La CEOE y las organizaciones empresariales que representa consideran que "no deberían ser incluidas" junto a los entes públicos en la Ley de Transparencia, ha explicado hoy en el Congreso el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro.
En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que tramita esta ley, el representante de los empresarios ha dicho que estos son "partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados", y ha rechazado que sea legítima la "obtención de información de entidades privadas".
Lázaro ha argumentado que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar periódicamente del estado de ejecución de su presupuesto", ni que tenga que "auditar obligatoriamente sus cuentas", y que no le parece "pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente".
Además, ha defendido la necesidad de un "control flexible" que permita el funcionamiento de sus 4.500 organizaciones, muchas de ellas muy pequeñas, a las que la ley impone "obligaciones formales difíciles de asumir".
El "chiringuito" de la CEOE
El "chiringuito" que tiene montado la patronal española CEOE es, si cabe, más opaco, indecente, corrupto y habituado a la subvención, el despilfarro y el abuso que el denostado de los partidos políticos y "sindicatos" amarillos. La CEOE tiene un presidente, 9 vicepresidentes, 221 miembros en su Junta Directiva, 3.729 empleados y 486 sedes en toda España. Su presupuesto anual es de 587 millones de euros, 400 de los cuales proceden de subvenciones públicas, pagadas con los impuestos de los ciudadanos. No hace mucho indemnizó a uno de sus directivos con 1.9 millones de euros, muy por encima de las exiguas indemnizaciones por despido que recomienda aplicar a sus empresas afiliadas. Su comportamiento a la hora de rendir cuenta del dinero público que recibe es tan opaco o mas que el de los partidos y "sindicatos" reformistas, sin que los ciudadanos lleguen a conocer qué hacen con sus dineros.
La CEOE nos cuesta a los españoles más dinero que el Congreso, el Senado y varios ministerios juntos, todo una locura incosteable, un despilfarro abrumador, propio de un Estado como el español, que parece haber sido diseñado por piratas y gestionado por dementes de la "Cosa Nostra".
Las organizaciones patronales son por lo menos tan mimadas por los gobiernos como los "sindicatos" vendeobreros. En sus sedes tienen montados verdaderos emporios empresariales, de los que se aprovechan familias y amigos de los dirigentes de CEOE, que ganan sumas importante prestando servicios a un mercado casi cautivo, integrado por las empresas afiliadas a la organización. El mismo "modus vivendi" de los "sindicatos" del poder CC.OO. y UGT sobre opacidad en los cursos de formación y financiación a través de esos y de otros programas es aplicable también a la patronal, que, sin embargo, disfruta de una imagen pública mucho mejor porque son cuidadas por las grandes empresas editoras del país, que a su vez reciben favores de distinto tipo y contratos publicitarios de las organizaciones patronales.
La CEOE acusa a la empresa pública de ser opaca y de carecer de controles suficientes, pero ellos no le van a la zaga y, en la práctica, están todavía menos controladas que las mas opacas empresas e instituciones de las administraciones central y autonómica.
La CEOE solo se dedica a defender los intereses de las grandes empresas, que son las que pueden pagar sus cuotas de afiliados y se sientan en su Junta Directiva. En España han desaparecido casi 700.000 pequeñas y medianas empresas en los últimos años, víctimas de la crisis, de los impuestos abusivos y de los impagos de las administraciones, sin que la CEOE haya alzado la voz, ni emitido una protesta sólida.
Todo indica que la organización patronal está infectada, al igual que los "sindicatos" sbvencionados, de las mismas enfermedades que afectan a la política española: corrupción, abuso de poder, despilfarro, opacidad, pérdida de valores, adicción a las subvenciones públicas y prioridad de los propios intereses sobre el bien común.
