El cierre económico del 2017 aún está pendiente del visto bueno de la SEPI. En un año de vacas gordas la empresa logra un un nuevo récord de pérdidas, otros 300 millones. En las antiguas pesetas, 50.000 mil millones.
En su última comparecencia en el Congreso, la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero, puso el acento en el cambio de tendencia que había experimentado Navantia, una de las principales compañías de la corporación, con una destacable subida en su cifra de negocio. Durante el pasado ejercicio, el incremento de los ingresos en los astilleros públicos del país fue de un 20 % hasta alcanzar los 850 millones, según las primeras cifras de cierre del 2017, auspiciado fundamentalmente por los pedidos de construcción naval. Pero ese repunte no evitó, de nuevo, que los números rojos continuasen creciendo. De hecho, si en el 2016 ya se habían registrado las pérdidas más altas de su historia, el pasado ejercicio el balance financiero fue peor, rozando los 300 millones de euros.
Los malos resultados económicos se produjeron en un año en el que todos los astilleros públicos contaron con pedidos, aunque la carga de trabajo generada no fue suficiente para acabar con la subactividad de las instalaciones.
Después del vaciado de las gradas que se produjo durante los años más duros de la crisis económica, y tras contratos para la construcción militar también se adentró en el mercado civil, con el pedido de construcción de cuatro petroleros para la naviera vasca Ondimar; ahí la compañía tuvo que realizar una oferta en alianza con la coreana Daewoo, que envía los materiales desde Corea. Las obras, que sirvieron para generar actividad y ocupación en las plantas, obligaron, no obstante a la empresa pública a tener que incrementar las provisiones y también llevó a su accionista, la SEPI, a realizar distintos créditos participativos en los últimos años
El cierre económico del 2017 aún está pendiente del visto bueno de la SEPI. En un año de vacas gordas la empresa logra un un nuevo récord de pérdidas, otros 300 millones. En pesetas, 50.000 mil millones.
Navantia es, sencillamente, un agujero negro para las cuentas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo empresarial del Estado gestionado desde el Ministerio de Hacienda. Navantia presentaba al cierre de 2016 unas reservas negativas por importe de 45,1 millones, y ahí estaba la causa inicial de disolución. Un año antes, en 2015, las reservas negativas del grupo público estaban situadas en 32,2 millones.
Según datos del Ministerio de Hacienda, se perdieron en las grandes empresas de la SEPI entre 2012 hasta la fecha 31.751 empleos (de los más de 90.000 que había a la llegada de Rajoy al poder), principalmente en tres grandes empresas en las que se ha llegado a perder hasta el 30% del empleo: Navantia, Correos y Tragsa.
Incluso ha habido casos de externalización de servicios para poder evitar la contratación de personal en las empresas públicas, algo que no sólo ha ocurrido en Navantia, si no también en Tragsa o Correos, entre otras.
Es llamativo que se nos alerte de esta sangría del empleo, que contrasta con el discurso oficial, apoyado por los “sindicatos” mayoritarios, de la importancia de la industria militar para generar empleo, caso de Navantia. Y es llamativo porque el supuesto valor añadido de esta industria como generadora de empleo se desmiente con el retrato que nos ofrecen otras voces, sindicatos no colaboracionistas, particulares u otras organizaciones tal vez menos pegadas al discurso oficial, o tal vez más desprevenidos en su afán por pedir empleo a toda costa y sin importar las cuestiones éticas, que señala que en la práctica Navantia es un agujero negro también para el empleo, ya sea porque sencillamente lo elimina (uno de cada tres) o porque el que no elimina lo externaliza y precariza. Habría mucho que contar por parte de los trabajadores de las auxiliares…
Una cruda realidad que nos devuelve una imagen de Navantia menos idílica de la que refleja el discurso oficial. Navantia, allá donde está, no sólo construye (gracias a una política empresarial y estatal militarizada) ingenios indeseables, sino que maltrata el empleo y lo precariza, por lo que, lejos de ser una solución al grave problema del paro que ha contribuido a crear, es parte del mismo problema y tal vez uno de sus agentes más preocupantes allá donde se genera el monocultivo militar.
Tal vez la solución pase por la reconversión de las industrias militares y por planes de desarrollo alternativo en las zonas donde hoy, con el consenso de casi todos los grupos políticos, se aplaude la industria militar y se pide carga de trabajo para ella.
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