Los niños son sumamente útiles para el desarrollo de la guerra, los conflictos armados y actividades colaterales. Son perfectos señuelos, agudos informantes, son baratos, ágiles, aprenden a matar rápido, sienten miedo, ejecutan órdenes sin preguntar, son fácilmente manipulables y cuando mueren - y no tienen papeles de identidad- nadie protesta. Estos niños usados para la guerra y actividades ilegales son también tristemente llamados «desechables». Llama la atención que el Presidente Chávez -para algunos en el umbral de convertirse en dictador- haya hecho una clara distinción entre tres categorías de detenidos: paramilitares profesionales, jóvenes entrenándose como paramilitares y niños reclutados para la guerra. El presidente agregó en una rueda de prensa con corresponsales internacionales «no puedo ver a estos niños como paramilitares, los veo como si fueran mis hijos, deberían estar jugando felices, estudiando en una escuela bolivariana», ( pero defiende y justifica a grupos que los utilizan). En efecto, los niños reclutados para la guerra requieren de la máxima protección de los Estados, por ello tanto Venezuela como Colombia han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Además cabe destacar que la nueva Corte Penal Internacional califica el reclutamiento de niños para la guerra o los conflictos armados como un «crimen de guerra» sobre el que debe aplicarse todo el peso de la ley. De los adolescentes capturados, ocho son muchachos y una muchacha. Las niñas reclutadas para la guerra -sea por su propia voluntad o por la fuerza- suelen ser explotadas sexualmente, ofrecidas como premio a los combatientes, violadas y obligadas a servir como domésticas y cómplices de las atrocidades que se cometan. Pero tratar el asunto de los niños «paras» exige ir a las raíces del problema, más del 90% de los niños reclutados para la guerra son niños pobres, niños de la calle, sin familia o con familias uniparentales, sin oportunidades de estudio o trabajo, para quienes la violencia puede presentarse como una única alternativa. Los adolescentes detenidos que integraban el grupo de paramilitares colombianos con el objetivo de desestabilizar el orden público y cometer un magnicidio contra el Presidente Chávez están recibiendo la protección a que tienen derecho, de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales. En su momento, la justicia de los estados involucrados decidirá una pena acorde a la edad y desarrollo de estos adolescentes y a las leyes infringidas. Así también habrá de decidir sobre su rehabilitación y reinserción en la sociedad como seres humanos productivos.
