Cada vez más países aprueban leyes que limitan o impiden la actividad de las organizaciones que defienden los derechos humanos. Solo en los dos últimos años, se han iniciado los trámites e incluso aprobado al menos 40 normas en este sentido. Así lo advierte Amnistía Internacional en el informe Leyes concebidas para silenciar
En su investigación, se analizan a 50 países del mundo donde se han aplicado o están en proceso de aprobación leyes contra las ONG. Esta batalla para frenar y acallar a los defensores de los derechos humanos "se ha recrudecido" en los últimos años, los propios Gobiernos usan un "discurso demonizador" de determinados colectivos para luego justificar las medidas represivas contra ellos.
En su investigación, se analizan a 50 países del mundo donde se han aplicado o están en proceso de aprobación leyes contra las ONG. Esta batalla para frenar y acallar a los defensores de los derechos humanos "se ha recrudecido" en los últimos años, los propios Gobiernos usan un "discurso demonizador" de determinados colectivos para luego justificar las medidas represivas contra ellos.
Es el caso de Hungría. Se están ensañando con las organizaciones que apoyan a las personas migrantes y refugiadas. Se dice que amenazan la seguridad, las multan y desprestigian. La comunidad LGTBI, las feministas y los que combaten la corrupción —incluidos los periodistas— son otros grupos especialmente perseguidos.
Las medidas más comunes para impedir el trabajo de las organizaciones que se han encontrado los autores del informe son la imposición de trabas burocráticas y dificultar su acceso a financiación.
En la mayoría de los casos, advierten, se obliga a las organizaciones a registrarse para poder desarrollar su actividad y los requisitos para hacerlo son a menudo confusos o simplemente arbitrarios. Las justificaciones para denegar el permiso, cuando sí las hay, son tan distintas como los países que las imponen. Según el estudio, las más habituales son la seguridad nacional, la preocupación de que las entidades interfieran en asuntos internos, la necesidad de proteger la propia identidad, así como preservar las tradiciones, los valores y las creencias religiosas.
Para dificultar o incluso acabar con la actividad de las ONG ya operativas, algunos Gobiernos han aprobado leyes que fuerzan a las entidades a cumplir requisitos y procesos absurdos. De no hacerlo, se enfrentan a cuantiosas multas o incluso la cárcel. Otros se reservan el poder de disolver una organización si esta comete alguna infracción. El problema es que, según Amnistía Internacional, los casos en los que están habilitados a ello no están claramente definidos. En Egipto, en virtud de su Ley 70 de 2017, basta con afirmar que una ONG "daña la unidad nacional o perturba el orden público" para cerrarla.
Con todo, en estos países, hay ONG que superan airosas la embrollada burocracia y aguantan la persecución. Contra ellas, a los Gobiernos solo les queda la guerra económica a golpe de multas e impuestos desorbitados, o bien restringen al mínimo sus posibilidades de financiación. En este sentido, el informe de Amnistía Internacional destaca en primer lugar a Rusia y su Ley de Agentes Extranjeros de 2012. Las ONG que reciben fondos internacionales o desarrollan actividades políticas son incluidas en un listado que las califica como "agentes extranjeros", que todavía es sinónimo de espía, traidor y enemigo del Estado. Esto tiene una connotación muy negativa en la opinión pública.
Las medidas más comunes para impedir el trabajo de las organizaciones que se han encontrado los autores del informe son la imposición de trabas burocráticas y dificultar su acceso a financiación.
En la mayoría de los casos, advierten, se obliga a las organizaciones a registrarse para poder desarrollar su actividad y los requisitos para hacerlo son a menudo confusos o simplemente arbitrarios. Las justificaciones para denegar el permiso, cuando sí las hay, son tan distintas como los países que las imponen. Según el estudio, las más habituales son la seguridad nacional, la preocupación de que las entidades interfieran en asuntos internos, la necesidad de proteger la propia identidad, así como preservar las tradiciones, los valores y las creencias religiosas.
Para dificultar o incluso acabar con la actividad de las ONG ya operativas, algunos Gobiernos han aprobado leyes que fuerzan a las entidades a cumplir requisitos y procesos absurdos. De no hacerlo, se enfrentan a cuantiosas multas o incluso la cárcel. Otros se reservan el poder de disolver una organización si esta comete alguna infracción. El problema es que, según Amnistía Internacional, los casos en los que están habilitados a ello no están claramente definidos. En Egipto, en virtud de su Ley 70 de 2017, basta con afirmar que una ONG "daña la unidad nacional o perturba el orden público" para cerrarla.
Con todo, en estos países, hay ONG que superan airosas la embrollada burocracia y aguantan la persecución. Contra ellas, a los Gobiernos solo les queda la guerra económica a golpe de multas e impuestos desorbitados, o bien restringen al mínimo sus posibilidades de financiación. En este sentido, el informe de Amnistía Internacional destaca en primer lugar a Rusia y su Ley de Agentes Extranjeros de 2012. Las ONG que reciben fondos internacionales o desarrollan actividades políticas son incluidas en un listado que las califica como "agentes extranjeros", que todavía es sinónimo de espía, traidor y enemigo del Estado. Esto tiene una connotación muy negativa en la opinión pública.
En Rusia es fácil que cualquier organización cumpla los requisitos. Basta con que la Comisión Europea o las Naciones Unidas estén entre sus donantes. Y la definición de la ley de lo que es una actividad política es muy amplia. Defender la libertad de expresión, criticar al Gobierno, luchar contra la tortura, etc.
Lo usan para estigmatizar, y de frenar la actividad de las ONG y acallar las críticas al Gobierno, y así también de crear una mala reputación y que la gente crea que se usan los fondos, becas y donaciones extranjeras para servir los intereses de otros Gobiernos y no en favor de la sociedad rusa. Lo que no es cierto. De este modo, a través del desprestigio, los pudientes donantes locales prefieren apoyar causas menos controvertidas que los derechos humanos y organizaciones menos impopulares que las calificadas como agentes extranjeros.
Todas las leyes y medidas represivas hasta ahora descritas, recogidas en el informe, van en la dirección contraria de lo que manda la declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos. Lo que intentan es infundir miedo y crear inseguridad. Y lo consiguen en muchos países. La gente no quiere ir a la cárcel o que les multen con unas cantidades de dinero que no pueden pagar... Muchos no solo dejan su trabajo, sino que también abandonan sus países. Pero hay, motivos para la esperanza: La movilización ciudadana también está aumentando. La gente se organiza y lucha por el medio ambiente, contra la tortura o la pena de muerte, por la salud y la educación... Esto no va a parar, observan desde Amnistía Internacional: "de una manera u otra, la ciudadanía acaba reclamando sus derechos".
Lo usan para estigmatizar, y de frenar la actividad de las ONG y acallar las críticas al Gobierno, y así también de crear una mala reputación y que la gente crea que se usan los fondos, becas y donaciones extranjeras para servir los intereses de otros Gobiernos y no en favor de la sociedad rusa. Lo que no es cierto. De este modo, a través del desprestigio, los pudientes donantes locales prefieren apoyar causas menos controvertidas que los derechos humanos y organizaciones menos impopulares que las calificadas como agentes extranjeros.
Todas las leyes y medidas represivas hasta ahora descritas, recogidas en el informe, van en la dirección contraria de lo que manda la declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos. Lo que intentan es infundir miedo y crear inseguridad. Y lo consiguen en muchos países. La gente no quiere ir a la cárcel o que les multen con unas cantidades de dinero que no pueden pagar... Muchos no solo dejan su trabajo, sino que también abandonan sus países. Pero hay, motivos para la esperanza: La movilización ciudadana también está aumentando. La gente se organiza y lucha por el medio ambiente, contra la tortura o la pena de muerte, por la salud y la educación... Esto no va a parar, observan desde Amnistía Internacional: "de una manera u otra, la ciudadanía acaba reclamando sus derechos".
