Cárceles en México

“¿Para qué cree usted que sirven las cárceles? Es pura corrupción. Es negocio”, dice la señora mientras levanta la bolsa de tela llena de comida que trae para su hijo y avanza en la fila. “Sirve para que los que pueden, se hagan ricos”. Detrás de ella se pueden leer las imponentes letras RECLUSORIO ORIENTE. “¿Y cree que las cáceles puedan reeducar a los internos? ¡No!”, exclama exasperada. “Aquí se vuelven peor.” Las cárceles, a nivel mundial, han fracasado en lograr lo que en teoría es su principal objetivo: readaptar a prisioneros y controlar el crimen. La idea de readaptación está basada en un concepto de cárcel muy lejano a la realidad que se vive en México. Contrario a lo que el ciudadano común imagina, los reclusorios de nuestro país no están habitados por peligrosos delincuentes sino principalmente por hombres jóvenes (menores de 30), de escasos recursos, acusados de delitos menores (como robo simple y lesiones).

Estos hombres (y mujeres) viven en condiciones paupérrimas durmiendo a veces 14 personas en celdas construidas para 6 personas, con alimentos de pésima calidad, sin servicios adecuados de salud, sin oportunidades para capacitarse y dependiendo de sus familiares para satisfacer toda clase de necesidades básicas. Cerca de la mitad de los presos a nivel nacional están en proceso; es decir, no han sido encontrados culpables de delito alguno, recluidos “preventivamente”. En la práctica, procesados, sentenciados, delincuentes de alta peligrosidad e infractores menores son puestos a competir por espacio, comida, cobija, calzado y, también, por el mando informal dentro de la prisión. Nada más lejos de esta realidad que la prisión de Bastoy, Noruega, en la que, sin paredes que delimiten la prisión y pensando en la reeducación, cada recluso tiene su propio cuarto y asiste a clases de todo tipo como yoga y música.

Las cárceles, tal como hoy operan, excluyen y marcan de forma permanente a acusados y, lo que es más grave, a sus familias. El resultado es que, una vez liberados, les resulta aún más difícil obtener educación y empleo que antes de ser encarcelados. La mayoría de los presos del país permanecen en prisión corto tiempo —ya sea porque nunca se comprueba su culpabilidad o porque, al ser acusados de delitos menores, acceden a beneficios de preliberación—. Regresan a sus comunidades, sintiéndose enojados e inadecuados y con aun menores posibilidades de entrar al mercado laboral legal. No sorprende el alto índice de reincidencia.
La prevención del delito es una función de la policía, no de las cárceles, pero en México insistimos en usar las cárceles para prevenir delitos. Está ampliamente demostrado que el uso masivo de cárceles, sobre todo cuando el sistema penal es percibido como imparcial e injusto, produce reacciones de subversión entre la población. En este sentido, lejos de ayudar a controlar la criminalidad un sistema penitenciario sobre utilizado y ligado a un sistema de justicia percibido como injusto fomenta actitudes de desobediencia en la población afectada por el sistema.

Por su carácter intrusivo, el derecho penal, y en especial las cárceles, debe ser usado como ultima alternativa, sólo cuando otras medidas se han probado y fracasado y, sólo en casos que lo ameritan. Debe ser reservadas para los delincuentes de alta peligrosidad, que hoy sólo corresponden a 7% de la población penitenciaria. Más de la mitad de las personas que hoy están presos(as), no tendrían que estar ahí. Los problemas de hacinamiento no se resuelve con más cárceles ni con más recursos, sino con un uso más racional de los recursos existentes. Mientras el proceso penal y la administración del castigo siga siendo negocio para unos cuantos, seguiremos siendo testigos de la enorme injusticia e irracionalidad que hoy comete el sistema penal mexicano.