Centrándose en los sindicatos, la magistrada reitera que, según datos bancarios y fiscales, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3,2 millones de euros a ambas organizaciones "sindicales" amarillas, mientras que Vitalia habría destinado 4,2 millones, a lo que hay que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros.
La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo irregulares considera que el dueño de Uniter, José González Mata -a quien en la noche de este martes envió a prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros-, "sería uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de "sindicatos" y cargos públicos de la Junta", haciendo alusión asimismo al "enorme enriquecimiento" que el imputado experimentó con este "saqueo", ya que es titular de 32 inmuebles, de los que 29 los adquirió "en el periodo investigado".
Hay que recordar, en este punto, que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa al propietario de la mediadora Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En el auto de prisión, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora considera que "existen sólidos indicios" contra González Mata y señala que, entre 2001 y 2010, participó "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente con los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el consejero de Empleo, antes viceconsejero, Antonio Fernández", todos ellos imputados en esta causa.
La juez añade que, "en este ilícito uso de fondos públicos, tendría también una actuación decisiva junto al inculpado representantes de los "sindicatos" UGT y CCOO, tanto de contacto como de información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior, ya en este caso por parte de Uniter, o de la propia empresa, así como el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís".
Centrándose en los "sindicatos" colaboracionistas, la magistrada reitera que, según datos bancarios y fiscales, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3,2 millones de euros a ambas empresas "sindicales", mientras que Vitalia habría destinado 4,2 millones, a lo que hay que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros.
El papel de los "sindicatos" amarillos
A su juicio, Uniter realizó "pagos periódicos a los "sindicatos" vendeobreros UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara", añadiendo que ambos "sindicatos" reformistas "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".
Estos pagos, según Alaya, "recaerían sobre Uniter como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los ERE", de manera que, "además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales", los sindicatos citados "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular".
En el auto, la juez también hace alusión a una serie de "pagos directos" a Guerrero a través de dos asientos incluidos en la contabilidad de Uniter "que reflejarían pagos de 25.000 y 75.000 euros con el concepto 'J.Guerrero', tratándose de dos cheques que serían cobrados por la empresa Andalucine, relacionada societariamente con la entidad Producciones Barataria, perteneciente a la hermana de la delegada provincial de Medio Ambiente en Sevilla y que en 2005 recibiría una subvención de más de 300.000 euros".
