El vertido del Golfo de México fue "un accidente evitable" causado por "una serie de fallos y errores" atribuibles por igual a las tres compañías responsables: BP, Transocean y Halliburton. Hasta aquí la conclusión de la comisión creada por el presidente Obama, que hará público en los próximos días un durísimo informe en el que también culpa a los organismos reguladores del Gobierno federal por su total permisividad hacia la industria del petróleo.
"La explosión no fue exactamente el producto de una serie de decisiones aberrantes", concluye la investigación. "La raíz de las causas está en el sistema, y sin una reforma significativa en las prácticas de la industria o en las regulaciones del Gobierno, se puede volver a producir un accidente similar".
La portavoz del Ministerio de Interior, Kendra Barkoff, replicó alegando que su departamento lleva meses trabajando en "reformas agresivas" para evitar futuros accidentes, mientras los tres sospechosos habituales del mayor vertido en la historia de EEUU (800 millones de litros de crudo derramados) volvieron a culparse entre ellos.
Tanto Transocean como Halliburton acusaron a BP –propietaria del pozo- de haber tomado las "decisiones críticas" que precedieron a la explosión de la plataforma petrolífera, causada por una fuga de metano el pasado 20 abril.
La compañía británica, que ha sido llevada a los tribunales por el Gobierno Federal y se ha comprometido a crear un fondo de compensación de 20.000 millones de dólares, recalcó por su parte la responsabilidad compartida y aseguró que ya se han tomado medidas para minimizar los riesgos en las perforaciones a gran profundidad.
La comisión presidencial ha concluido sin embargo que las tres compañías -y varios subcontratistas trabajando a sus órdenes- incurrieron en "una serie de medidas peligrosas para ahorrar tiempo sin considerar los riesgos". El informe ha detectado una preocupante "falta de comunicación" entre los responsables de las operaciones y una "insuficiente atención a los problemas detectados en el pozo".
El panel de siete miembros –dirigidos por el ex senador Bob Graham y el ex administrador de la Agencia de Protección Ambiental William Reilly- ha identificado hasta nueve "acciones temerarias", adoptadas con la intención de ahorrar tiempo y dinero y "en detrimento de varias opciones disponibles y menos arriesgadas".
El accidente ocurrió en la transición de la fase de exploración a la de explotación del pozo, cuando se estaba procediendo al sellado temporal de la boca a más de mil metros de profundidan en el fondo marino. La comisión ha determinado que no se instalaron los suficientes mecanismos para estabilizar el pozo, que se procedió a la extracción precipitada de barro y fluidos antes de sellarlo con cemento y que se ignoraron los resultados de una prueba que demostró un fallo en la presión horas antes del accidente.
