lunes, 15 de marzo de 2010

No se enteran

“Todo Estado miembro está obligado a castigar la incitación pública a la violencia o al odio”. Es lo que acaba de recordar la Comisión Europea a las autoridades españolas.

En noviembre un eurodiputado español había preguntado al ejecutivo comunitario, “con el fin de evitar que Valencia siga siendo un paraíso para los activistas neonazis”, si iba a adoptar medidas contra el Gobierno español por su “falta de firmeza ante la ola de violencia, intimidación y atentados”. A primeros de febrero, llegaba la respuesta comunitaria a través del vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Jacques Barrot. Éste afirmaba que el ejecutivo comunitario no tiene competencias “para actuar específicamente contra el extremismo o los partidos de ultra derecha” y añadía el suave tirón de orejas de que “las autoridades nacionales siguen siendo las responsables de que se respeten y protejan los derechos fundamentales”...