jueves, 17 de octubre de 2013

Andalucía: imputado exdirigente de CCOO por malversación y tráfico de influencias




“Un paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada”. La juez Alaya acusa al ex dirigente del "sindicato" reformista CC.OO. de haber ejercido como “facilitador” para la consultora Vitalia, que gestionó la mayoría de los ERE fraudulentos identificados por la investigación. A cambio, Vitalia le pagó la "modesta" cantidad de 265.000 euros a través de cuatro pólizas.

Florido, ex secretario general de la federación de industria y química para Comisiones Obreras (Fiteqa) en Andalucía, aprovechó sus relaciones con los comités de empresa - que para eso están los amigos - gracias al carguillo que ostentaba, y así les facilitó a Vitalia información sobre empresas en crisis, lo que habría propiciado ese “paquete completo” de ERE, prejubilaciones y financiación pública. La magistrada le acusa de malversación y tráfico de influencias, y tras su comparecencia este miércoles, en la que se negó a declarar, la Fiscalía Anticorrupción solicita una fianza por responsabilidad civil de 353.333 euros. A continuación, el "camarada" Florido abandonó los juzgados en libertad con cargos.

El "sindicalista" amarillo había "trabajado" para la empresa Hytasal y después de ser incluido en el ERE como prejubilado en 2003, un año después volvió a ser dado de alta - tonto, lo que se dice tonto no lo es - en la Seguridad Social como "trabajador" de Hytasal. Al margen de los 221.000 euros de esta póliza de Hytasal, la consultora Vitalia en agradecimiento le "regaló" la "misera" cantidad de 42.000 euros a través de tres pólizas a cambio de sus "favores" para la intermediaria, por su "estrecha relación" con el responsable de Vitalia en Andalucía, Jesús Bordallo, otro elemento bueno.

Antes de Florido declararon ante Alaya dos "intrusas" (personas ajenas a las empresas beneficiadas) de la firma malagueña Hytemasa y la jiennense Primayor. Josefa Martínez, extrabajadora de la chiquilicuatrera UGT, que percibió 96.029 euros, suma que asegura ha devuelto a la Junta. Mientras, Nieves Ruiz, esposa del presidente del comité de empresa - por lo visto, para eso y otros asuntillos están los comités -en Cárnicas Molina, cobrando 113.000 euros y Anticorrupción le pidió una fianza civil de 171.192 euros. Ruiz alegó que pensaba que recibía una indemnización que le dieron a su marido tras ser despedido.