El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado no remitir las actas de sus reuniones de los últimos diez años que le ha reclamado en un auto la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el marco de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica. El Ejecutivo andaluz considera que se trata de un requerimiento "indiscriminado" que "vulneraría la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma", que acredita su carácter "reservado". ¡¡Qué poquísima verguenza!!
Así lo ha anunciado la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que la Junta ha acordado ofrecer a la magistrada "vías alternativas" para conocer "idéntica información" a la demandada a través de la "certificación de acuerdos o informes concretos" adoptados por el Consejo de Gobierno sin desvelar el contenido íntegro de las actas, lo que permitiría no vulnerar la Ley del Gobierno.
Tras señalar que esta solicitud de la magistrada es "inédita en el orden constitucional español", Moreno ha indicado que, "en el caso improbable de que el Juzgado no acepte estas vías alternativas", la Junta formulará un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, "en defensa de las potestades del Gobierno andaluz" por considerar que la juez "carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas".
Anticorrupción asume el caso
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha asumido la investigación de las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación financiados por la Junta, frente a la primera decisión de que se encargase del asunto el fiscal asignado al juzgado de instrucción 6. Fuentes de la Fiscalía de Sevilla han precisado que la fiscal jefe ha decidido asignar el caso al fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción en esta provincia, dado que las normas internas prevén esa responsabilidad para casos de corrupción de elevada cuantía, como aparentemente ocurre con las falsas prejubilaciones.
La FiscalíaAnticorrupción ya se encargaba del 'caso Mercasevilla', origen de las actuales diligencias y que investiga, en cuatro sumarios distintos, delitos de petición de comisiones, delitos societarios y la venta fraudulenta de los terrenos del mercado central. La juez de instrucción acordó la semana pasada unir las diligencias por los ERE de la Junta con el que mantenía abierto por los ERE de Mercasevilla en 2003 y 2007.
Así lo ha anunciado la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que la Junta ha acordado ofrecer a la magistrada "vías alternativas" para conocer "idéntica información" a la demandada a través de la "certificación de acuerdos o informes concretos" adoptados por el Consejo de Gobierno sin desvelar el contenido íntegro de las actas, lo que permitiría no vulnerar la Ley del Gobierno.
Tras señalar que esta solicitud de la magistrada es "inédita en el orden constitucional español", Moreno ha indicado que, "en el caso improbable de que el Juzgado no acepte estas vías alternativas", la Junta formulará un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, "en defensa de las potestades del Gobierno andaluz" por considerar que la juez "carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas".
Anticorrupción asume el caso
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha asumido la investigación de las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación financiados por la Junta, frente a la primera decisión de que se encargase del asunto el fiscal asignado al juzgado de instrucción 6. Fuentes de la Fiscalía de Sevilla han precisado que la fiscal jefe ha decidido asignar el caso al fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción en esta provincia, dado que las normas internas prevén esa responsabilidad para casos de corrupción de elevada cuantía, como aparentemente ocurre con las falsas prejubilaciones.
La FiscalíaAnticorrupción ya se encargaba del 'caso Mercasevilla', origen de las actuales diligencias y que investiga, en cuatro sumarios distintos, delitos de petición de comisiones, delitos societarios y la venta fraudulenta de los terrenos del mercado central. La juez de instrucción acordó la semana pasada unir las diligencias por los ERE de la Junta con el que mantenía abierto por los ERE de Mercasevilla en 2003 y 2007.
