El Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo ha condenado a varios miembros de la antigua cúpula de UGT de Asturias por fraude en las subvenciones destinadas a cursos de formación, entre ellos su exsecretario general Justo Rodríguez Braga, al que se le ha impuesto una pena de dos años y diez meses de prisión y el abono de 586.000 euros en multas.
Rodríguez Braga, condenado como cooperador necesario y coautor de tres delitos de fraude en subvenciones, también deberá pagar, junto con otros tres ex responsables del sindicato, una indemnización conjunta de 330.179 euros al Principado por los perjuicios causados.
La jueza también condena al propio sindicato como responsable de un delito de fraude al pago de una multa de 122.028 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cuatro años. La sentencia, que no es firme, considera probado que la Unión Regional de Asturias de la UGT y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) eran beneficiarios de subvenciones a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) destinadas a la realización de programas de acciones de formación para el empleo.
Cuando el beneficiario era UGT Asturias éste encargaba íntegramente su gestión y ejecución a entidades vinculadas, principalmente a IFES y en menor medida a Foro Astur de Formación, Fundación Metal y Fundación Laboral de la Construcción, así como a otras privadas independientes. Según la sentencia, Rodríguez Braga, la entonces secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz Cancio, urdieron una trama para desviar fondos de las subvenciones concedidas al sindicato para cursos de formación en los años 2011 y 2012.
Esta trama estaba orientada «al sistemático desvío» de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención a UGT e IFES y a través de esta mecánica, según la jueza, obtuvieron beneficios económicos que revertieron en ambas entidades y en las sociedades vinculadas. Una actuación fraudulenta que era posible gracias al control que UGT ejercía sobre la Delegación Territorial de IFES en Asturias, para lo que contaba con la colaboración de sus gestores y la ayuda de los empleados Alberto González y Silvia Sariego, que se encargaban de la administración y contabilidad en ambas entidades, respectivamente. Además, según la jueza, para lograr este desvío de fondos utilizaban el apoyo de la administradora de las mercantiles Formación 2020 y Localmur, María Jesús Ocaña. Asimismo, los acusados utilizaban esos fondos gracias a los subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución y su adecuación al valor de mercado de las acciones formativas por las que recibían las subvenciones, ocultando a la administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación del gasto.
De esta forma, tanto en las subvenciones concedidas por el Principado directamente a IFES como a UGT Asturias, bajo la apariencia de contratación de los alquileres de locales y equipos didácticos, tramitaban en realidad encargos dentro de una misma organización económica. La jueza considera que los acusados podían ejercer un control directo sobre la facturación, incrementar ficticiamente el precio de los locales y equipos respecto al de mercado con un sobrecoste que imputaban después a las subvenciones recibidas, en beneficio del sindicato. La sentencia impone a los seis acusados penas de entre diez meses y dos años y diez meses de prisión, así como al pago de distintas multas.
