La accesibilidad arquitectónica, urbanística y en el transporte es un derecho básico para las personas discapacitadas. Para valorar hasta qué punto las diferentes administraciones han trabajado en este ámbito, y con el ánimo de sensibilizar a la población en general, se han analizado la accesibilidad en 143 edificios de uso público repartidos en 12 capitales de provincia.
Un problema que afecta a todos
Los problemas de accesibilidad afectan especialmente a los minusválidos en silla de ruedas, aunque éstos no son los únicos perjudicados: según el Instituto Nacional de Estadística, un 9% de la población tiene deficiencias que le dificultan desplazarse, ver, oír, comunicarse, etc.
Pero lo cierto es que una buena accesibilidad beneficia a todos: cuando se lleva a un niño en una sillita, cuando se cojea por culpa de una lesión, cuando se va cargado, o simplemente, porque un acceso sencillo es sinónimo de comodidad.
A pesar de ello, el estudio revela que la mitad de los edificios de uso público visitados tienen problemas de accesibilidad. Se trata de obstáculos y barreras tales que, en muchos casos, pueden llegar a impedir a un minusválido cumplir con una obligación (pagar un impuesto), hacer uso de un derecho (pedir el subsidio de desempleo) o disfrutar de actividades lúdicas o culturales (ir al cine).
Accesibilidad exterior
La primera parte del estudio se centró en los medios de transporte y las barreras urbanísticas que pudiese haber en los alrededores de los edificios analizados.
- Más de la mitad de los edificios no tienen cerca de la entrada pasos de peatones adecuados para sillas de minusválidos; bien porque no tienen vado, o porque aún teniéndolo están mal construidos y tienen un escalón con un desnivel superior a 3 cm.
- Tan solo una tercera parte de los edificios dispone de plazas reservadas para minusválidos frente a la puerta principal; además, apenas una quinta parte de estos edificios cuenta con un parking cercano donde haya plazas reservadas para ellos.
- La mayoría los edificios contaba en sus cercanías (a no más de 200 m) con alguna parada de autobús, metro o tren adaptada para personas discapacitadas. Sin embargo, el grado de adaptación no siempre es el ideal: por ejemplo, aunque la plataforma baja de un autobús facilita su uso a ancianos, niños y otras personas de movilidad reducida, un minusválido en silla de ruedas necesita además una rampa extensible.
En definitiva, en lo que respecta a la accesibilidad exterior (transporte y urbanismo), los resultados del análisis dejan mucho que desear: el 39% de los edificios de uso público analizados son poco o nada accesibles.
Accesibilidad interior
El núcleo del estudio fue el análisis interior de los edificios seleccionados. Lo que se conoce como accesibilidad arquitectónica.
- El principal problema de acceso al que se enfrenta una persona con minusvalía son las escaleras. Pues bien, en cuatro de cada cinco de cada diez edificios visitados había dos o más escalones; en estos casos, únicamente el 40% de los edificios tenían medios alternativos (rampas, ascensores, plataformas) para superarlos.
- Aunque ocho de cada diez rampas eran utilizables por una persona en silla de ruedas, únicamente un 9% fueron sido valoradas con la máxima puntuación; las deficiencias más comunes fueron una excesiva pendiente, su estrechez, la falta de espacio para maniobrar y la ausencia de una barandilla para apoyarse.
- La presencia de un ascensor para subir o bajar de planta es imprescindible en el caso de las personas discapacitadas. A pesar de ello, el 13% de los ascensores analizados son difícilmente utilizables, o incluso imposibles de usar por un minusválido en silla de ruedas. Las razones principales fueron la estrechez de la puerta y las reducidas dimensiones interiores.
- En cuanto a las plataformas elevadoras, dos de las doce que se analizaron (situadas todas ellas en la entrada del edificio) estaban fuera de servicio.
- La puerta es otro de los obstáculos principales, especialmente para las personas en silla de ruedas. Una de cada diez era difícil de superar, generalmente porque era de doble hoja y uno de sus lados estaba cerrado (para desbloquearla hay que quitar un pestillo arriba). Otros fallos bastante comunes son la escasa anchura de la puerta, su excesivo peso o un picaporte complicado de usar.
- Algunos de los edificios visitados ofrecen entradas alternativas preparadas especialmente para discapacitados. Se trata de una solución razonable, siempre que esta otra entrada esté correctamente señalizada y que permita el pleno acceso al resto de dependencias, lo que raras veces sucede.
En resumen, el 36% de los edificios analizados es poco o nada accesible interiormente, principalmente por la ausencia de alternativas (rampas, ascensores...) a los escalones.
Los cuartos de baño
Entre los edificios visitados que disponen de servicios públicos, casi la mitad de los cuartos de baño (47%) son inaccesibles para una persona en silla de ruedas; aunque parezca mentira tratándose de edificios de uso público, son servicios que no están diseñados para el empleo por discapacitados.
Otro 17% de los cuartos de baño son difíciles de usar. Los problemas están relacionados con varios factores: las puertas, bien porque sean estrechas (inferiores a 70 cm), o porque se abran hacia dentro en vez de hacia fuera; los lavabos e inodoros, por su excesiva altura y por la falta de espacio para acceder a ellos desde una silla de ruedas; y, cómo no, la ausencia de barras de transferencia para utilizar el inodoro.
Discapacitados sensoriales
Los sordos y los ciegos, además, padecen una serie de problemas propios.
- En el caso de los discapacitados auditivos, casi no hay edificios que cuenten con medios de comunicación específicos para ellos: teléfonos de texto, o ¿por qué no?, alguien familiarizado con el leguaje de los signos. En cualquier caso, para que los sordomudos puedan valerse por sí mismos, es fundamental la presencia de información escrita: por ejemplo, que cada ventanilla de atención tenga escrito en un lugar visible las tareas que realiza.
- Respecto a las personas con graves deficiencias visuales, los problemas son: falta de indicadores acústicos, ya sea en los pasos de peatones como en los ascensores; ausencia de franjas señalizadoras (en un color o textura diferente) de escaleras y ascensores; barandillas cortas y cuyos extremos terminan en punta, etc.
Los resultados del análisis revelan que el 47% de los edificios analizados son poco o nada accesibles para los discapacitados sensoriales.
Conclusión
Los problemas más comunes tienen que ver con la presencia de escalones (y la ausencia de alternativas a ellos) y los cuartos de baño; pero también con las deficiencias de las propias alternativas a los escalones (rampas, ascensores), la falta de plazas de aparcamiento para minusválidos, los medios públicos de transporte, los pasos de peatones, las puertas, las barandillas… y, ¿cómo no? las barreras específicas que padecen los discapacitados sensoriales.
El estudio revela una sensibilidad muy diferente según nos encontremos en una u otra ciudad, o en uno u otro tipo de edificio. Estos resultados no son casuales; guardan en muchos casos una estrecha relación con el esfuerzo que las diferentes administraciones locales o autonómicas han hecho por ofrecer a sus ciudadanos una ciudad accesible para todos. El retraso o la ausencia de leyes y normas adecuadas, la falta de planes de accesibilidad y la falta de sensibilidad hacia colectivos de discapacitados explican los malos resultados en algunas ciudades.
Por todo ello, se exige a las diferentes administraciones:
- Armonizar las normas actuales de accesibilidad bajo unos criterios de mínimos: la heterogeneidad legislativa es tal, que un mismo edificio puede ser calificado como accesible o no en función de la ciudad donde se encuentre.
- Completar la normativa en aquellas comunidades más retrasadas especialmente en lo referido a Reglamentos.
- Acelerar la elaboración de Planes de Accesibilidad en los que se establezcan los objetivos, plazos y medios para eliminar las barreras arquitectónicas y diseñar ciudades más accesibles.
- Cumplimiento de la normativa tanto en la eliminación de barreras como en la construcción de nuevos edificios, sancionando cuando sea necesario.
Ficha técnica del análisis
Los técnicos analizaron entre los meses de septiembre y octubre un total de 143 edificios de uso público repartidos en 12 ciudades diferentes: Badajoz, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, Murcia, Pamplona, Salamanca, Sta. Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
En todas las ciudades se visitó el mismo tipo de edificio y se realizó el mismo trámite: el Ayuntamiento (pedir un certificado de empadronamiento), el Registro Civil (registrar a un niño), la Jefatura Provincial de Tráfico (solicitar la baja de un vehículo), la Escuela Oficial de Idiomas y el Conservatorio de Música (ir a una clase), una Oficina de Empleo (pedir el subsidio por desempleo), un Centro de Salud (entrar en una consulta), una Oficina de Hacienda (pagar el IRPF), una Oficina de Correos (recoger una carta y comprar sellos), una Oficina de Expedición de DNI (renovar el DNI), una biblioteca (solicitar un libro y leerlo) y un cine (ver una película). Cuando había más de uno de estos edificios en una misma ciudad, se eligió uno al azar. En Murcia no se pudo visitar la Escuela Oficial de Idiomas porque estaba en obras.
