jueves, 9 de enero de 2020

Fiscalía Anticorrupción denuncia la mayor red de corrupción del Estado en pago de comisiones para vender armas a Arabia Saudí



La Fiscalía Anticorrupción ha llevado a cabo una investigación que concluye que a lo largo de 25 años, la empresa estatal española Defex, dedicada a la exportación de armamento, estuvo pagando sobornos a funcionarios de Arabia Saudí.

Entre 1991 y 2016, cuando el gobierno de Rajoy liquidó la empresa ante el tamaño del escándalo que se avecinaba, Defex desvió más de 100 millones de euros con la finalidad de asegurarse contratos de exportación.

Se trataría de la mayor red de corrupción del Estado conocida hasta el momento, contando hasta 220 millones de euros con destino inapropiado, entre los cuales figurarían once contratos de venta de armamento con Arabia Saudí. También se investigan contratos en Angola, Egipto y Camerún.

Siempre según el medio citado, Anticorrupción remitió el miércoles su escrito de acusación por esa pieza relativa a Arabia, donde se da cuenta de diversas prácticas corruptas en las transacciones comerciales internacionales desde 2005 hasta 2014, pero con menciones a un periodo mucho más amplio, que comienza en 1991.

Cabe recordar que Arabia Saudí, donde precisamente ahora se disputa la final de la Supercopa de España, es cliente del Estado español en ámbitos como las infraestructuras —por ejemplo el AVE— y la defensa, —por ejemplo corbetas de Navantia y armamento que supuestamente se usa en la guerra del Yemen.

Según el fiscal Conrado Sáiz, ha quedado acreditado que se pagaron sobornos a funcionarios saudíes en al menos 11 contratos y que uno de los beneficiarios fue el agregado militar en la embajada de Arabia Saudí en España entre 2005 y 2014, Al-Shamuary.

Laberinto de comisiones

El caso es que según Anticorrupción, los sobornos de Defex no serían para asegurarse contratos directamente, sino para pagar comisiones en nombre de empresas privadas que eran a su vez las que conseguían los contratos. Eso hace sospechar a la fiscalía que desde Defex colgaba un laberinto de comisiones estructural, donde la empresa pública española conseguía sus beneficios ilícitos tanto si participaba en la venta como si no.