quepa, por tanto, imputar gasto alguno a UGT-Andalucía como beneficiaria". El perito pone como ejemplo el expediente 98/2010/J/296, por el que se concedió una ayuda de 16,5 millones, en la que se encarga a IFES-Andalucía la ejecución de la acción formativa y como consecuencia de la ejecución se emite una factura a UGT-A con fecha 10 de enero de 2013 por importe de 13,7 millones. En esa factura se hace un desglose con las categorías de gastos de la orden reguladora y así el perito concluye que sumando únicamente la cantidad correspondiente a la contratación de la auditoría para la justificación de la subvención, "no cabe imputar gasto alguno por quien resulta el beneficiario pero no ha realizado la actividad subvencionada. Por tanto, la cantidad que resta hasta la cantidad de la subvención concedida debe considerarse como menor gasto realizado y, sin embargo, lo que ocurre es que se imputan gastos de la propia UGT-A en las tres categorías de gasto", asevera.

El perito insiste en que IFES-Andalucía estaba "ejecutando la totalidad de la actividad subvencionada", por lo que todos los gastos imputados que no correspondan a IFES en los expedientes de formación de oferta, "con excepción de los gastos de contratación de auditoría, no son subvencionables o elegibles y vienen a suponer, de hecho, un aumento del coste de la actividad subvencionada". Y lo mismo ocurre, según el interventor, en la formación de oferta para personas ocupadas, en las que también se contrataba parte de las acciones formativas con IFES.

El informe concluye que "se puede indicar que no parece que exista una correspondencia entre el modo de instrumentar jurídicamente la ejecución de las acciones formativas (a través de las subcontrataciones) y su reflejo en las cuentas justificativas en las que se imputan otros gastos", de tal modo que "sin la vista de los contratos diera la sensación de que estamos ante una ejecución directa por el beneficiario".

Advierte gastos de "asesoramiento legal o contable que tienen difícil encaje como gastos subvencionables"

De la misma forma, destaca que los gastos imputados con carácter general "no se corresponden a gastos vinculados a la ejecución de las acciones formativas y, desde luego, a quien las ejecuta, que no son otros que las entidades subcontratadas". Así, prosigue, "aparecerán siempre gastos correspondientes a UGT-A en una diversidad propia de los conceptos de esta categoría de gastos: coste de personal interno y externo, gastos de mantenimiento, de servicios generales (luz, limpieza, telefonía, etc.), junto a otros de difícil calificación como gastos de asesoramiento legal o asesoramiento contable que tienen difícil encaje como gastos subvencionables en cualquier caso. En definitiva, gastos de estructura de la entidad beneficiaria que carecen de relación alguna con la actividad subvencionada".

Otra de la conclusiones a las que llega el perito es que la "práctica" en los casos de expedientes de formación de oferta para ocupados en sus modalidades de sectorial e intersectorial, ha consistido en la "ejecución de las acciones formativas y de las tareas propias de evaluación y control de la calidad a través de subcontrataciones y encargos a entidades vinculadas", de las cuales únicamente contaban con autorización expresa la ejecución a través de entidad vinculada para IFES-Andalucía. Y señala que en el caso de las consideradas propiamente como subcontrataciones, no constan en las solicitudes de las ayudas peticiones de las mismas, por lo que la consecuencia "no puede ser otra que la falta de subvencionalidad o elegibilidad de esos gastos por falta, precisamente, de esas autorizaciones".

Y a ello añade otra consecuencia: "Dado que el método de justificación elegido por la orden reguladora de la de cuenta justificativa con informe de auditor, completada con la memoria de actuaciones, memoria económica y acta de manifestaciones, puede que de toda esta documentación no se deduzca la existencia de las subcontrataciones, únicamente puede llegarse a esa conclusión mediante la comprobación de toda la documentación, tanto de aquella a la que viene obligado a conservar como la que, es decir, contratos y facturas, para poder llegar a esas conclusiones".

Por último, tampoco considera el perito que se haya cumplido con la orden en cuanto a la "obligatoriedad de solicitar tres presupuestos cuando los gastos sean superiores a unas determinadas cuantías, cuantías que en todos estos expedientes se sobrepasan sobradamente en muchos casos".

De los 32 expedientes cuyo estudio se han encomendado al perito, el avance aportado sólo analiza 11 de ellos, de los cuales realiza una valoración mínima del supuesto fraude –que ascendería a ese mínimo de 5,3 millones de euros–, mientras que en otros tres expedientes, en dos de ellos el interventor asegura que hasta el momento “no ha tenido acceso a la documentación justificativa” de las ayudas, por lo que “no cabe por el momento pronunciamiento alguno sobre el mismo”.

Sobre el último expediente que cita el perito, en el que se concede una subvención de 1,2 millones de euros para un centro de formación en Málaga, dice que la Junta inició un procedimiento de reintegro en 2016 por la totalidad del dinero anticipado y como no consta resolución de reintegro, “se entiende que no cabe” en la pericial encargada por el juzgado.

El juez de Instrucción número 9 de Sevilla acordó en una providencia el 5 de marzo de 2015 que el objeto de la pericial consistía en comprobar "la existencia de defraudación y el importe presuntamente defraudado en cada uno de los expedientes de subvención citados", pero el avance del informe pericial entregado sólo da respuesta de manera parcial al encargo realizado, al haber analizado únicamente y a pesar de los más de tres años que han transcurrido un tercio de la totalidad de los expedientes objeto de informe, por lo que aún deben analizarse otros 21 expedientes de subvenciones.

Navantia vuelve a encabezar los números rojos de la SEPI

La "reposición de cargos-enchufes" llevada a cabo por el Gobierno "socialista" de Pedro Sánchez ha vuelto a poner en el punto de mira a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), el holding empresarial adscrito al Ministerio de Hacienda. Navantia sigue encabezando la lista de pérdidas con 866 millones de euros.

El debate sobre la función de estas empresas gira en torno a su vocación de servicio público y su transformación para intentar alcanzar la rentabilidad económica. Según las cuentas que publica cada año la Sepi, existe un total de cinco compañías dentro del grupo que no han logrado salir aún de la crisis y suman unas pérdidas conjuntas próximas a los 1.000 millones de euros desde 2013. Números rojos que al final son asumidos por su único accionista, es decir, el Estado.

Estas cinco compañías son Navantia, la agencia Efe, Hunosa, Mayasa y el Hipódromo de la Zarzuela. Pero no son las únicas empresas en la Sepi que se encuentran en una situación económicamente comprometida. Otras sociedades como Correos, Tragsa, Mercasa, Ensa o Sepides también cerraron el año 2017 con pérdidas, por lo que 10 de las 13 empresas de la Sepi en las que el Estado tiene una participación mayoritaria sufren números rojos.

Navantia

Las pérdidas de mayor volumen se producen en Navantia, la compañía propietaria de los astilleros dedicada a la fabricación de buques. Navantia perdió en 2017 un total de 296 millones de euros, con una tendencia claramente ascendente tras haber registrado un déficit de 59 millones en 2013. Esto a pesar de que la cifra de ventas no para de aumentar tras la crisis de pedidos de 2014 y se sitúa ya en 866 millones de euros.

Navantia sigue obteniendo la mayor parte de sus ingresos en el mercado nacional, ya sea en encargos del propio Ministerio de Defensa como de grandes empresas energéticas que necesitan buques para el transporte de hidrocarburos o plataformas eólicas marinas.

El problema del grupo es que para soportar una plantilla de 5.600 personas sin episodios de conflictividad social, necesita conseguir encargos en el mercado internacional. Un simple vistazo a las últimas cuentas disponibles de la empresa -referentes al ejercicio 2016- ilustran cómo las ventas anuales de 701 millones de euros que consigue son evaporadas seguidamente por 411 millones en coste de provisiones, 311 millones en personal y otros gastos de 284 millones...

CNT-AIT, Albacete: Se inicia conflicto anarcosindicalista contra La Tagliatella y Guindola Manchega SL.

Una vez más, la cadena de restaurantes "La Tagliatella", en este caso en Albacete, mantiene un conflicto laboral contra un trabajador anarco-sindicalista, afiliado al Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT, por impagos.

En Albacete, la empresa que se hace cargo de la franquicia La Tagliatella es Guindola Manchega SL, que se encuentra localizada en una de las calles más importantes para la hostelería en nuestra capital y donde se encuentran muchísimos establecimientos dedicados a éste sector. A parte, el administrador de ésta empresa tiene también otras dos empresas más Guindola Restauración SL y Guindola Andaluza SL, ésta última en Jaén, que se dedican también a la explotación hostelera de la misma cadena de restaurantes.

Pues bien, el conflicto comenzó cuando un compañero del sindicato entró a trabajar en el restaurante La Tagliatella en la temporada de navidades, con un contrato temporal por circunstancias de la producción como ayudante de camarero. Nada más llegar, el trabajador se vio obligado a hacerse con la ropa de trabajo, porque la empresa no se la facilitaba a los trabajadores y trabajadoras, y comienza a pensar que la empresa si no cumplía siquiera con éste tipo de obligaciones, no serían pocas las que estaría incumpliendo.

Así fue, una vez terminado el primer contrato, se da cuenta de que la empresa no está pagando ni las vacaciones, ni las indemnizaciones por finalización del contrato temporal, ni la bolsa de vacaciones, ni el plus de nocturnidad, la empresa tampoco estaba respetando los descansos durante la jornada de trabajo y tampoco se les estaban permitiendo a la plantilla disfrutar de sus vacaciones, o pagándoselas al terminar los contratos temporales.

Nuestro compañero estuvo trabajando encadenando contratos de un mes, a 10 horas y media a la semana, cubriendo el servicio de fin de semana, desde el mes de diciembre hasta prácticamente la primera semana del mes de mayo.

Una vez finalizado el contrato temporal para esas fechas, la empresa le presentó el finiquito, así como la baja por finalización del contrato temporal, manifestando que la empresa no le encadenaría ningún contrato más, posiblemente hasta después de verano, por lo que el trabajador -que quería iniciar su lucha durante el mes de mayo pasara lo que pasara- protestó por no encontrarse de acuerdo con los pagos que había recibido por parte de la empresa.

Por otra parte, desde nuestro sindicato y como anarco-sindicalistas queremos hacer públicas dos cosas en relación a algunas cuestiones que nos parecen importantes resaltar de cara al conflicto.
Primero, denunciar que en éste Restaurante La Taglaitella las propinas no se reparten entre los trabajadores y las trabajadoras que realizan el servicio, contabilizándose semanalmente o mensualmente, como sería lo más justo, ignorando el sindicato donde acaban efectivamente, pero suponemos que a la caja de la empresa. Y segundo, queremos manifestar públicamente que como anarco-sindicalistas estamos en contra de aceptar propinas, porque en primer lugar, la clase trabajadora no debe costear la mano de obra barata en la Hostelería, ya que aparte de pagar los precios de los productos, encima tengan que pagar parte de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, siendo esta obligación parte que debe cumplir la empresa y no los clientes; al mismo tiempo que resultan funesto y humillante gesto de caridad, que en muchos casos impide el crecimiento y desarrollo de la organización sindical para conseguir mejores condiciones, en tanto que alivian el sufrimiento de las trabajadoras y trabajadores de este sector.

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT acordamos abrir conflicto, hace algunos meses, contra la empresa por impagos a nuestro compañero, después de intentar dirigirnos a la empresa para llegar a un acuerdo, y abrir una negociación. La empresa ha querido hacer oídos sordos a nuestra propuesta de resolución del conflicto laboral que ellos mismos habían creado, por lo que entendemos que ha renunciado a cualquier tipo de negociación con nuestro sindicato.

Por todo esto, iniciamos públicamente el conflicto sindical contra La Tagliatella y contra Guindola Manchega SL, a unas pocas semanas del inicio de las fiestas y la Feria de Albacete, con el fin de iniciar una campaña de boicot que nos ayude a forzar a la empresa a llegar a un acuerdo con nuestro sindicato, ya que hemos visto que no quieren hacerlo amistosamente. Por todo ello, animamos a la plantilla a que se organice y defienda sus derechos y obliguen a la empresa a cumplir con sus obligaciones, así como exigir el pago de todas las cantidades adeudadas por parte de la empresa, que no haya pagado a sus trabajadores.

Por todo esto, declaramos abierto el boicot contra el restaurante La Tagliatella hasta que el conflicto no finalice y animamos a la clase obrera a que no consuma en este restaurante.

¡Boicot al Restaurante La Tagliatella!
¡No consumas en éste establecimiento hostelero!

¡Paga lo que debes a tus trabajadores!
¡Los derechos se conquistan luchando, organízate y lucha!

España paraliza la venta a Arabia Saudí de 400 bombas que podrían utilizarse contra Yemen

La dictadura de Arabia Saudí, también ha impuesto el bloqueo marítimo contra Yemen con terribles consecuencias para la población yemení y provocando hambruna. España paraliza la venta a Arabia Saudí de 400 bombas guiadas por láser que podrían utilizarse contra Yemen.

Esas 400 bombas (no se especifica si construidas por Expal y con kit de guiado estadounidense o son del Ejército del Aire) iban a ir destinadas a la guerra en el país yemení, donde Arabia Saudí interviene contra los hutíes, de etnia chií, apoyados a su vez por Irán.

El contrato se firmó en el año 2015 y su resolución implicaría la devolución de los 9,2 millones de euros recibidos hasta la fecha.

El Ministerio de Defensa ha paralizado la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del Ejército español que podrían ser utilizadas para bombardear Yemen, según ha confirmado Europa Press.

El departamento dirigido por Margarita Robles habría iniciado los trámites para dejar sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en el verano de 2015 y va a devolver los 9,2 millones de euros abonados por este material que se encuentra en una base militar de Aragón a la espera de que los compradores recogieran el material bélico, según una información adelantada por la Cadena Ser.

Este contrato para la venta de 400 bombas se enmarca dentro de la Operación Tormenta de la Firmeza y Devolución de la Esperanza que lidera Arabia Saudí contra los hutíes, opositores a los que esta coalición de países árabes considera gobierno legítimo yemení.

La firma del acuerdo, como recuerda la emisora, comenzó en verano de 2015 con el entonces ministro Pedro Morenés, continuó con María Dolores de Cospedal y finalizará ahora con la actual titular. La petición formal de compra por parte de Arabia Saudí se hizo al amparo de la resolución 2216 de Naciones Unidas que en ningún párrafo ampara la venta de armamento militar para usar en Yemen.

lunes, 3 de septiembre de 2018

"Yo soy la puerca política... venid todos y comed de mí."

Parasitismo político - a costa del erario público - de la "izquierda" burguesa. Si ya publicamos los sobresueldos que l@s nuev@s señorit@s cortijer@s obtenían para que les paguemos el alquiler de sus viviendas, se puede comprobar que no es el único privilegio que poseen.

La presidenta de la Junta, la "socialista" Susana Díaz, sus trece consejeros y un buen número de altos cargos disponen de coches oficiales con chófer para sus desplazamientos, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas. En Andalucía hay 77 vehículos de "representación política", según la última información publicada por el Gobierno andaluz en su Portal de la Transparencia.

Al gasto en los 77 coches oficiales, con el correspondiente sueldo de los conductores y la gasolina -del que la Junta no facilita ningún detalle ni coste desglosado en su portal en Internet- se une la factura de los viajes oficiales de Susana Díaz y sus consejeros, que el año pasado ascendió a 47.005,07 euros, como refleja la web de la Administración autonómica.

Esos 47.005,07 euros en viajes del año 2017 están desglosados en:

Manutención, que supuso un coste de 3.866 euros

Alojamiento en hoteles, 14.769 euros

Billetes de avión o de tren, 28.369 euros.

En 2016, el Gobierno andaluz abonó 49.764,53 euros en viajes y en 2015, otros 30.012,36, con dinero del erario público, de tod@s l@s andaluces.

El ejercicio de transparencia del Gobierno andaluz no es total, ya que se oculta el destino de los periplos, las fechas y cuántas personas se desplazaron en la comitiva. De esta forma, es imposible saber cuánto costó un viaje concreto y cuál fue, por ejemplo, el desembolso en comidas u hoteles cada uno de los días que la expedición andaluza estuvo fuera de la comunidad.

En 2017, la presidenta de la Junta fue la más viajera o la que más fondos necesitó para sus periplos, con 9.327,78 euros, repartidos en 5.995,38 en locomoción, 3.332,40 en alojamiento y «0,00 euros» en manutención, según los datos de la Administración.

Díaz viajó el año pasado dos días -26 y 27 de septiembre- a Portugal. Se reunió con Antonio Costa, primer ministro, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía portugués, Manuel Caldeira, e inauguró un encuentro empresarial Andalucía-Portugal.

El consejero que más dinero necesitó para sus expediciones fue el de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, con 4.078,79 euros, que se reparten entre los 1.386,30 euros destinados a locomoción, 1.882,95 en alojamiento y 809,54 en manutención.

Mosso d’Esquadra a juicio por grabar de forma clandestina en ropa interior a otras agentes

El mosso d’Esquadra camufló la cámara en una bolsa de deporte y obtuvo imágenes de las agentes mientras se cambiaban la ropa. Algunas de ellas aparecen en ropa interior y mostrando diversas partes de su anatomía corporal.

Un agente de los Mossos d’Esquadra afronta una petición de cuatro años de cárcel por grabar de forma clandestina a compañeras de su comisaría, en Badalona. El agente camufló, en los bancos del vestuario femenino, una cámara de vídeo Polaroid con la que obtuvo imágenes de al menos 17 mujeres en ropa interior. La fiscalía atribuye a Iván P., que estaba adscrito a la unidad de investigación, 17 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y pide que indemnice a cada una de sus compañeras con 10.000 euros. El mosso se sentará en el banquillo el próximo miércoles.

Los hechos ocurrieron en el verano de 2015 en la comisaría de los Mossos de Badalona. Para “menoscabar la intimidad” de sus compañeras y sin que ellas lo supieran, el agente camufló la cámara en una bolsa de deporte y obtuvo imágenes de las agentes “mientras se cambiaban la ropa”. Algunas de ellas aparecen en ropa interior y “mostrando diversas partes de su anatomía corporal”, recoge el escrito de acusación de la fiscalía.

Los investigadores descubrieron una tarjeta de memoria SD que contenía 45 archivos de imagen. En el registro de su casa, también hallaron un archivo de vídeo hecho con teléfono móvil en el que igualmente aparecían varias agentes en el vestuario, en ropa interior. Además de la pena de prisión de cuatro años, la fiscalía pide que se le inhabilite para ejercer de mosso d’esquadra durante el mismo periodo.

sábado, 1 de septiembre de 2018

España: primer país en número de desapariciones forzadas de la UE y segundo en el mundo, después de Camboya

El pasado 30 de agosto se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Se trata del peor delito que se puede cometer contra un ser humano porque es la conjunción de cuatro crímenes: una detención ilegal, torturas físicas y psicológicas, el asesinato y la ocultación del cadáver para multiplicar el sufrimiento de las personas cercanas al desaparecido.

En España hay 114.226 personas desaparecidas, lo que convierte al país en el primero en número de desapariciones forzadas de la Unión Europea y en el segundo en el mundo, después de Camboya. En contraste con esa dura realidad que afecta a miles de familias, ningún Gobierno tras la muerte del dictador fascista Francisco Franco, se ha responsabilizado de la búsqueda de esas personas, de atender a las familias y de garantizarles verdad, justicia y reparación.

Bajo estas obligaciones, los Estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas deben inmediatamente buscar a cualquier persona que haya desaparecido. Deben también adoptar políticas públicas para facilitar las búsquedas consultando con los familiares de la persona desaparecida. La búsqueda debe ser llevada a cabo en línea con una estrategia integral en la que todas las hipótesis deben ser diligentemente exploradas.

A día de hoy se sigue reclamando la responsabilidad del Estado y se continúa denunciando la pasividad de los gobiernos en un país en el que cada día mueren descendientes de los desaparecidos sin haber recibido la más mínima atención por parte del Gobierno. Ni el poder legislativo, ni el ejecutivo ni el judicial han cumplido sus deberes hacia las víctimas en todos estos años.

Ni existe ningún plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas por la represión franquista que coordine la labores que ya están llevando a cabo algunas comunidades autónomas y que garantice los derechos de las víctimas después de que muchos miles de ellas hayan muerto esperando angustiadas a un Estado que nunca llegó a atenderlas.

SOV de Albacete de la CNT-AIT: inicio de conflicto sindical contra PHONE HOUSE y la empresa Huedo Sevilla

Desde el Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT queremos informar del inicio del conflicto sindical contra PHONE HOUSE y contra la empresa Huedo Sevilla, que se hace cargo de varias tiendas franquiciadas en Albacete.

El conflicto se inició cuando un trabajador de Phone House, que había estado trabajando en la empresa durante 8 años, fue despedido. El trabajador, en ese momento estaba de baja médica, después de varias semanas con un dolor de espalda que le impedía realizar su trabajo con normalidad, después de jornadas diarias de 9 horas de pie, sin poder sentarse, y obligado a subir y bajar cajas de pedidos, llenas de telefonía y accesorios que llegaban diariamente a la tienda.

Desde el momento en el que el trabajador se cogió la baja, la empresa le impidió el acceso a la información diaria, le quitaron el correo electrónico cambiándole la contraseña, y fue expulsado de los grupos de whatsapp que tenía junto a los demás compañeros y siendo ignorado en todo momento desde el inicio de la baja médica.

A los pocos días el trabajador se da cuenta que la empresa le había pagado una cantidad en concepto de finiquito y en el cual le pagaba su parte correspondiente del mes en curso y vacaciones no disfrutadas, pero nada de la indemnización que debería haber cobrado después de tanto tiempo trabajando para la empresa.

Al día siguiente, el trabajador recibe la notificación de su despido, donde se incluye la carta de despido en la cual indican que se trata de un despido disciplinario, motivado por una supuesta falsificación. Evidentemente nuestro compañero y nuestro sindicato desmiente todas las acusaciones y denunciamos que todo responde a un cobarde engaño con la intención de ahorrarse el dinero para meter en su puesto posiblemente a un familiar.

Por otra parte, durante éstas últimas semanas, nuestro sindicato se ha intentado poner en contacto con la empresa con el fin de reunirnos y llegar a un acuerdo, sin embargo, ha querido hacer oídos sordos a nuestra propuesta y se ha negado a todo tipo de negociación con nuestro sindicato. Lamentamos que la empresa haya tomado esta decisión, principalmente porque si no quiere llegar a un acuerdo voluntariamente deberá hacerlo en un pulso donde nuestro sindicato tiene poco que perder y mucho que ganar, totalmente al contrario que la empresa.

Denunciamos también el despido de una trabajadora, perteneciente a la misma franquicia que fue engañada por éste empresario. El cual le convenció para que firmara una baja voluntaria, con el compromiso de que posteriormente le haría otro contrato para seguir trabajando y no hacerle indefinida. La trabajadora, evidentemente sigue esperando.

Por todo ello, desde nuestro Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT exigimos el pago de la indemnización que le corresponde a nuestro compañero, al mismo tiempo que declaramos abierto el boicot contra Phone House con la intención de animar a la clase obrera a que se niegue completamente a comprar y contratar telefonía así como otro tipo de servicios y seguros a Phone House en Albacete, hasta que termine el conflicto con nuestro compañero y se le pague lo que le deben.

¡Phone House paga lo que debes!

¡Ningún despido sin respuesta!

¡La fuerza del obrero, la solidaridad!

La frase

“La distinción de brazo y cerebro es un comodín de la burguesía para mantener disimuladamente en servidumbre perpetua al que trabaja”.

Ricardo Mella