El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido una carta a trece ayuntamientos, entre ellos los gaditanos de Jerez, El Puerto y Chiclana, y a la Diputación de Cádiz, para que antes del próximo 20 de abril aprueben nuevos planes de ajustes que permitan poner fin a la morosidad que arrastran.
Estas entidades locales, incumplieron durante todo el año pasado el plazo legal de pago, un tope fijado por la Ley de Estabilidad —creada en 2012 para consagrar la austeridad en las cuentas públicas— y la Ley contra la morosidad, que establece que las administraciones públicas deben pagar en un plazo inferior a 30 días, que empieza a contar al mes de recibir las facturas. En este sentido, si a los dos meses no se ha cumplido con los proveedores, las administraciones públicas infractoras han de elaborar un plan de tesorería que garantice los pagos en tiempo y forma.
Hacienda recuerda en la misiva enviada a los alcaldes e interventores, "como estos Ayuntamientos ya tuvieron que presentar un plan de ajuste en el tercer trimestre del año pasado. Y aún así no han enmendado su situación. Jerez, Algeciras, Chiclana... tardan más de nueve meses en pagar a sus proveedores". En el caso de Jerez, el periodo medio de pago se sitúa en 265,97 días; El Puerto de Sta. María tarda 118,91 días; Chiclana, 191,86, mientras que Diputación no cumple con sus compromisos de pago hasta pasados 125,6 días desde la emisión de la factura.
"A pesar de la actualización de su plan de tesorería y de su aplicación durante noviembre y diciembre de 2017 (publicado en marzo) el periodo medio de pago siguió incurso en el supuesto de morosidad de la Ley de Estabilidad al ser superior en más de 30 días", explican desde la secretaria general de financiación autonómica y local en la carta remitida por Hacienda.
"A pesar de la actualización de su plan de tesorería y de su aplicación durante noviembre y diciembre de 2017 (publicado en marzo) el periodo medio de pago siguió incurso en el supuesto de morosidad de la Ley de Estabilidad al ser superior en más de 30 días", explican desde la secretaria general de financiación autonómica y local en la carta remitida por Hacienda.
La alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mari Carmen Sánchez Díaz, del PSOE, cobra 4.295 euros brutos al mes y un neto de 3.049 euros. Además, fue diputada del Congreso.
El alcalde del Puerto de Santa María, David de la Encina Ortega, del PSOE, 47.933 euros.
El alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román Guerrero, del PSOE, 62.623 euros.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del PP, no percibe un sueldo público como alcalde. No tiene decicación exclusiva por lo que solo percibe dietas de asistencia. 10.260 euros anuales. Es senador por la provincia de Cádiz desde diciembre de 2015. Como es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara Alta, su salario es de 4.287 euros brutos al mes y 1.840 euros de indemnización, libres de impuestos. Estas dos cantidades las percibe 14 veces al año. También fue diputado en el Congreso entre 2000 y 2004 y entre 2008 y 2015. Landaluce percibe dos ingresos públicos. Un sueldo y las dietas del Ayuntamiento de Algeciras.
La presidenta de la Diputación de Cádiz se llama Irene García Macías. Según el Portal de Transparencia de la institución provincial, percibe 4.929 euros brutos al mes.
