Un acuerdo judicial prevé compensaciones para más de 300 ex empleados del astillero del Grupo Boluda
El Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, en un auto de transacción, condenó a Unión Naval a asumir más de 21,5 millones de euros en indemnizaciones por responsabilidad civil ante los daños por exposición prolongada al amianto que sufrieron más de 300 extrabajadores de los astilleros que Grupo Boluda compró en 1999.
El Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, en un auto de transacción, condenó a Unión Naval a asumir más de 21,5 millones de euros en indemnizaciones por responsabilidad civil ante los daños por exposición prolongada al amianto que sufrieron más de 300 extrabajadores de los astilleros que Grupo Boluda compró en 1999.
Los años de reivindicación por parte de los afectados para que se reconocieran judicialmente las consecuencias penales y civiles de los efecto del amianto se saldaron el pasado viernes con un acuerdo transaccional de homologación contra Unión Naval (primero de Levante y después de Valencia), tras tres años de litigios judiciales.
Unión Naval de Levante llegó a tener una plantilla superior a los 2.000 trabajadores, lo que supone que, en toda su historia, pasaron por ella más de 3.000 personas como trabajadores de plantilla, y posiblemente más de 5.000 trabajadores de diferentes contratas, apuntan las mismas fuentes. A pesar de la cifra de afectados, un informe del inspector de trabajo aseveró en una sentencia laboral que en Unión Naval de Levante se trabajó con amianto hasta 1989 y en Unión Naval de Valencia hasta 2001, con la reparación del buque 'Ártico'.
Cabe recordar que, a finales de 2016, la Audiencia Provincial de Valencia frenó un macrocaso de ex trabajadores de Unión Naval enfermos, supuestamente, por una prolongada exposición al amianto. En un auto del que informó este periódico, el tribunal estimó los recursos del fiscal y de la compañía contra el proceso iniciado por unos 350 ex empleados afectados por patologías presuntamente ocasionadas por estar en contacto con polvo de amianto durante su etapa en el astillero.
Esa denuncia se centraba contra varios responsables de Unión Naval ya que, según los demandantes, no se adoptaron las medidas necesarias para evitar su exposición a este material tóxico. La Audiencia justificó su decisión en una sentencia de conformidad de 2009, fruto de un proceso similar impulsado por otro grupo de exempleados en el que se acordó calificar los hechos como falta (y no delito) a cambio de que cobraran más de 11 millones en indemnizaciones. Las defensas alegaron «indefensión jurídica» de los nuevos demandantes, excluidos de las indemnizaciones, y anunciaron que agotarían todas las vías legales.
Unión Naval de Levante llegó a tener una plantilla superior a los 2.000 trabajadores, lo que supone que, en toda su historia, pasaron por ella más de 3.000 personas como trabajadores de plantilla, y posiblemente más de 5.000 trabajadores de diferentes contratas, apuntan las mismas fuentes. A pesar de la cifra de afectados, un informe del inspector de trabajo aseveró en una sentencia laboral que en Unión Naval de Levante se trabajó con amianto hasta 1989 y en Unión Naval de Valencia hasta 2001, con la reparación del buque 'Ártico'.
Cabe recordar que, a finales de 2016, la Audiencia Provincial de Valencia frenó un macrocaso de ex trabajadores de Unión Naval enfermos, supuestamente, por una prolongada exposición al amianto. En un auto del que informó este periódico, el tribunal estimó los recursos del fiscal y de la compañía contra el proceso iniciado por unos 350 ex empleados afectados por patologías presuntamente ocasionadas por estar en contacto con polvo de amianto durante su etapa en el astillero.
Esa denuncia se centraba contra varios responsables de Unión Naval ya que, según los demandantes, no se adoptaron las medidas necesarias para evitar su exposición a este material tóxico. La Audiencia justificó su decisión en una sentencia de conformidad de 2009, fruto de un proceso similar impulsado por otro grupo de exempleados en el que se acordó calificar los hechos como falta (y no delito) a cambio de que cobraran más de 11 millones en indemnizaciones. Las defensas alegaron «indefensión jurídica» de los nuevos demandantes, excluidos de las indemnizaciones, y anunciaron que agotarían todas las vías legales.
