Las pesquisas sobre el desfalco de 7,6 millones en el Ayuntamiento de San Fernando se centran en las personas que tenían acceso a la llave de la Caja
La Policía Nacional está investigando el patrimonio de al menos media docena de funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando para conocer el destino de los 7,6 millones de euros que, según los últimos cálculos del propio Consistorio, han desaparecido de la Caja municipal en el periodo comprendido entre enero de 2003 y finales de marzo del presente año.
Fuentes oficiales indicaron ayer a este periódico que la Policía ha requerido ya la implicación de la Agencia Tributaria para que este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda haga un estudio exhaustivo del patrimonio de media docena de funcionarios del Ayuntamiento isleño, en concreto de los que, según aseguró en una de sus declaraciones el principal imputado, Clemente Ruiz García, tenían en su posesión llaves de la Caja.
Con estos pasos, se intenta esclarecer dónde ha sido guardada o invertida la cantidad tan ingente de dinero que, tras las primeras sospechas planteadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía y el propio Ayuntamiento, se ha confirmado que han desaparecido del erario público.
Estas mismas fuentes cercanas a la investigación indicaron asimismo que, por el momento, no hay previstas nuevas detenciones por esta supuesta estafa, aunque no se descarta que ello pueda producirse más adelante de acuerdo a la documentación que aporte al respecto la Agencia Tributaria.
A día de hoy, y aunque la investigación que se está llevando a cabo encierra "una gran profundidad", la Policía sigue descargando toda la responsabilidad en el principal imputado en el caso que, al igual que la otra detenida, la también funcionaria María José Lebrero de Celis, se encuentra, por decisión judicial, en libertad con cargos aunque sin necesidad de abonar fianza. La Policía sospecha que Clemente Ruiz llevaba un nivel de vida bastante superior al que en teoría debería reportarle su nómina mensual, cifrada en unos 1.400 euros. Del mismo modo, la investigación descarta por ahora la existencia de una trama de corrupción en el Ayuntamiento isleño y la implicación de dirigentes políticos en este desfalco.
Fuentes oficiales indicaron ayer a este periódico que la Policía ha requerido ya la implicación de la Agencia Tributaria para que este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda haga un estudio exhaustivo del patrimonio de media docena de funcionarios del Ayuntamiento isleño, en concreto de los que, según aseguró en una de sus declaraciones el principal imputado, Clemente Ruiz García, tenían en su posesión llaves de la Caja.
Con estos pasos, se intenta esclarecer dónde ha sido guardada o invertida la cantidad tan ingente de dinero que, tras las primeras sospechas planteadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía y el propio Ayuntamiento, se ha confirmado que han desaparecido del erario público.
Estas mismas fuentes cercanas a la investigación indicaron asimismo que, por el momento, no hay previstas nuevas detenciones por esta supuesta estafa, aunque no se descarta que ello pueda producirse más adelante de acuerdo a la documentación que aporte al respecto la Agencia Tributaria.
A día de hoy, y aunque la investigación que se está llevando a cabo encierra "una gran profundidad", la Policía sigue descargando toda la responsabilidad en el principal imputado en el caso que, al igual que la otra detenida, la también funcionaria María José Lebrero de Celis, se encuentra, por decisión judicial, en libertad con cargos aunque sin necesidad de abonar fianza. La Policía sospecha que Clemente Ruiz llevaba un nivel de vida bastante superior al que en teoría debería reportarle su nómina mensual, cifrada en unos 1.400 euros. Del mismo modo, la investigación descarta por ahora la existencia de una trama de corrupción en el Ayuntamiento isleño y la implicación de dirigentes políticos en este desfalco.
