Miles de familias no pueden pagar su hipoteca porque se encuentran en paro. La presión social en su día obligó al Gobierno a tomar medidas para frenar los desahucios. Pero no pasa de ser una simple tomadura de pelo.
El ejecutivo del Partido Popular decidió suspender los desahucios en casos de extrema necesidad, definiendo los grupos sociales que se podían beneficiar como familias numerosas o unidades familiares con un menor de tres años a cargo y que cumplieran unos requisitos económicos, como que sus ingresos no superaran los 19.000 euros anuales y el pago de la cuota supusiera el 50% de los recursos.
Sin embargo, ha pasado por alto los altos intereses que se acumulan a la deuda. El decreto ley alarga la agonía de esas familias, que una vez que pase el plazo de 24 meses verán como los intereses de demora pueden crecer un 43%.
Quiénes no pasan dificultades para llegar a fin de mes no entienden que no tiene mucho sentido detener el lanzamiento de los habitantes de una vivienda o miembros de algún colectivo vulnerable, si a su vez no se paraliza el crecimiento de los intereses de demora durante este periodo. Lo lógico, es que durante ese parón, los afectados tengan el tiempo y los medios suficientes para poder recuperarse económicamente y pagar una vez terminado el plazo la deuda hipotecaria pendiente que tienen con el banco. Si la deuda se duplica, difícilmente van a poder salir de la exclusión social.
