Doble represión: sindical de UGT y política del PSOE

Con motivo de una concentración, en junio de 2006, por la defensa de los puestos de trabajo y del futuro del astillero de Juliana Constructora de Gijón, la policía cargó, inopinadamente, contra los trabajadores allí concentrados y se produjo un enorme barullo en donde numerosos trabajadores resultaron lesionados y también media docena de policías. En la carga, iniciada exclusivamente por la policía, resultó herido un agente con una brecha en la frente sin mayor trascendencia como se puede deducir por las fotos de la prensa y por declaraciones de los testigos. El policía, correctamente uniformado con la camisa blanca y limpia, salió por su propio pie y sin ningún síntoma de especial importancia. Atrás queda que el forense le diera el alta 312 días después aunque, paradójicamente, el agente todavía continúe de baja 18 meses después. El altercado se produjo en presencia de las autoridades PSOE e IU del ayuntamiento de Gijón, de las autonómicas de Asturias y del Delegado del Gobierno cuando celebraban la inauguración del Acuario construido encima de los restos de un astillero y de otras industrias ubicadas en los alrededores. Un trabajador del astillero, José Antonio Rodríguez Bobes, afilado a UGT, fue acusado, presuntamente claro, de ser el autor de las lesiones causadas al policía. El juzgado pide nada menos que 5 años de prisión y una fianza de 40.000 € que ya ha sido depositada, mientras que la acusación eleva la pena a 6 años y a una indemnización de 90.000 €. Hasta aquí todo es normal si es que se acepta como normal la criminalización de los movimientos laborales y sociales y que estos pueden ser reprimidos sin motivo que lo justifique, delante -precisamente- de las máximas autoridades municipales y autonómicas, aunque se supone -como es obvio- que todo ocurrió siguiendo órdenes de las propias autoridades. Pero, la situación es mucho más grave y va más allá de lo dicho hasta ahora. El trabajador del astillero Juliana Constructora, José Antonio Rodríguez Bobes, sufre una represión adicional -si es que la descrita no es suficiente- como es la de su propio sindicato UGT, que en este momento está siguiendo las directrices marcadas por el PSOE, al pie de la letra, sin que se vea ninguna salida después de año y medio mientras UGT le aseguraba que todo estaba resuelto. El martes 22 de enero se celebró en Gijón la anunciada manifestación "Contra la Represión y por las Libertades" convocada por los sindicatos CCOO, USO, CGT, SUATEA, CNT y CSI con la significativa ausencia de UGT. Acudieron cerca de 5.000 manifestantes sin que se produjera incidente alguno: los petardos estrepitosos de siempre, la megafonía recordando los lemas de la manifestación (algunos como obligado estribillo "alcaldesa carcelera" o "Trevín dimisión", refiriéndose al delegado del gobierno), un grupo de gaitas y tambores y la Charanga Ventolín -la de "Carne de Gallina" de Javier Maqua- y de tantos otros eventos, dieron vida a la marcha. Leyó el comunicado final Teresa Tuñón, la brigadista que permaneció en Iraq durante el asalto y bombardeo de EEUU en 2003. No aparecieron ni el PSOE, lo mismo que el PP, que son parte de la otra parte, de hecho, son los contrarios. Izquierda Unida, que si bien apoyó la manifestación, no consideró oportuno aportar ni una sola pancarta, ni pegatina, ni banderita y, aunque seguramente acudieron algunas decenas de sus simpatizantes, en cambio no llegaron a la media docena los militantes significados que ni siquiera encabezaron la manifestación y ninguna de las pancartas, pero seguro serán noticia en prensa y foto. Los convocantes a la manifestación decidieron dar un especial énfasis al problema de José Antonio por ser el principal represaliado, y el más desamparado, pero sin olvidar a otros muchos que también están con graves problemas penales por reivindicaciones laborales o sociales llevados por la vía de lo criminal, como criminales. El sindicato UGT al que está afiliado José Antonio se negó expresamente a que en la manifestación apareciera ninguna pancarta o símbolo de su sindicato y, en efecto, ni una sola pegatina en la solapa de algún despistado pudo ser vista. El letrado de UGT que lleva la defensa de José Antonio le "recomendó" que no asistiera a la manifestación (Convocada legalmente y en buena parte para su apoyo) Desde que se formuló la acusación, UGT aseguraba que todo estaba resuelto y así lo creía la asamblea del astillero y el propio acusado, aunque José Antonio tuviera que presentarse obligatoriamente cada 15 días en el juzgado para con su firma asegurar que no era un prófugo. Las órdenes del su letrado (o de su sindicato UGT) eran, y siguen siendo, que nada de movilizaciones, ni de publicidad, ni siquiera de dar el nombre del trabajador que siempre aparecía como J. A. R. B. convertido así en un represaliado anónimo, inexistente. Todo en secreto conforme a la consigna de UGT y de su subordinado equipo jurídico. Pero la acusación particular es más práctica porque eleva la indemnización hasta los 90.000 €, de momento, basándose en que el policía ha de pasar a un trabajo profesional menos remunerado o a una especie de prejubilación por las "secuelas" de la supuesta agresión. Pero, sin embargo la defensa, junto con UGT, olvidan que el Fiscal es también otra parte más del proceso penal abierto y que puede mantener todo lo anterior o el triple si lo cree oportuno o aunque no lo crea. José Antonio está siendo víctima y represaliado por todos los costados. De momento engañado por su sindicato UGT que le dijo y repitió durante año y medio que todo estaba solucionado cuando hace unos cuantos días se destapa que todos los cargo siguen su curso y en pié aunque detrás esté el gobierno municipal, el autonómico y un delegado del gobierno afín a su sindicato pero que le están llevando a las puertas de la cárcel, eso sí, con las buenas palabras de todos y el silencio y pasividad de las autoridades ante una situación personal nada deseable en donde están jugando con su empleo y con su futuro en medio de una gran incertidumbre, como es fácil suponer, para José Antonio y su familia.