Si hace unos meses fue la reforma laboral, ahora le ha tocado a las pensiones. Las corporaciones sindicales UGT y CCOO, después del amago de protesta del 29-S se han puesto de nuevo de acuerdo con el gobierno para asestar un nuevo golpe a los derechos de los trabajadores. Los recortes que se introducen son:
> Se eleva de la edad de jubilación de 65 a 67 años. A partir de 2013, se añadirá un mes por año hasta 2018 y dos meses por año desde 2019 hasta 2027. Sólo los que tengan cotizados 38 años y 6 meses, podrán jubilarse a los 65 años.
> Se incrementa el periodo de cotización de 35 años a 37 años para poder jubilarse con el 100% de la pensión. Se hará a partir de 2013 a razón de tres meses por año.
Esto hace que se modifique la escala de cálculo, de manera que se rebaja la cantidad efectiva que percibirán los trabajadores en torno a un 5% de media para unos años de cotización dados. Si ahora, un trabajador o trabajadora que haya cotizado 20 años cobra un 65% de su pensión, a partir de la reforma cobrará un 61.4%. En el caso de una cotización de 30 años, ahora se percibe un 90%, mientras que con el nuevo sistema se percibirá un 84,2% de la base reguladora de la pensión.
> Si actualmente, sólo la mitad de la clase trabajadora se jubila habiendo trabajado más de 36 años, es de suponer que las generaciones futuras van a tener muy difi cil cobrar más allá del exiguo 50% de la base reguladora que se consigue con 15 años de cotización, e incluso que muchos de ellos no puedan acceder ni siquiera a percibirla.
> Se podrán jubilar anticipadamente a partir de los 63 años, pero deberán contar con un mínimo de 33 años cotizados, además de ver como se reduce su pensión en 7,5% por cada año en que adelanten su retiro. La jubilación anticipada también se podrá aplicar a los 61 años en caso de crisis económica, pero se penaliza economicamente aún más quien trabaja, ya que serán necesarios los 33 años mínimos de cotización y además su pensión se reducirá entre 33% y un 42% de la base reguladora. Por otra parte, la jubilación especial a los 64 años, también desaparece.
> Cálculo de la pensión. El período de cálculo de la base reguladora se elevará de los 15 años actuales a 25, es decir, si hasta ahora se calculaba en función del salario de los últimos 15 años, a partir de ahora se hará teniendo en cuenta los últimos 25 años trabajados, lo que ocasionará que el importe de las pensiones se reduzca aún más, ya que los salarios más antiguos son casi siempre más bajos. Se hará de manera progresiva, a razón de un año desde 2013 hasta 2022.
> Políticas “activas” de empleo. El subsidio por desempleo de 426 euros al mes es reemplazada por otra de menos de 400, que sólo podrán percibir si realizan una serie de cursos de formación, tengan cargas familiares y carezcan de otros recursos. Es decir, que no podrán percibirla una parte muy importante de trabajadores. En cambio, se incluyen nuevas reducciones en las cuotas que abona la clase empresarial a la Seguridad Social si contratan a tiempo parcial, ya sean temporales o indefi nidos, lo que pone bien a las claras la poca intención de reducir la temporalidad de los “agentes sociales”.
> Reforma laboral. En el marco del desarrollo de la reforma laboral, se dice que se constituirá un fondo de capitalización para la clase trabajadora, mantenido a lo largo de su vida laboral que se hará efectivo en los supuestos de despido, movilidad geográfi ca, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de jubilación, dejando sin aclarar su cuantía ni de donde saldrá el dinero, aunque si se especifica bien que no saldrá de las cuotas empresariales. ¿Lo pagaremos entonces nosotros mismos? ¿vamos a tener que pagarnos nuestro propio despido?
> Nucleares y pensiones. A pesar de lo descabellado que pueda parecer, se confi rma las relación en esta negociación entre las pensiones y la energía nuclear. Gobierno y agentes sociales se comprometen a revisar los principales componentes del precio de la electricidad y discutir el desarrollo energético. Esto significará, entre otras cosas, que muy probablemente no se producirá el cierre de la central nuclear de Garoña, anunciado para 2013.
> Integración de regímenes. El acuerdo establece la integración en el REASS y Régimen Especial de Empleados de Hogar. La idea, a medio plazo, es acabar el subsidio agrario que perciben quienes trabajan en el campo, un colectivo donde la temporalidad alcanza al 94% y se trabaja una media de poco más de 30 días al año.
> Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El acuerdo pronostica una revisión de la cuotas por contingencias profesionales que se pagan a la Seguridad Social. En la práctica, esto supondrá la rebaja de la cotización empresarial por este concepto, razón por la cual los empresarios y empresarias han aceptado la presencia de UGT y CCOO en las Mutuas, que a partir de este acuerdo tendrán un sillón en los consejos de administración de las treinta mutuas que están en activo, en pago a la traición que cometen al firmar este vergonzoso este pacto.
> El gobierno intenta hacernos creer que todos estos recortes son por “nuestro bien”; que si perdemos ahora estos derechos es para garantizar el futuro de las pensiones. Pero a este ritmo, dentro de unos pocos años no quedará nada que garantizar. Cada vez está más claro que las razones no son las que nos dicen, sino precisamente las contrarias:
• Es conocido y nada oculto el deseo del sector fi nanciero de trasvasar las pensiones del sistema público al sector privado, es decir, quedarse con el negocio de las pensiones. Para ello, se ofrecen incentivos fiscales y bonificaciones, pero no es sufi ciente. Es necesario que desaparezcan las pensiones públicas, como forma de garantizarse que la totalidad de trabajadores y trabajadoras –que puedan- contratará un plan de pensiones.
• Para ello, el Pacto de Toledo introdujo un método de revisión continua para rebajar la cuantía de las pensiones públicas y el número de sus perceptores, dentro de las cuáles está la reforma actual.
Estos recortes continuarán hasta que las pensiones sean tan bajas que los trabajadores se vean abocados a contratar un plan privado de pensiones para sobrevivir en su vejez (hay que tener en cuenta que ya hoy día, casi la mitad de los jubilados cobran menos del salario mínimo interprofesional y representan el sector de población con mayor tasa de pobreza, un 26%).
• Al mismo tiempo, rebajar el volumen el sistema público de pensiones, que es contributivo, supone la posibilidad de rebajar las cuotas empresariales a la Seguridad Social y por tanto de acceder a una de las peticiones tradicionales de los empresarios.
• Con la excusa de la “sostenibilidad” del sistema público de pensiones, el acuerdo alcanzado ahora incluye que su funcionamiento se revisará cada cinco años a partir de 2027. Con esta fórmula, lo que se establece es un calendario de nuevas reformas, bajo el falso argumento del “aumento de la esperanza de vida”.
• De hecho, una buena parte del ahorro que el Gobierno espera obtener en el sistema proviene de los recortes que se aplicarán cada cinco años a partir de esa fecha, cuando se alcancen los 67 años completos como edad de jubilación y el resto de parámetros que se endurecen paulatinamente con la reforma. Y, si se aplica según lo previsto, estas revisiones irán en el sentido de:
– elevar la edad de jubilación al menos a 69 años
– aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora a toda la vida laboral
– aumentar el número mínimo de años necesarios para tener derecho a cobrar pensión
– aumentar el número de años necesarios para cobrar el 100% del importe de la pensión
Desde la CNT llamamos a la movilización continua contra estas medidas, por lo que llamamos a los trabajadores y trabajadoras a organizarse y tomar conciencia de la situación. De que la clase política nos están robando para mantener este sistema económico que les sostiene, precisamente para encargarse de hacer estas políticas. De que la crisis es un invento para retornar el capital y el negocio al sector privado y empobrecer a los pueblos. Más dinero para los accionistas, más miseria para la clase trabajadora, presente y futura.
Las reformas y los recortes de derechos no van a parar hasta que nos echemos a la calle masivamente y les digamos que no vamos a seguir soportando más. Está pasando en otros países y terminará pasando también aquí, un día u otro, pero cuanto más esperemos más pobres seremos, peores condiciones de trabajo tendremos y menos derechos por los que luchar nos quedarán.
Nadie va a solucionar tus problemas, salvo tu mism@: organizate y lucha.
Defiende tus derechos.
EN LA POLITICA DEL PSOE CONTRA LA CRISIS...
Lo que le ha tocado a los bancos y quienes se apropian de la riqueza:
> Creación del fondo de Adquisición de Activos Financieros para comprar a los bancos supuestos activo no tóxicos” por importe de 50.000 millones de euros.
> Creación del Fondo de Ordenación y Regulación Bancaria para sufragar las intervenciones y fusiones de las Cajas de Ahorros, por importe de 99.000 millones de euros.
> Avales para los bancos por importe de 227.000 millones de euros para garantizar sus operaciones financieras
> Bajar los impuestos que pagan quienes más tienen: reducción de 10 puntos en el tipo de gravamen del impuesto de sociedades, supresión del impuesto sobre el Patrimonio o rebaja del tipo de gravamen a los banqueros y sus familiares del 43% al 18% para algunas operaciones. Además, ha seguido manteniendo el tipo de gravamen de las grandes sociedades de inversión al 1%, mientras que a cualquier contribuyente se le aplica el 43%.
Lo que nos ha tocado al resto:
> Subida de los impuestos relacionados con el consumo, que pagamos todo el mundo por igual: IVA, gasolina, o tabaco entre otros.
> Privatización de AENA y Loterias del Estado, dos de las pocas empresas públicas rentables que quedaban.
> Aprobar un subsidio de 426 euros al mes para parados y paradas de larga duración y después retirarlo, porque no hay dinero.
> Eliminación del “cheque bebé”, porque no hay dinero.
> Congelar las pensiones contributivas, porque no hay dinero.
> Reducción del sueldo del funcionariado, porque no hay dinero.
> Una nueva Reforma Laboral, a pesar de que las condiciones de trabajo para hayan infl uido en absoluto en esta crisis:
• Fomento de la contratación temporal, que podrá durar hasta 4 años
• Reducción del coste de la indemnización por despìdo improcedente de 45 a 33 días por año trabajado
• Flexibilización de las causas de despido objetivo, que puede realizar casi cualquier empresa, y por el que el trabajador solo percibe como indemnización 20 días por año trabajado
• Socialización del coste del despido, ya que una parte corre a cargo del Fondo de Garantía Salarial que es sufragado por los trabajadores
• Desregulación de los convenios colectivos, ya que las condiciones de trabajo como salario, horario o jornada podrán ser modifi cados casi a voluntad del empresario, si un árbitro lo decide, aun en contra de la opinión de los “representantes” de los trabajadores.
• El salario establecido en el convenio colectivo podrá ser reducido en aquellas empresas cuya “situación y perspectivas económicas puedan verse dañadas como consecuencia de la aplicación del convenio colectivo”, aunque el convenio ni siquiera lo prevea.
En los dos últimos años de la deuda pública en circulación ha aumentado más de 190.000 millones de euros.
¿Adónde crees que ha ido el dinero? Y ¿quién lo está pagando?
¡Es hora de pararles los pies!
> Se eleva de la edad de jubilación de 65 a 67 años. A partir de 2013, se añadirá un mes por año hasta 2018 y dos meses por año desde 2019 hasta 2027. Sólo los que tengan cotizados 38 años y 6 meses, podrán jubilarse a los 65 años.
> Se incrementa el periodo de cotización de 35 años a 37 años para poder jubilarse con el 100% de la pensión. Se hará a partir de 2013 a razón de tres meses por año.
Esto hace que se modifique la escala de cálculo, de manera que se rebaja la cantidad efectiva que percibirán los trabajadores en torno a un 5% de media para unos años de cotización dados. Si ahora, un trabajador o trabajadora que haya cotizado 20 años cobra un 65% de su pensión, a partir de la reforma cobrará un 61.4%. En el caso de una cotización de 30 años, ahora se percibe un 90%, mientras que con el nuevo sistema se percibirá un 84,2% de la base reguladora de la pensión.
> Si actualmente, sólo la mitad de la clase trabajadora se jubila habiendo trabajado más de 36 años, es de suponer que las generaciones futuras van a tener muy difi cil cobrar más allá del exiguo 50% de la base reguladora que se consigue con 15 años de cotización, e incluso que muchos de ellos no puedan acceder ni siquiera a percibirla.
> Se podrán jubilar anticipadamente a partir de los 63 años, pero deberán contar con un mínimo de 33 años cotizados, además de ver como se reduce su pensión en 7,5% por cada año en que adelanten su retiro. La jubilación anticipada también se podrá aplicar a los 61 años en caso de crisis económica, pero se penaliza economicamente aún más quien trabaja, ya que serán necesarios los 33 años mínimos de cotización y además su pensión se reducirá entre 33% y un 42% de la base reguladora. Por otra parte, la jubilación especial a los 64 años, también desaparece.
> Cálculo de la pensión. El período de cálculo de la base reguladora se elevará de los 15 años actuales a 25, es decir, si hasta ahora se calculaba en función del salario de los últimos 15 años, a partir de ahora se hará teniendo en cuenta los últimos 25 años trabajados, lo que ocasionará que el importe de las pensiones se reduzca aún más, ya que los salarios más antiguos son casi siempre más bajos. Se hará de manera progresiva, a razón de un año desde 2013 hasta 2022.
> Políticas “activas” de empleo. El subsidio por desempleo de 426 euros al mes es reemplazada por otra de menos de 400, que sólo podrán percibir si realizan una serie de cursos de formación, tengan cargas familiares y carezcan de otros recursos. Es decir, que no podrán percibirla una parte muy importante de trabajadores. En cambio, se incluyen nuevas reducciones en las cuotas que abona la clase empresarial a la Seguridad Social si contratan a tiempo parcial, ya sean temporales o indefi nidos, lo que pone bien a las claras la poca intención de reducir la temporalidad de los “agentes sociales”.
> Reforma laboral. En el marco del desarrollo de la reforma laboral, se dice que se constituirá un fondo de capitalización para la clase trabajadora, mantenido a lo largo de su vida laboral que se hará efectivo en los supuestos de despido, movilidad geográfi ca, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de jubilación, dejando sin aclarar su cuantía ni de donde saldrá el dinero, aunque si se especifica bien que no saldrá de las cuotas empresariales. ¿Lo pagaremos entonces nosotros mismos? ¿vamos a tener que pagarnos nuestro propio despido?
> Nucleares y pensiones. A pesar de lo descabellado que pueda parecer, se confi rma las relación en esta negociación entre las pensiones y la energía nuclear. Gobierno y agentes sociales se comprometen a revisar los principales componentes del precio de la electricidad y discutir el desarrollo energético. Esto significará, entre otras cosas, que muy probablemente no se producirá el cierre de la central nuclear de Garoña, anunciado para 2013.
> Integración de regímenes. El acuerdo establece la integración en el REASS y Régimen Especial de Empleados de Hogar. La idea, a medio plazo, es acabar el subsidio agrario que perciben quienes trabajan en el campo, un colectivo donde la temporalidad alcanza al 94% y se trabaja una media de poco más de 30 días al año.
> Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El acuerdo pronostica una revisión de la cuotas por contingencias profesionales que se pagan a la Seguridad Social. En la práctica, esto supondrá la rebaja de la cotización empresarial por este concepto, razón por la cual los empresarios y empresarias han aceptado la presencia de UGT y CCOO en las Mutuas, que a partir de este acuerdo tendrán un sillón en los consejos de administración de las treinta mutuas que están en activo, en pago a la traición que cometen al firmar este vergonzoso este pacto.
> El gobierno intenta hacernos creer que todos estos recortes son por “nuestro bien”; que si perdemos ahora estos derechos es para garantizar el futuro de las pensiones. Pero a este ritmo, dentro de unos pocos años no quedará nada que garantizar. Cada vez está más claro que las razones no son las que nos dicen, sino precisamente las contrarias:
• Es conocido y nada oculto el deseo del sector fi nanciero de trasvasar las pensiones del sistema público al sector privado, es decir, quedarse con el negocio de las pensiones. Para ello, se ofrecen incentivos fiscales y bonificaciones, pero no es sufi ciente. Es necesario que desaparezcan las pensiones públicas, como forma de garantizarse que la totalidad de trabajadores y trabajadoras –que puedan- contratará un plan de pensiones.
• Para ello, el Pacto de Toledo introdujo un método de revisión continua para rebajar la cuantía de las pensiones públicas y el número de sus perceptores, dentro de las cuáles está la reforma actual.
Estos recortes continuarán hasta que las pensiones sean tan bajas que los trabajadores se vean abocados a contratar un plan privado de pensiones para sobrevivir en su vejez (hay que tener en cuenta que ya hoy día, casi la mitad de los jubilados cobran menos del salario mínimo interprofesional y representan el sector de población con mayor tasa de pobreza, un 26%).
• Al mismo tiempo, rebajar el volumen el sistema público de pensiones, que es contributivo, supone la posibilidad de rebajar las cuotas empresariales a la Seguridad Social y por tanto de acceder a una de las peticiones tradicionales de los empresarios.
• Con la excusa de la “sostenibilidad” del sistema público de pensiones, el acuerdo alcanzado ahora incluye que su funcionamiento se revisará cada cinco años a partir de 2027. Con esta fórmula, lo que se establece es un calendario de nuevas reformas, bajo el falso argumento del “aumento de la esperanza de vida”.
• De hecho, una buena parte del ahorro que el Gobierno espera obtener en el sistema proviene de los recortes que se aplicarán cada cinco años a partir de esa fecha, cuando se alcancen los 67 años completos como edad de jubilación y el resto de parámetros que se endurecen paulatinamente con la reforma. Y, si se aplica según lo previsto, estas revisiones irán en el sentido de:
– elevar la edad de jubilación al menos a 69 años
– aumentar el periodo de cálculo de la base reguladora a toda la vida laboral
– aumentar el número mínimo de años necesarios para tener derecho a cobrar pensión
– aumentar el número de años necesarios para cobrar el 100% del importe de la pensión
Desde la CNT llamamos a la movilización continua contra estas medidas, por lo que llamamos a los trabajadores y trabajadoras a organizarse y tomar conciencia de la situación. De que la clase política nos están robando para mantener este sistema económico que les sostiene, precisamente para encargarse de hacer estas políticas. De que la crisis es un invento para retornar el capital y el negocio al sector privado y empobrecer a los pueblos. Más dinero para los accionistas, más miseria para la clase trabajadora, presente y futura.
Las reformas y los recortes de derechos no van a parar hasta que nos echemos a la calle masivamente y les digamos que no vamos a seguir soportando más. Está pasando en otros países y terminará pasando también aquí, un día u otro, pero cuanto más esperemos más pobres seremos, peores condiciones de trabajo tendremos y menos derechos por los que luchar nos quedarán.
Nadie va a solucionar tus problemas, salvo tu mism@: organizate y lucha.
Defiende tus derechos.
EN LA POLITICA DEL PSOE CONTRA LA CRISIS...
Lo que le ha tocado a los bancos y quienes se apropian de la riqueza:
> Creación del fondo de Adquisición de Activos Financieros para comprar a los bancos supuestos activo no tóxicos” por importe de 50.000 millones de euros.
> Creación del Fondo de Ordenación y Regulación Bancaria para sufragar las intervenciones y fusiones de las Cajas de Ahorros, por importe de 99.000 millones de euros.
> Avales para los bancos por importe de 227.000 millones de euros para garantizar sus operaciones financieras
> Bajar los impuestos que pagan quienes más tienen: reducción de 10 puntos en el tipo de gravamen del impuesto de sociedades, supresión del impuesto sobre el Patrimonio o rebaja del tipo de gravamen a los banqueros y sus familiares del 43% al 18% para algunas operaciones. Además, ha seguido manteniendo el tipo de gravamen de las grandes sociedades de inversión al 1%, mientras que a cualquier contribuyente se le aplica el 43%.
Lo que nos ha tocado al resto:
> Subida de los impuestos relacionados con el consumo, que pagamos todo el mundo por igual: IVA, gasolina, o tabaco entre otros.
> Privatización de AENA y Loterias del Estado, dos de las pocas empresas públicas rentables que quedaban.
> Aprobar un subsidio de 426 euros al mes para parados y paradas de larga duración y después retirarlo, porque no hay dinero.
> Eliminación del “cheque bebé”, porque no hay dinero.
> Congelar las pensiones contributivas, porque no hay dinero.
> Reducción del sueldo del funcionariado, porque no hay dinero.
> Una nueva Reforma Laboral, a pesar de que las condiciones de trabajo para hayan infl uido en absoluto en esta crisis:
• Fomento de la contratación temporal, que podrá durar hasta 4 años
• Reducción del coste de la indemnización por despìdo improcedente de 45 a 33 días por año trabajado
• Flexibilización de las causas de despido objetivo, que puede realizar casi cualquier empresa, y por el que el trabajador solo percibe como indemnización 20 días por año trabajado
• Socialización del coste del despido, ya que una parte corre a cargo del Fondo de Garantía Salarial que es sufragado por los trabajadores
• Desregulación de los convenios colectivos, ya que las condiciones de trabajo como salario, horario o jornada podrán ser modifi cados casi a voluntad del empresario, si un árbitro lo decide, aun en contra de la opinión de los “representantes” de los trabajadores.
• El salario establecido en el convenio colectivo podrá ser reducido en aquellas empresas cuya “situación y perspectivas económicas puedan verse dañadas como consecuencia de la aplicación del convenio colectivo”, aunque el convenio ni siquiera lo prevea.
En los dos últimos años de la deuda pública en circulación ha aumentado más de 190.000 millones de euros.
¿Adónde crees que ha ido el dinero? Y ¿quién lo está pagando?
¡Es hora de pararles los pies!
Secretariado permanente del Comité Confederal de CNT-AIT
