domingo, 19 de octubre de 2008

A la puta calle

Otro drama más en Estados Unidos


Octubre 2008. - Imagine que usted es una persona que, como tantas otras, vive alquilada en una bonita casa en una urbanización de clase media estadounidense. Trabaja duro, paga su renta puntualmente y mantiene a su familia feliz. De pronto, la policía toca su puerta y le ordena desalojar la vivienda. "¿Por qué? ¡Yo pago mi renta puntualmente, aquí están los recibos!", grita usted desesperado. Pero no hay nada qué hacer: la policía tiene una orden y, en un país sin mayores leyes de protección a los inquilinos, usted y sus hijos deben abandonar la vivienda de inmediato… Resulta que el dueño hipotecó su casa y ahora no puede pagar los intereses. Foto: Decenas de personas protestan contra los desalojos en Detroit. Las pancartas dicen: "Denle un plan de rescate a la gente, no a los bancos" en referencia al plan de rescate de George W. Bush aprobado para los banqueros. También piden que se detengan los desalojos y los embargos...

Resulta que el dueño de su casa no es tan responsable como usted creía. Hipotecó su casa a algún banco cayendo en la trampa de las cuotas subprimes (aquellas famosas que están causando la quiebra de los bancos hipotecarios en Estados Unidos), y al no poder pagar el capital y los intereses, el banco ordenó embargar la vivienda. Sólo que el dueño de la casa ya no vive allí, y decidió alquilársela a usted tratando de obtener ingresos extras para pagarle al banco. Y ahora, usted y sus hijos irán a la calle.

El departamento tiene programado realizar unos 4.700 desalojos este año, casi el triple de los que se hicieron dos años atrás.

Eric Halperin, director de la oficina en Washington del Centro para el Hipotecario Responsable, afirma que 10 por ciento de quienes viven en propiedades afectadas por cuotas subprimes son inquilinos, pero que en varias ciudades los números son mucho mayores. Daniel Lindsey, del Proyecto de Preservación de Propiedad del Hogar que ejecuta el Departamento de Asistencia Legal de Chicago, asegura que la mitad de los embargos de la ciudad afectan a inquilinos.