Un juez de Sevilla ha citado como imputados, el próximo 24 de enero, a una directora general de la Junta y al secretario de Finanzas de CC.OO. de Andalucía por malversación, prevaricación y falsedad en unas ayudas de 600.000 euros que fueron destinados a fines distintos a los concedidos.
Fuentes del caso han informado de que el juzgado de instrucción 16, al que ha correspondido el caso, ha citado como imputados a Miguel Ángel Soto Cubero, secretario de Finanzas del "sindicato"-empresa CCOO de Andalucía, y a Esther Azorit Jiménez, directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta.
Además, el juez ha admitido practicar todas las pruebas pedidas por la Fiscalía, entre ellas una pericial contable sobre el “menoscabo de fondos públicos” que supusieron las subvenciones investigadas y reclamar a la Junta la documentación acreditativa.
El juez también ha pedido a diversas empresas de transporte que precisen los itinerarios de los viajes que hicieron con militantes del "sindicato" amarillo CCOO para participar en manifestaciones y luego justificados dentro de una partida de prevención de riesgos laborales.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla denunció a Azorit y Soto porque, presuntamente, la amarilla CCOO justificó dentro de una partida para “sensibilización de riesgos laborales” los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una "sindicalista" en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.
La denuncia recogió que el 22 de mayo del 2009 el consejero de Empleo de la Junta concedió una ayuda de 600.000 euros a la subvencionada CCOO destinada a un “plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre riesgos laborales”, que en caso de no ser justificados según prevé la ley debería haber llevado “al reintegro de la subvención percibida y la exigencia del interés de demora”.
Entre otros, la Fiscalía denunció que los gastos de desplazamientos para dicho plan de prevención fueron justificados con facturas de traslado en autobuses desde distintas localidades a Sevilla “con motivo de la manifestación del 22 de abril de 2009″, la actuación de la charanga “Los Piratas”, otros 998,76 euros por confección de una pancarta y 194 almuerzos el día de la manifestación por un importe total de 2.594 euros.
La Fiscalía precisó en su denuncia que “no consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral el 22 de abril del 2009 en el Palacio de Congresos de Sevilla”, pese a lo facturado por el "sindicato" vendeobreros.
El escrito del fiscal concretó que la corrupta CCOO justificó como “coordinación de actividades” de la "sindicalista" liberada Agustina Gutiérrez Navarro lo que en realidad fueron una veintena de viajes entre Sevilla a Málaga los viernes y de regreso los lunes.
Según el fiscal, “una mínima comprobación de la documentación aportada” debería haber llevado a la Junta a exigir el reintegro de estos fondos públicos y la no aceptación de los viajes y dietas percibidas por Agustina Gutiérrez.
Por todo ello, la Fiscalía ha calificado los hechos como delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.
