El Gobierno socialista de Extremadura,(P$OE) financia una refinería que afectaría al Parque de Doñana
La Junta de Extremadura -gobernada por el PSOE- financia la construcción de una refinería de petróleo en la sierra de San Jorge (Badajoz), y un oleoducto y un poliducto hasta la provincia de Huelva que pasarían por nueve espacios naturales protegidos, entre ellos el parque de Doñana.
Según la empresa que ha impulsado el proyecto -el Grupo Alfonso Gallardo- el inicio de las obras está pendiente de la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente. La construcción de la refinería costaría unos 1.800 millones de euros. De ellos, el 30%, es decir: 6.000 millones de euros, lo pondría la Junta de Extremadura que justifica la inversión en tanto se crearían 3.000 nuevos puestos de trabajo.
Desde la “Plataforma Refinería No”, un movimiento ciudadano integrado por organizaciones ecologistas y vecinos de las zonas que se verían afectadas, no están de acuerdo con los argumentos del Gobierno extremeño. Así, señalan que cada puesto de trabajo que generaría la refinería costaría 600.000 euros de inversión, mientras que el Plan de Empleo de la Junta tan sólo invierte 44.000 euros por cada desempleado.
Así mismo, la Plataforma denuncia los efectos nocivos que la construcción provocaría sobre la salud de los vecinos y sobre el medio ambiente. En este sentido, apuntan que estas instalaciones son responsables de la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera, como el benceno o el cromo, muy asociadas al cáncer. Y ponen como ejemplo de ello, el caso de las provincias de Huelva y Cádiz, donde tienen el índice de mortalidad por cáncer más alto de España; con la particularidad de que también son las provincias con una mayor concentración de industria pesada –refinerías, centrales nucleares, térmicas…-.
Pero los problemas no terminan en Badajoz. Al ser una instalación interior, la refinería precisa de un oleoducto –tubería que transporta petróleo crudo- y un poliducto –también transporta sustancias como el keroseno, la nafta o el gasoil- que vayan hasta el mar. El proyecto del Grupo Alfonso Gallardo apuesta por llevarlos a la provincia de Huelva. Para ello tendrían que construir 250 km de tuberías que atravesarían nueve espacios naturales protegidos por la Unión Europea en la Red Natura 2.000 y declarados Lugar de Interés Comunitario (LIC), como el Parque Natural de Doñana, la Sierra de Aracena o los Picos de Aroche.
Una tecnología obsoleta que favorece el cambio climático
Por si fuera poco, la refinería provocaría un importantísima cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal causante del calentamiento del planeta. La "Plataforma Refinería No" habla de 1.700.000 toneladas anuales de CO2.
Las refinerías de petróleo experimentaron un boom a mediados del siglo xx, que fue decayendo poco a poco. En la actualidad, sólo se instalan en países pobres. La última que se construyó en España fue la de Tarragona, en 1975. Mientras que en Estados Unidos no lo hacen desde 1976. Allí, los problemas medioambientales asociados a estas instalaciones obligaron a la Administración a cerrar diez plantas entre 1985 y 1995.
La Junta de Extremadura -gobernada por el PSOE- financia la construcción de una refinería de petróleo en la sierra de San Jorge (Badajoz), y un oleoducto y un poliducto hasta la provincia de Huelva que pasarían por nueve espacios naturales protegidos, entre ellos el parque de Doñana. Según la empresa que ha impulsado el proyecto -el Grupo Alfonso Gallardo- el inicio de las obras está pendiente de la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente. La construcción de la refinería costaría unos 1.800 millones de euros. De ellos, el 30%, es decir: 6.000 millones de euros, lo pondría la Junta de Extremadura que justifica la inversión en tanto se crearían 3.000 nuevos puestos de trabajo.
Desde la “Plataforma Refinería No”, un movimiento ciudadano integrado por organizaciones ecologistas y vecinos de las zonas que se verían afectadas, no están de acuerdo con los argumentos del Gobierno extremeño. Así, señalan que cada puesto de trabajo que generaría la refinería costaría 600.000 euros de inversión, mientras que el Plan de Empleo de la Junta tan sólo invierte 44.000 euros por cada desempleado.
Así mismo, la Plataforma denuncia los efectos nocivos que la construcción provocaría sobre la salud de los vecinos y sobre el medio ambiente. En este sentido, apuntan que estas instalaciones son responsables de la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera, como el benceno o el cromo, muy asociadas al cáncer. Y ponen como ejemplo de ello, el caso de las provincias de Huelva y Cádiz, donde tienen el índice de mortalidad por cáncer más alto de España; con la particularidad de que también son las provincias con una mayor concentración de industria pesada –refinerías, centrales nucleares, térmicas…-.
Pero los problemas no terminan en Badajoz. Al ser una instalación interior, la refinería precisa de un oleoducto –tubería que transporta petróleo crudo- y un poliducto –también transporta sustancias como el keroseno, la nafta o el gasoil- que vayan hasta el mar. El proyecto del Grupo Alfonso Gallardo apuesta por llevarlos a la provincia de Huelva. Para ello tendrían que construir 250 km de tuberías que atravesarían nueve espacios naturales protegidos por la Unión Europea en la Red Natura 2.000 y declarados Lugar de Interés Comunitario (LIC), como el Parque Natural de Doñana, la Sierra de Aracena o los Picos de Aroche.
Una tecnología obsoleta que favorece el cambio climático
Por si fuera poco, la refinería provocaría un importantísima cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal causante del calentamiento del planeta. La "Plataforma Refinería No" habla de 1.700.000 toneladas anuales de CO2.
Las refinerías de petróleo experimentaron un boom a mediados del siglo xx, que fue decayendo poco a poco. En la actualidad, sólo se instalan en países pobres. La última que se construyó en España fue la de Tarragona, en 1975. Mientras que en Estados Unidos no lo hacen desde 1976. Allí, los problemas medioambientales asociados a estas instalaciones obligaron a la Administración a cerrar diez plantas entre 1985 y 1995.
