Las empresas del metal de la provincia de Barcelona tendrán que actualizar los salarios en función del IPC del diciembre pasado, tal como venía recogido en el convenio colectivo del sector. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que este miércoles ha dictado sentencia a favor de los trabajadores y en contra de la patronal del sector, UPM. El fallo judicial se traduce en que las compañías deberán incrementar nóminas el 4% y con carácter retroactivo desde enero de este año, lo que beneficiará a unos 200.000 trabajadores.
Un incremento que podría traducirse en una subida de entre 300 o 400 euros anuales. El mismo conflicto laboral en el metal se está reproduciendo en otros sectores, donde las compañías están manifestado resistencias a cumplir con las cláusulas de garantía salarial ante la inesperada alza de precios. Si bien solo el 15% de los trabajadores está cubierto por un convenio con cláusula de revisión salarial. La sentencia es de referencia en tanto que el convenio del metal de Barcelona es uno de los más importantes de toda España, tanto por número de trabajadores directamente cubiertos, como por la influencia que tiene lo allí pactado en otros pliegos vinculados a dicha actividad.
"Declaramos el derecho de los demandantes a que se proceda a aplicar en el convenio colectivo de trabajo del sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona una revisión técnica de las tablas salariales del año 2021, consistente en un incremento del 4% para el año 2022", reza la sentencia judicial. Fuentes consultadas de la UPM no han avanzado si recurrirán o no el caso ante el Tribunal Supremo. Legalmente tienen cinco días para hacerlo o la sentencia pasará a ser firme. No obstante, en tanto que fallo del TSJC el pronunciamiento ya es de obligado cumplimiento y las empresas deben incrementarle el sueldo a sus empleados independientemente si hay recursos o no.
"Paguilla" en julio
El conflicto salarial en el metal de Barcelona se remonta a principios de año. El INE publica el dato confirmado del IPC anual de diciembre del 2021 y este resulta del 6%. Las empresas ya habían aplicado, según lo pactado, un alza del 2% y ahora con la inflación debían compensar la diferencia. No obstante, dicha cláusula había sido pensada en un contexto de baja inflación y los empresarios eran reacios a la escalada de costes que las nuevas condiciones les representaban. Entonces aprovecharon que el convenio del metal vencía y que tenían que negociar uno nuevo. Y le dijeron a los sindicatos que ese 4% pendiente lo pasaban a negociar dentro del marco del nuevo convenio, algo que despertó el rechazo de las centrales ya que hubiera debilitado su posición negociadora de cara al futuro pliego de condiciones.
El desencuentro no se resolvió en las mesas de negociación y sindicatos y trabajadores comenzaron a caldear el ambiente con movilizaciones, a la vez que presentaron demanda por conflicto colectivo ante el TSJC. Y este miércoles los magistrados han dictado sentencia dando la razón a los trabajadores. Las empresas deben subir salarios y luego ya los agentes sociales se pondrán de acuerdo (o no) sobre el nuevo convenio. El incremento del 4% deberán hacerlo las compañías en la próxima nómina, además de un 'extra' por el incremento no pagado durante los seis primeros meses del año. Lo que, remitiéndose a los cálculos sindicales, puede ascender a una 'paguilla' de 150 o 200 euros.
La negociación colectiva está siendo objeto de conflicto entre patronal y trabajadores este año debido a los altos niveles de inflación. Entra las cúpulas no consiguieron pactar unas recomendaciones conjuntas para que luego sus sectoriales y federaciones las aplicaran. Y ello amenaza con ir generando una cascada de huelgas y conflictos laborales, pues las recomendaciones de los patronos es que los sueldos este año no superen el 3,6% y las centrales exigen a los suyos no firmar nada que este por debajo de la inflación (ahora mismo en el 8,7%).
