El nuevo acuerdo recoge subidas salariales inferiores a las que ofrecía la patronal gaditana, pero los empresarios sevillanos aceptaron que la diferencia con el IPC real pase a las tablas.
Revalorizaciones inferiores al 2%, la misma jornada que hasta ahora y una vigencia de tres años para el convenio. Esas serán las nuevas condiciones de los 72.547 trabajadores del sector del metal sevillano. Los "sindicatos" colaboracionistas UGT y Comisiones Obreras aceptaron en la provincia hispalense tres líneas rojas que en Cádiz les llevó a una huelga que se prolongó durante diez días. A cambio, la patronal sevillana tragó con una reivindicación que la gaditana se negó a atender: la revisión de los salarios para compensar la diferencia con el IPC real pasará a las tablas de los siguientes años.
Mientras 100 kilómetros al sur continuaban los choques entre la Policía y los huelguistas, la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) firmó con los dos "sindicatos" amarillos el nuevo convenio del sector en la provincia de Sevilla. El documento, que ratifica un preacuerdo alcanzado el pasado 25 de octubre, pasaría desapercibido en circunstancias normales, pero adquierió especial relevancia por lo que ocurría en el territorio vecino. Para los vendeobreros CCOO y UGT, lo que vale en Sevilla no sirve en Cádiz.
Las centrales han pactado en la provincia hispalense una revalorización salarial del 1,5% a partir de julio de 2021, del 1,6% para 2022 y del 1,8% para 2023. Estos incrementos no solo están muy por debajo de lo que piden en la provincia limítrofe (2%, 2,5% y 3%), sino incluso de lo que se les ha llegado a ofrecer. Aunque la propuesta inicial de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz era un exiguo aumento del 0,5% este año y del 1% en los dos siguientes, la presión de la huelga y las sucesivas mesas de negociación sitúan la oferta actual de la patronal en un 2% para cada uno de los tres años.
Tras el último encuentro finalizado sin acuerdo, el secretario general de UGT-FICA Cádiz, Antonio Montoro, calificó la proposición de los empresarios de insuficiente y los acusó de querer "desgastar" a los manifestantes y "reírse de la Junta y de los trabajadores". Lo cierto es que la patronal gaditana ofrecía unas condiciones mucho mejores que las que los "sindicatos" amarillos han aceptado en Sevilla: 0,4 puntos más en 2022, 0,2 más en 2023 y hasta 1,25 más en 2021, pues este año la subida real en la provincia sevillana será del 0,75%, ya que solo se aplicará en la segunda mitad.
La 'trampa' del IPC real
En un momento en el que la inflación en España está disparada en el 5,4%, su valor más alto en tres décadas, los trabajadores sevillanos verán compensado 'a posteriori' la diferencia entre el incremento pactado en sus nóminas y la subida del coste de la vida, para que no pierdan poder adquisitivo. La única condición es que el IPC supere el 2,3%, un escenario muy plausible a medio plazo. En Cádiz, sin embargo, la patronal ha propuesto devolver esa diferencia en 2023, debido a la brecha en la tesorería que ha provocado la pandemia del coronavirus. Ante la ausencia de liquidez, los empresarios gaditanos han reiterado que tienen que llenar la hucha primero, pero los trabajadores se niegan a esperar dos años para recibir toda la compensación de golpe.
Además, fuentes de Fedeme han confirmado que las revisiones anuales se trasladarán a las tablas salariales del año siguiente para los trabajadores sevillanos. Y aquí está la verdadera clave del asunto, y uno de los aspectos que bloqueaba las negociaciones al sur de la capital andaluza. Mientras que en la provincia hispalense los empresarios han pactado consolidar las subidas de los sueldos para los años sucesivos, sus homólogos gaditanos solo estaban dispuestos a una devolución coyuntural. Los sindicatos, por su parte, piden que se consolide al menos un 80% del incremento. Para explorar una opción similar a la acordada en Sevilla, la Federación de Empresas del Metal de Cádiz exigía que el convenio se extendiese durante cuatro años, según las actas de las reuniones.
La patronal gaditana tenía miedo de que, si el nuevo convenio tiene una vigencia demasiado breve, los disturbios reapareciesen cada vez que se tenga que renovar. La duración es otra de las barreras que separan el acuerdo, y otra de las incongruencias que han protagonizado los "sindicatos": mientras que en Sevilla han aceptado que el convenio llegue hasta 2023, en Cádiz solo están dispuestos a que se prolongue durante dos años (2021 y 2022).
Por último, Comisiones Obreras y UGT reiteraban en sus últimos comunicados sobre el conflicto la exigencia de una reducción de cuatro horas de trabajo cada año. En cambio, el acuerdo de Sevilla no contempla ninguna modificación en la carga de trabajo actual.
La patronal sevillana no ocultaba, en una nota de prensa, su satisfacción por el pacto: "Se ha conseguido un convenio colectivo para el metal de Sevilla sin grandes cesiones para las empresas y cuyas novedades, en su mayoría, representan actualizaciones normativas".
Las comparaciones son inevitables. El conflicto saltó en la provincia con más paro de España, y un poco más al norte, en cambio, se mantuvo la mal llamada paz social, con bajada de pantalones.
