Ahora lo que un carcelero (funcionario de prisiones en lenguaje eufemístico) declare sobre lo que pasó entre un preso y él tendrá presunción de veracidad ante un juez, a no ser que el preso logre demostrar lo contrario. Además de la fuerte perversión del principio de presunción de inocencia que, per se, es la presunción de veracidad de los agentes policiales, en este caso es aún más grave. ¿De qué medios podrá valerse una persona reclusa para desmontar la acusación de los carceleros, encontrándose como se encuentra a su absoluta merced, sin comunicación directa con el exterior y privada de cualquier aparato tecnológico con el que pueda registrar los hechos?
El Congreso de los Diputados aprueba la proposición de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones ( carceleros ) como agentes de autoridad, una reivindicación histórica de los empleados públicos penitenciarios fruto de la negociación y del acuerdo con los principales sindicatos ACAIP-UGT, CSIF, CCOO y CIG. El texto les equipara en estatus con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante los presos, lo que implica que las agresiones que se produzcan a los funcionarios de prisiones por parte de los internos serán juzgadas como atentado a agente de la autoridad. Además, los partes de los funcionarios tendrán presunción de veracidad salvo prueba en contrario.
En concreto, esta reforma legal plantea modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 para reconocer, “a efectos legales”, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, al tiempo que contempla “resarcir económicamente” a quienes sufran daños en sus puestos de trabajo. Con este cambio, los sindicatos de prisiones esperan que se reduzcan las agresiones que actualmente sufren en los centros penitenciarios los trabajadores, una cada 36 horas. “Es importante que el interno no tenga sensación de impunidad ante un acto violento hacia los funcionarios”, señalan.
Otro aspecto importante que introduce el proyecto de Ley, que hoy se aprueba, es que la Administración se hará cargo de las indemnizaciones a los trabajadores que hayan sido impuestas judicialmente y no hayan sido satisfechas por el condenado, no sometiendo así al funcionario a una doble agresión, la física en primer lugar y la económica en segundo. El tercer punto aborda la ampliación de la seguridad del personal penitenciario en caso de detención, traslado o encarcelamiento.
El portavoz de Interior del PSOE, David Serrada, en conversación con este diario reivindica la “seguridad jurídica” de que se dota a los funcionarios de prisiones con esta iniciativa, porque hasta ahora, en ausencia de un marco jurídico propio como el que ampara a Policía y Guardia Civil, la jurisprudencia avalaba exonerar a la Administración las indemnizaciones a estos trabajadores penitenciarios. El Gobierno cuenta con una mayoría alternativa a la de sus socios habituales para sacarla adelante. Aunque durante el debate hubo críticas del PP, Vox y Ciudadanos por la demora en su presentación y porque consideran que la propuesta es “insuficiente” y no es más que un “parche”, la apoyarán.
Sin los socios de investidura
No lo harán aliados de investidura como Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, ni los antisistema de la CUP que consideran que no ayudará a resolver la conflictividad, sino a generar impunidad. Carolina Telechea, de ERC, justificó su voto en contra en que la propuesta no sólo no reconoce las demandas de los trabajadores públicos de los centros penitenciarios sino que además no cree que vaya ir mucho más allá de su toma en consideración.
Desde Bildu, Jon Iñarritu aseguró que reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones no ayudará a resolver la conflictividad en las cárceles, que ha ido en aumento debido, entre otras cuestiones, a la masificación de estos centros, a la falta de plantilla o de profesionales de la salud mental. Iñarritu sacó a colación el incremento de las “torturas” y los “abusos” en las cárceles, al igual que la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, quien avanzó que no apoyará una reforma “de derechas” y “punitivista” porque no va “a la raíz del problema”, que es la desigualdad y la pobreza.
Fuente: Tortuga
