Uno de los principales resultados de los esfuerzos desplegados por EE UU para impermeabilizar su frontera es el aumento de las muertes de quienes intentan cruzarla: al menos 5.000 fallecimientos desde 1994.
Desde el inicio de la Operación Guardián en 1994, la frontera entre México y Estados Unidos ha atestiguado la muerte de al menos 5.000 personas, todas ellas migrantes que han perdido la vida en el intento de cruzar “al otro lado”.
La esperanza provocada por el fin de la era Bush no logra apaciguar el desencanto de quienes diariamente buscan mejor vida en la tierra prometida. Un millón de mexicanos anualmente, desde hace siete años, migra y cruza esa frontera, que se ha venido reforzando precisamente con la Operación Guardián, operativo para sellar la frontera de California y desviar el tráfico de indocumentados a lugares inhóspitos y peligrosos, basado en una valla triple, con equipos militares de visión y vigilancia de 24 horas, promovida por la administración demócrata de Clinton. La esperanza es la última en morir, pero las señales que ha lanzado la nueva administración guiada ciertamente por un afroamericano, pero también por el hijo de un migrante, no son de las mejores. El nombramiento de Janet Napolitano a la Departamento de Seguridad Interna es una señal importante y clara, pues las declaraciones de la ex gobernadora de Arizona resuenan en los recuerdos de los activistas en pro de los derechos migrantes. Porque, si bien es cierto que Napolitano es una de las mayores impulsoras de la reforma migratoria que tiene como eje la regularización de los aproximadamente 12 millones de ilegales en territorio estadounidense, también es cierto que justamente la gobernadora del Estado fronterizo ha sido y es una de las mayores promotoras de la militarización de la frontera, una impulsora de la construcción del muro, una de las protagonistas en la criminalización del sujeto migrante. Y sin embargo quizás algo vaya a mejorar, pues de lo contrario la situación se hundiría definitivamente.
En efecto, por solo hablar de las numerosas muertes que se registran en la frontera, hay que mencionar el paulatino pero constante aumento de los decesos, desde los casi 500 de 2000 hasta los 827 de 2007. Según las estimaciones de las organizaciones de ayuda al migrante, como por ejemplo la Coalición Pro Defensa del Migrante, de estos números, el 36% habría muerto por deshidratación al cruzar por las zonas más áridas de la frontera; otro 19% se habría ahogado en el río Bravo que separa los dos países en la zona del estado de Texas. Finalmente, otro 8% serían los muertos por causa de ‘accidentes vehiculares’ sin mayor aclaración.
Las mismas asociaciones denuncian el incremento del número de mujeres que no sólo se mueven para alcanzar a padres, esposos, hijos o hermanos, sino que también buscan cruzar autónomamente la frontera. Y, en este caso, las estadísticas registran que de cada diez migrantes muertos en el intento de alcanzar EE UU, dos serían mujeres. Recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) dio a conocer nueva información que ayuda a completar el cuadro: desde 2001, la SRE habría recibido poco más de 4.000 peticiones de búsqueda de personas mexicanas desaparecidas en su intento de cruzar a EE UU. Además, fuentes de esta administración admiten que 900 cuerpos recuperados desde 2001 mantienen hasta la fecha la clasificación de “desconocido”.
Y si la muerte no alcanza a frenar el mal llamado flujo migratorio que atraviesa la frontera más militarizada del planeta, son las autoridades estadounidenses quienes se ocupan de expulsar y deportar a los sin papeles. Las redadas, tan difundidas por los medios de comunicación del vecino país, han dado sus frutos: desde enero de 2006 hasta mediados de 2008, un millón y medio de mexicanos han sido expulsados de EE UU. Estas cifras, difundidas por el Instituto Nacional de Migración mexicano y que no contemplan expulsiones de ciudadanos de otros países, pintan el cuadro de un fenómeno que ha ido también aumentando: en 2006, fueron 500.000 mexicanos; en 2007, poco más, y hasta agosto 2008 eran 486.000 los deportados. Una cifra impresionante, que nos habla de 40.000 mexicanos expulsados al mes. Una cifra que es rebasada solamente por los 790.000 expulsados de 2001, tras el atentado del 11-S.
Desde el inicio de la Operación Guardián en 1994, la frontera entre México y Estados Unidos ha atestiguado la muerte de al menos 5.000 personas, todas ellas migrantes que han perdido la vida en el intento de cruzar “al otro lado”.
La esperanza provocada por el fin de la era Bush no logra apaciguar el desencanto de quienes diariamente buscan mejor vida en la tierra prometida. Un millón de mexicanos anualmente, desde hace siete años, migra y cruza esa frontera, que se ha venido reforzando precisamente con la Operación Guardián, operativo para sellar la frontera de California y desviar el tráfico de indocumentados a lugares inhóspitos y peligrosos, basado en una valla triple, con equipos militares de visión y vigilancia de 24 horas, promovida por la administración demócrata de Clinton. La esperanza es la última en morir, pero las señales que ha lanzado la nueva administración guiada ciertamente por un afroamericano, pero también por el hijo de un migrante, no son de las mejores. El nombramiento de Janet Napolitano a la Departamento de Seguridad Interna es una señal importante y clara, pues las declaraciones de la ex gobernadora de Arizona resuenan en los recuerdos de los activistas en pro de los derechos migrantes. Porque, si bien es cierto que Napolitano es una de las mayores impulsoras de la reforma migratoria que tiene como eje la regularización de los aproximadamente 12 millones de ilegales en territorio estadounidense, también es cierto que justamente la gobernadora del Estado fronterizo ha sido y es una de las mayores promotoras de la militarización de la frontera, una impulsora de la construcción del muro, una de las protagonistas en la criminalización del sujeto migrante. Y sin embargo quizás algo vaya a mejorar, pues de lo contrario la situación se hundiría definitivamente.
En efecto, por solo hablar de las numerosas muertes que se registran en la frontera, hay que mencionar el paulatino pero constante aumento de los decesos, desde los casi 500 de 2000 hasta los 827 de 2007. Según las estimaciones de las organizaciones de ayuda al migrante, como por ejemplo la Coalición Pro Defensa del Migrante, de estos números, el 36% habría muerto por deshidratación al cruzar por las zonas más áridas de la frontera; otro 19% se habría ahogado en el río Bravo que separa los dos países en la zona del estado de Texas. Finalmente, otro 8% serían los muertos por causa de ‘accidentes vehiculares’ sin mayor aclaración.
Las mismas asociaciones denuncian el incremento del número de mujeres que no sólo se mueven para alcanzar a padres, esposos, hijos o hermanos, sino que también buscan cruzar autónomamente la frontera. Y, en este caso, las estadísticas registran que de cada diez migrantes muertos en el intento de alcanzar EE UU, dos serían mujeres. Recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) dio a conocer nueva información que ayuda a completar el cuadro: desde 2001, la SRE habría recibido poco más de 4.000 peticiones de búsqueda de personas mexicanas desaparecidas en su intento de cruzar a EE UU. Además, fuentes de esta administración admiten que 900 cuerpos recuperados desde 2001 mantienen hasta la fecha la clasificación de “desconocido”.
Y si la muerte no alcanza a frenar el mal llamado flujo migratorio que atraviesa la frontera más militarizada del planeta, son las autoridades estadounidenses quienes se ocupan de expulsar y deportar a los sin papeles. Las redadas, tan difundidas por los medios de comunicación del vecino país, han dado sus frutos: desde enero de 2006 hasta mediados de 2008, un millón y medio de mexicanos han sido expulsados de EE UU. Estas cifras, difundidas por el Instituto Nacional de Migración mexicano y que no contemplan expulsiones de ciudadanos de otros países, pintan el cuadro de un fenómeno que ha ido también aumentando: en 2006, fueron 500.000 mexicanos; en 2007, poco más, y hasta agosto 2008 eran 486.000 los deportados. Una cifra impresionante, que nos habla de 40.000 mexicanos expulsados al mes. Una cifra que es rebasada solamente por los 790.000 expulsados de 2001, tras el atentado del 11-S.
