La Audiencia de Navarra sienta en el banquillo a 20 guardias civiles por cobrar ayudas por mudanzas ficticias. La Fiscalía les pide entre 5 y 10 años de cárcel.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado los recursos presentados por una veintena de guardias civiles, investigados por formar parte de una trama que en Navarra defraudaron distintas cantidades de dinero que percibían como ayudas por mudanzas de domicilio que resultaron ser falsas. De esta forma, la veintena de agentes (ahora casi todos ellos dispersos en la geografía estatal), además de una empresa de transportes y mudanzas de Zizur a la que se acusa de participar en la estafa, tendrán que sentarse en el banquillo una vez que la Audiencia ha dado el visto bueno al auto de procedimiento abreviado, el paso previo a que el juzgado de Instrucción 4 de Pamplona, que ha investigado estos hechos, declare la apertura de juicio oral. El procedimiento judicial, iniciado por hechos que se remontan a 2011, había sido devuelto hace un año por la misma sección de la Audiencia al juzgado instructor, debido a que entonces, según el tribunal, el juez no motivó más detallada y pormenorizadamente las imputaciones que hacía contra cada uno de los acusados. Por ello, el juzgado de Instrucción 4 tuvo que confeccionar otro auto, que ha resuelto el déficit de indicios del anterior, por lo que la Audiencia entiende que los recursos de las defensas deben ser desestimado y el caso juzgado.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el cabecilla de la trama, J.J.O.T., era un agente destinado en la unidad de Intervenciones de Armas de Pamplona y Elizondo, quien ideó el sistema en colaboración con su esposa, también procesada. La Fiscalía pide para este guardia casi diez años de cárcel y también diez de inhabilitación como guardia civil por los delitos de fraude y exacciones ilegales y falsedad continuada en documento oficial por funcionario público. También está imputado un particular, el empresario de una firma de mudanzas de Zizur encargada de amparar las prácticas ilegales para percibir ayudas por este concepto. En total, además del cabecilla, la trama incluye a otros 19 agentes que fueron quienes percibieron dinero por estas mudanzas ficticias y para los que el fiscal solicita cinco años de prisión y su inhabilitación como agentes durante seis años por los delitos de fraudes y exacciones ilegales (en concurso con estafa) y falsedad en documento oficial por funcionario público). Cinco de esos agentes ejercían en Navarra en el momento de la comisión del fraude, en concreto en los cuarteles de Oronoz, Urdax, Pamplona, Cáseda y Cortes. El resto están diseminados por el Estado.
La investigación comenzó hace casi tres años tras una denuncia del propio Instituto Armado en la Fiscalía navarra. La mecánica de la actividad ilegal encontraba su amparo en una normativa, el Real Decreto 462/2002 que permite en los supuestos en los que un guardia civil cambia de residencia (por asignación de un nuevo destino, por el pase a la situación de reserva...) la propia Guardia Civil abona, en compensación por los gastos generados por la correspondencia mudanza, una indemnización por traslado de residencia (en el argot se conoce como ITR, Indemnización por Traslado Residencial). Para percibir esta ayuda -según escribe el fiscal en su acusación- el guardia civil afectado debe presentar tres presupuestos de otras tantas empresas de mudanzas. Una vez examinadas las mismas, la Guardia Civil abona al agente que se traslada el importe correspondiente al presupuesto menor de las tres ofertas, con el fin de que con esa ayuda se pague la mudanza.
una empresa colaboradoraConociendo esta situación, en enero de 2011, el guardia civil J.J.O.T., ideó junto a su esposa, M.P.C.S., una trama mediante la que ambos, actuando con ánimo de ilícito enriquecimiento, se ocupaban de tramitar las solicitudes de indemnización por traslado de residencia no sin antes haber contactado con el guardia civil que solicitaba la ayuda.
Para tal fin también contaban con la colaboración de J.J.S.M., titular de la empresa Transporte y Mudanzas Carjusan. La colaboración de esta firma, según el fiscal, resultaba clave en el plan ideado, ya que esta empresa ofertaba siempre el presupuesto más bajo de las que concursaban a las posibles mudanzas. Esto era así porque conocían antes las otras dos ofertas.
porcentajes de ayudas A partir de ahí, la empresa navarra de mudanzas resultaba adjudicataria del transporte, el guardia civil que solicitaba la ayuda se lucraba con la totalidad o la mayor parte de la ITR -que podía ascender a 9.000 euros- y , al mismo tiempo, el guardia civil J.J.O.T., su esposa y el empresario de mudanzas cobraban una cantidad dineraria que les era abonada por el agente beneficiario de la indemnización. El abono se hacía en metálico o mediante transferencia, sin que Carjusan finalmente llegase a realizar tal mudanzas. Por esta vía, el principal acusado recibió de los distintos beneficiarios entre 937 y 1.836 euros por mudanzas, cifras que se sitúan entre el 19% y el 28% de lo que obtenía el guardia civil beneficiario de la indemnización. La esposa del principal acusado también era destinataria de varios pagos y llegó a percibir entre 963 euros y 2.500 euros por operación. Una vez que percibían el dinero, tanto J.J.O.T. como su pareja realizaban transferencia a la empresa de mudanzas. El resultado final fue que, en todos los casos, la empresa de transportes resultó ser la adjudicataria de las mudanzas y obtuvo de ese modo un total de 103.876 euros.
LOS DETALLES
Ayudas por cambio de residencia forzosa. El fraude destapados entre quienes ejercieron en su día como guardias civiles en Navarra se servía de las indemnizaciones que paga el Ministerio por cambios de residencia forzosos, en los que abona mudanzas y dietas.
Hubo un precedente idéntico en el Ejército del Aire. Decenas de pilotos del Ejército del Aire aceptaron de conformidad tres meses de cárcel (por lo que no perdían su condición en la carrera militar) en una práctica idéntica a la que se le imputa a los guardias civiles de Navarra. En aquel caso, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía.
Se archivó la investigación sobre otros 34 agentes. La instrucción de la causa en Pamplona archivó la investigación sobre otros 34 agentes.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado los recursos presentados por una veintena de guardias civiles, investigados por formar parte de una trama que en Navarra defraudaron distintas cantidades de dinero que percibían como ayudas por mudanzas de domicilio que resultaron ser falsas. De esta forma, la veintena de agentes (ahora casi todos ellos dispersos en la geografía estatal), además de una empresa de transportes y mudanzas de Zizur a la que se acusa de participar en la estafa, tendrán que sentarse en el banquillo una vez que la Audiencia ha dado el visto bueno al auto de procedimiento abreviado, el paso previo a que el juzgado de Instrucción 4 de Pamplona, que ha investigado estos hechos, declare la apertura de juicio oral. El procedimiento judicial, iniciado por hechos que se remontan a 2011, había sido devuelto hace un año por la misma sección de la Audiencia al juzgado instructor, debido a que entonces, según el tribunal, el juez no motivó más detallada y pormenorizadamente las imputaciones que hacía contra cada uno de los acusados. Por ello, el juzgado de Instrucción 4 tuvo que confeccionar otro auto, que ha resuelto el déficit de indicios del anterior, por lo que la Audiencia entiende que los recursos de las defensas deben ser desestimado y el caso juzgado.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el cabecilla de la trama, J.J.O.T., era un agente destinado en la unidad de Intervenciones de Armas de Pamplona y Elizondo, quien ideó el sistema en colaboración con su esposa, también procesada. La Fiscalía pide para este guardia casi diez años de cárcel y también diez de inhabilitación como guardia civil por los delitos de fraude y exacciones ilegales y falsedad continuada en documento oficial por funcionario público. También está imputado un particular, el empresario de una firma de mudanzas de Zizur encargada de amparar las prácticas ilegales para percibir ayudas por este concepto. En total, además del cabecilla, la trama incluye a otros 19 agentes que fueron quienes percibieron dinero por estas mudanzas ficticias y para los que el fiscal solicita cinco años de prisión y su inhabilitación como agentes durante seis años por los delitos de fraudes y exacciones ilegales (en concurso con estafa) y falsedad en documento oficial por funcionario público). Cinco de esos agentes ejercían en Navarra en el momento de la comisión del fraude, en concreto en los cuarteles de Oronoz, Urdax, Pamplona, Cáseda y Cortes. El resto están diseminados por el Estado.
La investigación comenzó hace casi tres años tras una denuncia del propio Instituto Armado en la Fiscalía navarra. La mecánica de la actividad ilegal encontraba su amparo en una normativa, el Real Decreto 462/2002 que permite en los supuestos en los que un guardia civil cambia de residencia (por asignación de un nuevo destino, por el pase a la situación de reserva...) la propia Guardia Civil abona, en compensación por los gastos generados por la correspondencia mudanza, una indemnización por traslado de residencia (en el argot se conoce como ITR, Indemnización por Traslado Residencial). Para percibir esta ayuda -según escribe el fiscal en su acusación- el guardia civil afectado debe presentar tres presupuestos de otras tantas empresas de mudanzas. Una vez examinadas las mismas, la Guardia Civil abona al agente que se traslada el importe correspondiente al presupuesto menor de las tres ofertas, con el fin de que con esa ayuda se pague la mudanza.
una empresa colaboradoraConociendo esta situación, en enero de 2011, el guardia civil J.J.O.T., ideó junto a su esposa, M.P.C.S., una trama mediante la que ambos, actuando con ánimo de ilícito enriquecimiento, se ocupaban de tramitar las solicitudes de indemnización por traslado de residencia no sin antes haber contactado con el guardia civil que solicitaba la ayuda.
Para tal fin también contaban con la colaboración de J.J.S.M., titular de la empresa Transporte y Mudanzas Carjusan. La colaboración de esta firma, según el fiscal, resultaba clave en el plan ideado, ya que esta empresa ofertaba siempre el presupuesto más bajo de las que concursaban a las posibles mudanzas. Esto era así porque conocían antes las otras dos ofertas.
porcentajes de ayudas A partir de ahí, la empresa navarra de mudanzas resultaba adjudicataria del transporte, el guardia civil que solicitaba la ayuda se lucraba con la totalidad o la mayor parte de la ITR -que podía ascender a 9.000 euros- y , al mismo tiempo, el guardia civil J.J.O.T., su esposa y el empresario de mudanzas cobraban una cantidad dineraria que les era abonada por el agente beneficiario de la indemnización. El abono se hacía en metálico o mediante transferencia, sin que Carjusan finalmente llegase a realizar tal mudanzas. Por esta vía, el principal acusado recibió de los distintos beneficiarios entre 937 y 1.836 euros por mudanzas, cifras que se sitúan entre el 19% y el 28% de lo que obtenía el guardia civil beneficiario de la indemnización. La esposa del principal acusado también era destinataria de varios pagos y llegó a percibir entre 963 euros y 2.500 euros por operación. Una vez que percibían el dinero, tanto J.J.O.T. como su pareja realizaban transferencia a la empresa de mudanzas. El resultado final fue que, en todos los casos, la empresa de transportes resultó ser la adjudicataria de las mudanzas y obtuvo de ese modo un total de 103.876 euros.
LOS DETALLES
Ayudas por cambio de residencia forzosa. El fraude destapados entre quienes ejercieron en su día como guardias civiles en Navarra se servía de las indemnizaciones que paga el Ministerio por cambios de residencia forzosos, en los que abona mudanzas y dietas.
Hubo un precedente idéntico en el Ejército del Aire. Decenas de pilotos del Ejército del Aire aceptaron de conformidad tres meses de cárcel (por lo que no perdían su condición en la carrera militar) en una práctica idéntica a la que se le imputa a los guardias civiles de Navarra. En aquel caso, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía.
Se archivó la investigación sobre otros 34 agentes. La instrucción de la causa en Pamplona archivó la investigación sobre otros 34 agentes.
