Astilleros españoles: alud de demandas de enfermos por amianto. Estas denuncias van contra Izar y Bazán, pero también contra Navantia,
sociedad también pública que se creó tras la liquidación de las
anteriores y que heredó gran parte de los activos navales localizados en
Cádiz, Cartagena y Ferrol.
La SEPI aporta cada año a los antiguos astilleros públicos para hacer frente a indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a trabajadores con asbestosis, patología que genera el amianto
La conocida silicosis padecida por los mineros no es la única enfermedad pulmonar derivada de la actividad industrial que ha sufrido España. Aunque trabajaban a cielo abierto, cientos de trabajadores de los astilleros y sus familias han sufrido los males del amianto, que provoca una patología localizada en el pulmón llamada asbestosis.
Ello está obligando año tras año a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a inyectar capital público en la matriz lliquidadora de IZAR y Bazán, las antiguas sociedades públicas de construcción naval ahora en vías de extinción donde muchos empleados enfermaron por la exposición al polvo cancerígeno de asbesto.
Según recoge un informe de fiscalización publicado esta semana por el Tribunal de Cuentas, "los litigios por esta patología, que se conoce como asbestosis, han tenido un incremento exponencial desde el año 2000 en que se produjo la primera reclamación judicial, con sentencias en la actualidad desfavorables para IZAR y con indemnizaciones crecientes, que han superado en algunos casos individualmente los 400.000 euros. Los litigios abiertos pendientes de resolución al cierre del ejercicio 2013 eran 327". Estas denuncias van contra Izar y Bazán, pero también contra Navantia, sociedad también pública que se creó tras la liquidación de las anteriores y que heredó gran parte de los activos navales localizados en Cádiz, Cartagena y Ferrol.
Según destaca el órgano de fiscalización público, en las provisiones para responsabilidades y litigios de IZAR (de casi 31 millones de euros en 2013) destacan las partidas correspondientes a la cobertura de las reclamaciones judiciales de empleados de los astilleros públicos, solicitando indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados al haber tenido exposición en su trabajo al amianto, sustancia cancerígena cuyo uso y comercialización fueron prohibidos en España en 2001.
Pese a las numerosas sentencias que han ido condenando a los astilleros públicos a indemnizar a sus trabajadores, en 2016, último año en el que IZAR ha hecho balance, aún mantenía una provisión superior a los 16 millones de euros para cubrir este tipo de contingencias legales. Aunque desde la SEPI aún no ofrecen el acumulado de reclamantes actual, cada año han tenido que seguir aportando capital para hacer frente a las demandas de los enfermos por el amianto.
En las cuentas de 2013 el auditor de IZAR, PwC, mostraba "especial preocupación" por las demandas por asbestosis que "se multiplicaban al extenderse a todas las áreas geográficas en que estuvieron presentes los antiguos astilleros públicos". En 2014 señalaba que "entre los litigios laborales apuntados, los de mayor relevancia a futuro son los derivados de las reclamaciones por asbestosis, tanto por su incremento en términos absolutos como por los riesgos económicos asociados, unido a las dificultades de defensa para IZAR dada la antigüedad de su origen y su contexto".
Ese año tuvo que aportar más de dos millones de euros para atender las demandas de ese ejercicio. La situación iba a complicarse en 2015, cuando la dotación para cubrir demandas relacionadas con el amianto ascendió a más de nueve millones de euros. Al año siguiente, 2016, la aportación de capital para cubrir demandas superaba los diez millones de euros. El auditor seguía expresando en su memoria de cuentas su estado "preocupado por el incremento en términos absolutos por las reclamaciones por asbestosis".
Las aportaciones a los astilleros para hacer frente a las reclamaciones de los empleados enfermos por amianto han ido creciendo cada vez más año a año
Durante estos años, las sentencias de condena contra Navantia, Izar y Bazán no han parado. Estas procedían no solo de los trabajadores de los astilleros sino en muchos casos de sus familiares, dado que el impacto del amianto también podía llegar a contagiarles. Las sentencias —casi todas del lado de los afectados— entienden en su mayoría que los Astilleros Españoles no tomaron las suficientes medidas de protección de su plantilla pese a que conocían los riesgos del polvo de amianto sobre la salud.
Muchos de los afectados por asbestosis acabaron sufriendo muertes prematuras por cáncer de pulmón derivado de su exposición al polvo de amianto. En España se estima que más de 80.000 personas han sufrido asbestosis, de los que 50.000 han muerto ya o lo harán por esta causa. Los astilleros fueron fuente de afectados.
Pese a que han pasado décadas de muchos de estos casos, el problema sigue vigente. El Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo confirmó el pasado mes de abril dos nuevos casos de asbestosis en Metro de Madrid, después de que ya en diciembre de 2017 se detectara otro caso.
Fuente: El Confidencial
