I
Las personas que bajo la protección de la Iglesia viven en la impunidad absoluta por las agresiones sexuales cometidas, esperando agazapadas que el paso del tiempo haga prescribir los hechos desde el punto de vista penal, observan como el PSOE llega a un acuerdo con la Iglesia para dilatar las investigaciones. El incorporar al Defensor del Pueblo, el hermano de Iñaki Gabilondo, que fuera fraile, para que lidere la investigación no deja de ser un apaño para evitar la presencia de hoy hombres y mujeres que siendo niños sufrieron acosos, vejaciones y violaciones por personas de la Iglesia, y que los presuntos culpables no acudan a sede parlamentaria. La Iglesia católica quiere salir indemne de la pederastia que practicaron los suyos, y el PSOE quiere ejercer de intermediario para que la cosa sea lo más leve y menos publicitada posible.
II
Hace unos días, cientos de personas se manifestaron en distintas localidades para denunciar las inmatriculaciones, un hecho delictivo de la Iglesia, que desde casi el final de la guerra que ganaron los suyos no han parado de practicar: quedarse con inmuebles públicos. “Más de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica. El Gobierno debe cumplir con el compromiso de recuperar estos bienes”, decía la pancarta ante el Congreso de los asistentes a la concentración que convocó la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia católica (Recuperando). El PSOE se mostró satisfecho con un primer listado que hizo la iglesia donde se citan 35.000 inmuebles, pero… hay un detalle no menor, es un listado muy incompleto, con ausencias notorias y realizado de 1998 para acá, como si de 1939 a ese año no hubiera habido robo alguno. Los convocantes, las plataformas laicistas y colectivos diversos que vienen luchando contra este delito responsabilizan al Gobierno de “efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia”. Llevan razón.
